La Guardia Civil entrega a la juez de la Audiencia Nacional el documento sobre los avisos en la crisis de Ceuta
- La jueza solicitó información sobre el dispositivo desplegado para el rescate de los migrantes
- En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quería saber si constaba "la causa y la data de la muerte"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón el documento que había pedido sobre si hubo "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de la entrada irregular masiva en Ceuta de miles de personas desde Marruecos el 30 y 31 de julio, según ha podido saber RTVE.
Se trata de un oficio de tres páginas, que ha sido elaborado por la UCE-3, sección de Información encargada de investigar asuntos relativos a la seguridad nacional y que está firmado por el general jefe de Información de la Guardia Civil, Luis Peláez Piñeiro.
“La Guardia Civil entrega a la jueza que investiga la entrada masiva de personas en Ceuta su informe sobre aquellas dos jornadas
— Radio 5 (@radio5_rne) September 4, 2026
▪️La jueza ha preguntado por el dispositivo desplegado o detalles de las operaciones de rescate
🎙️ @gema_alfaro pic.twitter.com/XBfmUW2ojg“
El documento responde a preguntas muy concretas como, por ejemplo, el número de fallecidos confirmados por el Instituto Armado, 82 según el oficio, en el que se matiza que han hallado nuevos cuerpos, pero que se desconoce todavía si proceden de la entrada masiva del 30 de julio.
En su providencia, la magistrada solicitaba a la Jefatura de Información del Instituto Armado que informara sobre el "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio", en particular en lo relativo a las "operaciones de rescate de las personas" localizadas en aguas españolas y sus circunstancias personales "conocidas".
En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quería saber si constaba "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclamaba conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.
La Policía Nacional elevó su informe directamente a la jueza
La jueza Tardón, en funciones de guardias en el momento de la entrada de los miles de migrantes también reclamó un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que fue elaborado y enviado a la magistrada por parte del Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF). En concreto, quería saber si fue "una acción concertada" e impulsada por "un grupo criminal".
El informe del CENIF, de 55 páginas, apunta a la participación de gendarmes marroquíes en el "guiado" y planificación de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma. El Gobierno, no obstante, mantiene que no hay pruebas concluyentes sobre la autoría intelectual ni la implicación de ningún gobierno o servicio de inteligencia.
El hecho de que el CENIF elevara el informe directamente a la jueza de la Audiencia Nacional causó malestar en el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y envió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, mostrando su "preocupación".
Tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaron que el desconocimiento por parte de la cadena de mando del informe del CENIF podía tener una afectación en la seguridad nacional, pero la presidenta del CGPJ respaldó la actuación de la magistrada María Tardón y reclamó "máximo respeto" a la independencia judicial.
La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras "que pudieran ser identificadas", por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Se espera que la jueza remita a la Fiscalía el informe para que se pronuncie --aunque su opinión no es vinculante-- sobre si considera que la Audiencia Nacional es competente y, a partir de ahí, decidirá si continúa con la investigación de los hechos denunciados
