Consumo expedienta a una plataforma de billetes online por ocultar los gastos de gestión hasta el final de la compra
- La empresa anunciaba un precio, pero añadía al final una tasa de servicio en la compra de billetes de tren y avión
- La práctica del 'precio por goteo' está prohibida y puede acarrear multas de hasta 100.000 euros
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El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma online de reserva de billetes de transporte, que opera tanto en España como en otros países, tras detectar una posible práctica comercial desleal conocida como 'precio por goteo' o drip pricing.
La investigación ha concluido que la empresa mostraba inicialmente al usuario el importe del billete seleccionado, pero añadía luego una 'tasa de servicio' durante las últimas fases del proceso de compra. Este recargo incrementaba el precio final que debía pagar el consumidor y no aparecía reflejado desde el inicio de la reserva.
Según Consumo, este cargo adicional no está vinculado a ninguna decisión del cliente, como la selección de un asiento o la contratación de servicios opcionales, por lo que debería formar parte del precio mostrado desde el primer momento en que se elige el trayecto.
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La ley obliga a mostrar el precio completo desde el principio
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy considera que esta práctica puede limitar la capacidad de los consumidores para comparar ofertas y tomar decisiones informadas, ya que el coste real del billete solo se conoce una vez avanzado el proceso de compra y tras haber introducido datos personales.
La actuación busca reforzar la protección de los consumidores frente a los llamados 'precios por goteo'. La reciente modificación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, impulsada por el Ministerio de Consumo y aprobada por el Congreso, obliga a las empresas a informar desde el inicio del precio completo de los productos y servicios, evitando que se añadan gastos de gestión, tasas o conceptos similares a medida que avanza la contratación.
De confirmarse la infracción, la plataforma podría enfrentarse a sanciones de hasta 100.000 euros o a multas equivalentes a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido mediante esta práctica.
El expediente abierto por Consumo se suma a otras actuaciones impulsadas para combatir prácticas comerciales que pueden distorsionar el precio final de los productos y servicios. En los últimos años, el Ministerio ya ha actuado contra diferentes compañías por recargos y costes adicionales que, a su juicio, vulneran los derechos de los consumidores.
