¿Y ahora qué? La ley fija un plazo de 72 horas para devolver migrantes y de 60 días en centros de internamiento
- El procedimiento que se debe seguir con los menores es el de repatriación y es más exigente y garantista
- El Gobierno trabaja para que el reparto de los menores entre las comunidades "se produzca con la mayor celeridad posible"
- Directo: última hora de la crisis migratoria en Ceuta
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Más de 50.000 personas lograron acceder a Ceuta este jueves en la mayor crisis migratoria que ha vivido la ciudad, que se ha cobrado al menos 57 víctimas mortales. Según el Gobierno, el detonante ha sido una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo, publicada a principios de julio, que ratificó que no se puede devolver en caliente a un inmigrante que llega a nado o en una embarcación a España. Y aunque el Ministerio del Interior ya anunció el jueves que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de todos los inmigrantes que han cruzado la frontera —idea en la que este viernes ha insistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez—, la Ley de Extranjería obliga a procesos individuales para la devolución: fija un plazo de 72 horas para resolver el expediente y, si este se supera, prevé una estancia de 60 días en un centro de internamiento para extranjeros (CIE).
Además, los menores deben seguir otro procedimiento. Ceuta, hasta este miércoles, tenía acogidos a 750 chavales. La cifra superaba en un 2.400% la capacidad de los recursos con los que cuenta la ciudad autónoma, según datos aportados por el presidente del enclave, Juan José Vivas. Las autoridades todavía no han detallado cuántos menores han accedido en los dos últimos días —algunas estimaciones apuntan a 7.000—, pero el Gobierno trabaja ya para garantizar que el mecanismo de reparto entre las comunidades "se produzca con la mayor celeridad posible".
La aplicación del procedimiento anticipa un nuevo choque político entre el Gobierno y la oposición. En Extremadura, Castilla y León y Aragón, tres de las cuatro autonomías que han celebrado elecciones en los últimos meses, las competencias sobre menores las llevan consejeros de Vox, partido completamente contrario a la política de traslados. Los de Abascal, de hecho, rompieron los acuerdos que mantenían con el PP en julio de 2024 por el reparto de menores, pero desde el Gobierno recuerdan que ninguna autonomía se puede negar a la acogida de estos.
Las dudas sobre cómo se va a solucionar la crisis migratoria y qué herramientas tiene el Gobierno se multiplican aunque unos 48.300 inmigrantes, según el Ministerio del Interior, habrían vuelto de forma voluntaria a Marruecos en las últimas horas. Lo que sigue es una guía sobre qué dice la legislación en materia de extranjería y los antecedentes que condicionan la actuación del Ejecutivo.
La sentencia del Tribunal Supremo sobre los inmigrantes que entran a nado
El Gobierno defiende que el origen de la crisis hay que buscarlo en la interpretación torticera que las mafias han hecho de una sentencia publicada por el Tribunal Supremo a principios de julio. El fallo judicial ratifica dos sentencias previas que establecen que no se puede devolver en caliente a los inmigrantes que llegan a nado o en una embarcación y que esta medida sólo puede aplicarse a "aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas".
Una posible solución, según la propia sentencia, sería colocar elementos en el mar que pudiesen equipararse a las fronteras terrestres. Posibilidad a la que se ha abierto este mismo viernes el presidente del Gobierno. "Tenemos que ver cómo gestionamos [la sentencia], situando boyas para que desde el punto de vista administrativo se vea que existe una barrera de contención y, por tanto, se puedan producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera", ha apuntado Sánchez.
También se puede modificar la Ley de Extranjería, que requiere mayoría absoluta. Sánchez se ha abierto a la posibilidad y el PP ha pedido que, de manera extraordinaria, se convoque al Congreso entre la tarde de este viernes y el domingo para cambiar la norma y permitir las devoluciones en frontera de los inmigrantes que entran a nado.
¿Qué pasa con las personas que han conseguido entrar en Ceuta?
El procedimiento que debe seguir el Gobierno es el de la devolución, previsto en la Ley de Extranjería, según explica a RTVE Noticias Tania García Sedano, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. La norma "establece la detención y devolución de las personas que accedan a territorio nacional por puesto no habilitado". "La devolución está diseñada como un procedimiento dirigido a restaurar la legalidad quebrantada, fija un plazo máximo de 72 horas desde que la persona es interceptada hasta que se produce la devolución a su país de origen o de procedencia", precisa.
Si se supera el plazo de 72 horas, la ley establece la posibilidad de internar al inmigrante en un CIE por un plazo de 60 días. Los inmigrantes tienen derecho a asistencia letrada y a un traductor. Además, deben ser entrevistados de forma individual por un agente de la Policía Nacional. No se puede devolver a aquellos que pidan asilo o a mujeres embarazadas.
¿Cuál es la situación de los menores?
El proceso que se debe aplicar a los menores, en el que pesa la "presunción de minoría de edad", es el de la repatriación. Este, remarca García Sedano, tiene "más complejidad" porque el interés del menor debe vincular la actuación de los poderes públicos. El procedimiento es más largo y garantista y mientras se resuelve el trámite, los inmigrantes tienen derecho a una protección integral (vivienda, educación, sanidad…) por parte de la administración.
"El superior interés del menor se identifica, por regla general, con la permanencia del mismo en la familia y en el ámbito cultural del que procede. La preferencia hacia el reagrupamiento familiar del menor debe, sin embargo, conciliarse con el respeto a la previsión legal de un procedimiento específico para poder llevarlo a cabo", advierte la experta, que defiende que "cualquier debate sobre la cuestión migratoria se realice en el marco del pleno respeto de los Derechos Humanos. Alertamos sobre el peligro de la tentación de legislar y articular soluciones de excepción o que limiten el Estado de Derecho".
La actuación del Ejecutivo debería ser escrupulosa en este punto a la vista de lo que sucedió con la devolución exprés de 50 menores pactada con Marruecos en el verano de 2021. El Tribunal Supremo confirmó en enero de 2024 que el Gobierno hizo caso omiso de la ley porque no siguió el trámite previsto en la normativa de Extranjería (procedimiento administrativo individual, audiencia con el menor, intervención de la Fiscalía…). Además, la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta primera de Ceuta, Mabel Deu, fueron condenadas por este mismo episodio a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La Audiencia Provincial de Cádiz consideró que eran culpables de un delito de prevaricación por la repatriación de los menores.
El mecanismo de reparto de menores
El mecanismo de reparto de menores entre comunidades fija un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Las comunidades pueden activar la reubicación de los chavales pidiendo la situación de contingencia migratoria cuando estos tripliquen el número de plazas ordinarias. Sobre el papel, Ceuta tiene 27 camas disponibles y hasta el miércoles tenía acogidos a 750 menores. La ciudad autónoma lleva desde el pasado mes de agosto, como confirman a RTVE Noticias fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que implica, explican las mismas voces, que "el procedimiento de acogida vinculante y solidaria por parte de otras comunidades se mantiene activo".
Con la ley en la mano, el plazo para comenzar los traslados es de 15 días después de la llegada del menor y el Gobierno trabaja ya para que las reubicaciones se efectúen "con la mayor celeridad posible hacia aquellas comunidades que se encuentran por debajo de su capacidad ordinaria de acogida". Por su parte, el presidente de Ceuta ha remarcado que con los menores que han llegado a la ciudad se cumplirá la ley.
Tras el choque político que ha generado la crisis entre el Gobierno y la oposición, previsiblemente, la próxima disputa vendrá por el reparto de los menores migrantes. Las comunidades del PP rechazaron en su día el mecanismo articulado por el Ejecutivo y a ello se suma la negativa frontal de Vox a acoger a los menores. Tras el último ciclo electoral, el partido de Abascal ostenta las competencias ligadas a la infancia en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Desde el departamento que dirige Sira Rego recuerdan que ninguna autonomía se puede negar a la activación del mecanismo de solidaridad. Las mismas voces remarcan que todos los recursos interpuestos en este sentido han naufragado hasta ahora, pero la batalla política está servida.
