El Gobierno envía al Congreso la ley que protege a los trabajadores que denuncien casos de corrupción
- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el texto para prevenir la corrupción en la contratación pública
- La norma aspira a blindar en su trabajo tanto a quienes destapen estas prácticas como a su familiares directos
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El escudo de protección para quienes decidan dar el paso de denunciar casos de corrupción ha escalado otro peldaño y recalará en el Congreso. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, facilitar que se detecten esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.
En la rueda de prensa de balance del curso político, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que la ley crea "una agencia independiente de integridad pública" y ha confiado en que los grupos parlamentarios tengan la "altura de miras que exige el momento" así como la voluntad de diálogo para aprobarla.
Esta iniciativa forma parte del plan estatal de lucha contra la corrupción que Sánchez anunció en julio de 2025. Entonces, con el ex secretario del Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya en prisión provisional, el presidente compareció en el pleno de la Cámara Baja para abordar el caso Koldo.
Blindar a aquellos que destapen conductas ilegales
La futura ley tiene como objetivo proteger a las personas que denuncien casos de corrupción. El texto prohíbe el despido de aquellos que revelen conductas ilegales; una protección que se extiende a sus familiares más directos. El objetivo de la norma es el blindaje de quienes destapen estos casos, protegiéndolos de posibles cambios de puestos o despidos.
Además, la medida amparará a cualquier empleado, sea cual sea su situación en la empresa y le protege tanto si la denuncia se produce en el juzgado o en un medio de comunicación.
El presidente ha destacado el asesoramiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la redacción del texto, así como las aportaciones de organismos estatales y autonómicos y de la sociedad civil. Se trata de la primera ley de estas características en España.
