El Gobierno prohibirá por ley el despido de los trabajadores que denuncien casos de corrupción
- El anteproyecto tiene por objeto blindar a los trabajadores ante cualquier represalia
- Las medidas se aplicarán a todos los trabajadores, aunque esté en el periodo de pruebas
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El Gobierno aprobará este martes, a iniciativa del Ministerio de Trabajo, un anteproyecto de ley para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción. Entre las medidas que contempla la nueva norma figura que los despidos de trabajadores que hayan destapado prácticas ilegales serán nulos, también para sus familiares próximos.
El anteproyecto de ley, según han trasladado fuentes del Ministerio de Trabajo a RTVE, considerará un derecho de los trabajadores la denuncia de casos de corrupción o de prácticas contrarias a la normativa.
El objetivo del Ministerio, que está convencido de que su aprobación está garantizada, es que los empleados y personas próximas a estos estén protegidos ante sus empleadores. Con el anteproyecto, los trabajadores quedan blindados ante cualquier represalia, por ejemplo, un cambio de puesto o un despido.
Será la primera ley de España de estas características y el Ministerio de Trabajo lleva mucho tiempo trabajando en ella, antes, aseguran las mismas voces, de que Pedro Sánchez anunciase una batería de medidas contra la corrupción tras conocerse que, supuestamente, Santos Cerdán participó en el amaño de obras públicas.
"No creemos que ni los grupos políticos ni la patronal se opongan", han señalado desde el Ministerio de Trabajo, ya que la norma deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados y el Gobierno deberá asegurarse el apoyo de los grupos.
Las medidas contempladas en la futura ley se aplicarán a cualquier empleado, aunque esté en el período de pruebas y se extenderá a cualquier canal de denuncia, ya sea ante instancias judiciales o a través de un medio de comunicación.
Acoso laboral contra la concejal que denunció la trama Gürtel
El espíritu de la ley tiene como objetivo acabar con situaciones como la que sufrió Ana Garrido, la concejal de Boadilla del Monte (Madrid) que destapó el caso Gürtel. La edil, como sentenció el Tribunal Supremo, fue víctima de acoso laboral.
Garrido tenía un contrato de personal laboral fijo y desempeñaba el puesto de técnico de Juventud, pero tras denunciar prácticas irregulares en el Consistorio fue apartada de su puesto y trasladada a un despacho distinto, entre otras cosas.
El Supremo confirmó en 2017 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró probados estos hechos y que determinó que el Consistorio debía indemniza a Garrido con 96.314,15 euros.
