Las 15 medidas de Sánchez para luchar contra la corrupción
- El presidente del Gobierno lo ha anunciado en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados por el caso Cerdán
- Se ha elaborado junto a los grupos parlamentarios, la OCDE, expertos de la sociedad civil y el Consejo de Europa
- Sigue la última hora en directo de la actualidad política y la comparecencia de Sánchez en el Congreso
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción. En una comparecencia extraordinaria para dar explicaciones por el caso Cerdán, Sánchez ha anunciado un paquete de 15 medidas que se han acordado de manera conjunta con los grupos parlamentarios, la OCDE, expertos de la sociedad civil y el Consejo de Europa.
Según ha dicho Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el plan contiene 15 medidas divididas en 5 ejes diferentes para "luchar contra la corrupción". Fuentes del Gobierno señalan que el Plan "supondrá el mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en España y el objetivo es situar a nuestro país a la vanguardia del continente".
A continuación detallamos las 15 medidas anunciadas por Sánchez.
Primer eje: seis medidas de prevención
En el primer eje se incluyen seis medidas para prevenir los "riesgos" y fortalecer "los controles frente a la corrupción". Para ello se pondrá en marcha como primera medida una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas y que coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.
La segunda medida consistirá en realizar mapas de riesgos de integridad, partiendo del modelo ya implementado para los fondos europeos Next Generation en toda la administración.
Además, como tercer punto, se introducirán aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude.
Para prevenir también se van a exigir sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones y se van a desplegar pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
La quinta medida gira en torno a una nueva Ley de Administración Abierta, que tendrá como objetivo reforzar la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Además, se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
Por último, en este primer eje, la sexta medida reforzará los controles sobre partidos políticos. Se obligará a partidos políticos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes; y profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción. Todo ello gracias a la aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.
Segundo eje: protección a quien denuncie la corrupción
El segundo eje incluye una sola medida, que es la séptima de todo el plan. Concretamente, consiste en incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un Juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal.
Por ese motivo se exigirá a las empresas a tener canales internos de denuncia y el Gobierno obligará a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.
Tercer eje: cinco medidas con el foco en las empresas corruptoras
El tercer eje pretende reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción. Para ello, se desglosan cinco medidas.
La primera de este apartado es la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, lo que ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia, según el Gobierno. Además, se va a otorgar carácter preferente a esas denuncias y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos.
La segunda medida de este eje y novena del plan pasa por continuar con el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.
En la siguiente medida se aborda un endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
La undécima medida también está ligada con la anterior y propone poner en marcha de un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.
La última propuesta de este tercer eje pasa por un endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos partidos políticos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
Cuarto eje: recuperación de lo robado mediante la corrupción
En el cuarto eje de los cinco que contiene el plan estatal se incluyen dos medidas. Una pide el aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. La otra propone introducir la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permita incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
Quinto eje: generar cultura de integridad
El último eje y último y decimoquinto punto del plan consiste en generar una cultura de integridad contra la corrupción. Por ese motivo se propone realizar encuestas anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
Para revisar el cumplimiento del plan, el Gobierno ha acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público, han señalado desde el Ejecutivo.
