El Consejo de Europa afea a España incumplir 19 indicaciones anticorrupción, algunas de aforamientos o 'puertas giratorias'
- El Ministerio de Justicia destaca que avanza en 16 de las recomendaciones que le viene haciendo desde 2019
- El PP pide elecciones tras el "demoledor" el informe y se compromete a cumplir las recomendaciones si gobierna
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El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa considera que España continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019.
En un informe publicado este viernes, que actualiza la evaluación de esas recomendaciones de 2023, apunta que el incumplimiento sigue siendo total para 3 de esas 19 recomendaciones, frente a seis anteriormente. El resto, 16, avanza, pero las incumple parcialmente.
Y, aunque reconoce algunos avances, en particular con proyectos legislativos como el Plan de Acción para la Democracia (ya adoptado) y la Ley de Administración Abierta (aún pendiente de adopción), lamenta que no se hayan materializado.
En este sentido, ha pedido a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 en el que le detalle los progresos que haya hecho. Es más, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha enviado una carta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que se "tome una acción determinada con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible".
Más transparencia para los asesores
De las tres recomendaciones totalmente incumplidas, una se refiere al régimen que debería aplicarse a los asesores del Gobierno. Cabe destacar que el documento no hace referencia a casos concretos como el 'caso Koldo', sobre el presunto cobro de 'mordidas' de Koldo García, exasesor del ministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos; ni a la imputación del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, si no que habla de leyes y regulaciones.
Concretamente, el GRECO estima que hay que prestar especial atención a la regulación del trabajo de los asesores del Gobierno, al carácter político de su nombramiento y a sus funciones. Además, señala en el informe, deben cumplir con exigencias de transparencia y exigencias de integridad equivalentes al de las personas con responsabilidades en el Ejecutivo.
Algunas de estas cuestiones estaban previstas en una nueva ley de Administración Abierta, según había anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López a finales de 2024, pero que todavía no ha sido aprobado en el Consejo de Ministros.
Insiste, asimismo, en la transparencia en los contactos que mantienen los grupos de presión con los responsables del Gobierno y del Parlamento. De esta forma, afirma, se dispondría de información sobre los objetivos de esas relaciones y, en particular, de las personas que participan y los asuntos que tratan.
Sobre ello, ve con buenos ojos el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros en enero sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés, que prevé la creación de un registro y una serie de obligaciones y sanciones.
No obstante, lamenta que no aparezca su recomendación sobre la transparencia de las "agendas" y que la Oficina de Conflictos de Intereses sigua "careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio".
Pide más restricciones para evitar 'puertas giratorias'
Otro punto en el que no ha habido avances es en el de la revisión requerida del aforamiento de los miembros del Gobierno, para que no se impida a la Justicia actuar contra ellos cuando haya sospechas de corrupción.
Las autoridades españolas han alegado que el aforamiento no impide la acción judicial, sino que simplemente establece que la instancia competente para hacerlo es el Tribunal Supremo. También que hay un proyecto de reforma desde 2019 en las Cortes para limitar su alcance, pero no convence al organismo del Consejo de Europa.
En cuanto a las llamadas 'puertas giratorias', es decir el paso de responsables políticos a puestos empresariales al finalizar sus funciones que podrían dar lugar a conflictos de intereses, el Consejo de Europa quiere que las restricciones sean reforzadas y que estén supervisadas por un órgano independiente.
Aunque acoge con satisfacción el proyecto de enmiendas legislativas que ampliarían la limitación de dos años en el sector privado tanto para los cargos políticos como para los funcionarios, recuerda que eso está en proyecto y todavía debe adoptarse.
Además, insta a que se revisen diversos aspectos de las restricciones de empleo del sistema actual, y en particular que hay que mejorar el régimen de supervisión y de rendición de cuentas.
Respecto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, dice que hay avances, pero que los progresos son "desiguales". De la primera apunta a que "sigue sin existir una estrategia específica de lucha contra la corrupción" y que la "contratación y los nombramientos discrecionales siguen requiriendo una mayor transparencia".
Sobre la segunda reconoce más avances en estrategias de integridad y ética profesional, pero señala que el Protocolo de Buenas Prácticas sigue pendiente de adopción.
El Gobierno defiende avances y el PP pide elecciones
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por su parte, cree que el informe "constata que España avanza en la prevención de la corrupción y ya cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones".
"El primer informe de la actual ronda de evaluación, iniciada en 2017, certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción tras dos legislaturas de inacción. Asimismo, evidenciaba que no existía una política anticorrupción sistemática, racionalmente planificada ni razonablemente evaluada", señala en un comunicado de prensa. Sin embargo, continúa, "desde ese primer informe, las evaluaciones realizadas por el GRECO han mejorado constantemente" y "se reconoce los esfuerzos realizados durante el último año".
En este sentido, resalta, entre otras, medidas como la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés, la futura limitación de las denominadas puertas giratorias, el borrador del Anteproyecto de Ley de Administración Abierta y que el Plan de Acción por la Democracia prevea la aprobación de un Real Decreto que incluirá una estrategia global de integridad.
Desde el PP, en cambio, se considera que el resultado es "demoledor" y que "vuelve a sonrojar" a un Gobierno "que está hasta las cejas de corrupción" y no quiere "mover ni un dedo para erradicarla". "El resultado no puede ser más preocupante: se verifica que la política anticorrupción de un Ejecutivo carcomido por los casos de corrupción es inexistente", ha indicado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado en el acusa también al Gobierno de "postergar la publicación del informe para intentar que pase desapercibido" en "plena operación salida veraniega".
El PP acusa, a su vez, al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar lo contrario que pide Europa: "desvalorizar" la función pública, una menor vigilancia contra la corrupción y "menos independencia de la Administración". Por ello, ha reiterado su petición de que Sánchez dimita y convoque elecciones y se ha comprometido a que, en caso de liderar el Ejecutivo, su partido cumplirá con las exigencias de GRECO "en los 100 primeros días de Gobierno con el Plan de Regeneración Democrática" que asegura que están elaborando.
En una intervención en Galicia con motivo de la reunión Junta directiva del PP de la comunidad, el portavoz del partido, Miguel Tellado, ha afirmado que el informe ha "vapuleado" al Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de ser el "más corrupto que se recuerda". Ha exigido, asimismo, la comparecencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en el Congreso para dar explicaciones "por esta vergüenza" y por "seguir defendiendo al Fiscal General del Estado", Álvaro García Ortiz, imputado por la presunta revelación de secretos del caso que investiga a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
