El Gobierno limita las 'puertas giratorias': los altos cargos deberán esperar dos años para pasar al sector privado

• El Ejecutivo fija por primera vez límites en la influencia de los 'lobbies' o grupos de presión en el sector público
• Creará un registro de estos grupos de interés y determinará los trabajadores de la Administración a los que afecta la ley

El Gobierno hará un registro de grupos de presión ('lobbies') y regulará la relación de éstos con la Administración.

El Gobierno ha aprobado este martes limitar y endurecer la legislación de las llamadas 'puertas giratorias' y ha establecido que los altos cargos que abandonen la Administración no puedan pasar al sector privado a realizar actividades profesionales "de influencia" relacionadas con su puesto anterior durante, al menos, dos años tras su marcha. El Ejecutivo también ha establecido por primera vez límites en la actividad de los 'lobbies' o grupos de presión en el sector público.

Ambas cuestiones están incorporadas en el anteproyecto de Ley de Transparencia sobre los grupos de Interés que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes en primera vuelta. Este texto establece la creación de un Registro de Grupos de Interés, que determina qué es la actividad de influencia y específica la actividad que debe realizar una persona física o jurídica para ser considerado como un ‘lobby’. También determinará cuáles son los perfiles de la Administración General del Estado que tendrán que atenerse a estas limitaciones.

En esta ley, se establece que los altos cargos que hayan participado en toma de decisiones estarán "obligados" a no realizar durante dos años "actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban".

Así, el Gobierno indica que "no podrán trabajar para los lobbies" que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública. Y advierte de que el incumplimiento de esta normativa "con intentos de influencia basados en engaños, con ofrecimiento de dádivas, incitaciones al personal público a incumplir la ley" o con datos falsos, se sancionará con la cancelación de la inscripción como Grupo de Interés o la prohibición por hasta tres años de volver a inscribirse en función de si la sanción es grave o muy grave.

Regula las relaciones entre los 'lobbies' y la Administración

El Ejecutivo ha explicado que la futura legislación, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, clarificará las normas bajo las que se deberán producir las relaciones entre quienes "buscan ejercer una legítima actividad de influencia" y aquellos altos cargos, directivos o empleados de Administración implicados en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas, además de en la aplicación de estas últimas.

Así, todo aquel 'lobbie' que quiera celebrar reuniones con miembros de la Administración del Estado contemplados en el anteproyecto deberá estar registrado para ello. También será una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro.

El texto establece que los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales no tendrán consideración de Grupo de Interés al ejercer actividades reconocidas en la Constitución. Las que sí podrían tener esa calificación son las entidades o fundaciones creadas o financiadas por estas mismas organizaciones, dado que no están al amparo de las atribuciones constitucionales de quienes las auspician.

Tampoco se considerará ‘lobby’ a las Administraciones Públicas y su sector público, ni a las entidades que representan intereses que defiendan sus intereses económicos y sociales, como es el caso de los colegios profesionales. Lo mismo ocurrirá con las personas físicas que actúen de manera autónoma sin estar asociadas con otras, siempre que sus objetivos no impliquen intereses económicos individuales que sean significativos.

"Esta norma nos equipara con las democracias más avanzadas"

“Esta norma va a permitir que el país de un gran paso adelante en materia de transparencia y buen gobierno, equiparándose con las democracias más avanzadas”, ha asegurado la ministra responsable del texto, María Jesús Montero, quien ha asegurado que el Gobierno no está solo en resolver lo urgente sino que tiene “las luces largas” para reforzar dicha transparencia.

El Ejecutivo destaca que países como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, que ya cuentan con regulaciones para los Grupos de Interés". Además, comunidades como Cataluña, Asturias, Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid ya disponen de regulaciones propias en esta materia.

También recalca que este anteproyecto forma parte de los compromisos adquiridos por España para la regulación de la actividad de los ‘lobbies’ ante la Comisión Europa, que emplazó en su Informe Estado de Derecho a llevar a cabo esta regulación. También sirve para asumir las peticiones del Consejo de Europa, que a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) solicitó más transparencia en las relaciones de los miembros del Gobierno con los Grupos de Interés.

A esto hay que sumar las recomendaciones de los Principios de la OCDE, que reclamó un marco regulatorio que garantizara la transparencia e integridad de las actividades de quienes aspiran a influir en el personal de la AGE que participa en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes y políticas públicas.