Cuáles son los "privilegios" fiscales que el Gobierno quiere revertir tras las revelaciones del caso Montoro
- Hacienda modificó presuntamente el impuesto eléctrico y el de actividades económicas en beneficio de las gasistas
- La vicepresidenta María Jesús Montero asegura que ya estudian cómo hacerlo y si provocó "un descalabro" de ingresos
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El Gobierno quiere "revertir los privilegios" a las empresas gasistas y de otros sectores como consecuencia de las reformas fiscales del PP en 2014 y 2018, después de que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya sido imputado por una presunta trama de influencias. Pero, ¿a qué privilegios se refiere?
La investigación se ciñe a dos cambios legislativos del Gobierno de Mariano Rajoy relativos al impuesto especial sobre la electricidad y el de actividades económicas, aunque en el curso de las pesquisas se menciona también un posible beneficio al sector del juego. En todos los casos, ocurre presuntamente después del pago al despacho fundado por el exministro, Equipo Económico.
"Estamos explorando todas las fórmulas, todos los sistemas, para hacer posible ese cambio normativo, impulsarlo y, por tanto, restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio", ha afirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en TVE, en la que ha reafirmado el compromiso adelantado por el presidente Pedro Sánchez en una conversación informal con periodistas en su gira por el Cono Sur.
Montero ha explicado que su departamento está explorando si las reformas llevadas a cabo "han provocado un descalabro en los ingresos del Estado" y ha aclarado que en ningún caso podrán revertirse de forma retroactiva, puesto que no lo permite la legislación en materia fiscal.
De acuerdo con la investigación de los Mossos d'Esquadra, la patronal gasista acabó participando "activamente" en la elaboración de leyes que les afectaban y, en algunos casos, consiguió que el texto "se adaptase por completo a sus necesidades".
La rebaja al impuesto eléctrico
El sumario del caso, a lo largo de sus 18 tomos, documenta con e-mails cómo directivos de empresas gasistas y representantes de su patronal, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), envían propuestas para los cambios legislativos, se reúnen con altos cargos del Ministerio de Hacienda y trazan estrategias para influir sus decisiones.
"La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro", dice un ejecutivo en el correo electrónico que originó el caso, en referencia a dicho bufete fundado por Cristóbal Montoro y dirigido por ex altos cargos de Hacienda,
En ese momento, habla de la trasposición de una directiva europea que permitía exenciones del 85% del impuesto eléctrico a sectores de alto consumo energético. El Gobierno de Mariano Rajoy pretendía excluir de este beneficio a las empresas gasistas por "las limitaciones que impone el restrictivo marco presupuestario actual", según justificó el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Es decir, al Ejecutivo no les salían las cuentas para poder hacer ese recorte de ingresos para el Estado.
Ferre se expresó así en una carta en respuesta al director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), en octubre de 2013, después de que este le mandara una “propuesta” para incluir a su sector. Al poco tiempo, la patronal AFGIM contrató a Equipo Económico y diez meses después la modificación de la norma salió adelante con la bonificación también para las gasistas, "a pesar de que en este momento tampoco había habido ningún cambio sustancial en el entorno económico", en palabras de la investigación de los Mossos.
El informe de la policía autonómica expresa también la sospecha de que su influencia no se limitara a la bonificación del 85% (a través de la ley 28/2014), "sino que también se extendieron al Proyecto de Reglamento de impuestos" Especiales.
En algunos correos electrónicos incluidos en el sumario, el presidente de la AFGIM, Carlos Romero, informa a los representantes de las compañías gasistas de reuniones con un "subdirector general" y con la Agencia Tributaria para exponerles sus puntos de vista, que ya fueron "formalmente presentados mediante el escrito que prepararon en Equipo Económico", y para "desarrollar el marco general del procedimiento a seguir".
Un impuesto de actividades económicas más "favorable"
La segunda relación entre AFGIM y Equipo Económico sucede unos años más tarde y, de acuerdo con los investigadores, culmina en la modificación del impuesto de actividades económicas (IAE) para las empresas gasistas en los presupuestos generales del Estado de 2018, los que Sánchez heredó del PP tras la moción de censura y que fueron la condición para recibir el apoyo del PNV.
La patronal gasista llevaba años "reivindicando un cambio de interpretación" de dicho impuesto por los ayuntamientos, que pagan un tipo impositivo u otro dependiendo del tipo de actividad de la empresa. De este modo, el sector quería que se les aplicara siempre un epígrafe que suponía abonar la mitad de impuestos que si se les atribuía otro.
La AFGIM trató primero de influir en la normativa bajo el asesoramiento de E&Y, pero "a la vista de la falta de éxito obtenida (…) pudo haber decidido volver a contratar" a Equipo Económico en 2016, de acuerdo con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que parte de una investigación previa de los Mossos d'Esquadra que recopiló correos electrónicos y otra documentación.
Sobre el posible papel del despacho fundado por Montoro, los investigadores destacan dos cuestiones. En primer lugar, señala que la AFGIM ya "tenía la certeza de que el borrador de la Ley de Presupuestos Generales incluiría la modificación perseguida", seis meses antes de que se publicara en la página del Congreso, de acuerdo con el acta de una reunión de su Junta Directiva el 16 de octubre de 2017. En segundo lugar, que de las comunicaciones rastreadas se deduce que la Subdirección General de Tributos Locales trabajó conjuntamente con la patronal en la redacción de norma.
