Bruselas multa a Google con 890 millones de euros por priorizar sus servicios y bloquear los de la competencia
- La UE exige a la tecnológica cesar estas prácticas en 60 días bajo amenaza de nuevas sanciones millonarias
- La compañía cuestiona la decisión al considerar que la Ley de Mercados Digitales perjudica a sus usuarios
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La Comisión Europea ha impuesto este jueves una sanción histórica a Google que asciende a 890 millones de euros. La medida responde a dos infracciones principales de la Ley de Mercados Digitales (DMA): el tratamiento preferencial de sus propios servicios en los resultados de búsqueda y la imposición de restricciones a desarrolladores en su tienda de aplicaciones, Google Play.
Con esta decisión, el Ejecutivo comunitario busca garantizar que la competencia en el sector tecnológico sea justa y que los consumidores tengan acceso a las mejores ofertas sin interferencias del "guardián de acceso".
La sanción se divide en dos bloques específicos. El primero, de 460 millones de euros, penaliza la "autopreferencia" de Google al destacar servicios como Google Shopping, hoteles o vuelos por encima de sus competidores.
El segundo bloque, de 430 millones de euros, se debe a las trabas impuestas a los creadores de aplicaciones para informar a los usuarios sobre opciones de compra más económicas fuera de la plataforma oficial.
Prioridad a lo propio en el buscador
Según detalla la Comisión de la Unión Europea en su comunicado oficial, Google ha utilizado su motor de búsqueda para conceder un trato favorable a sus propios productos. Esto se traduce en que servicios de compras, transportes o resultados deportivos de la compañía aparecen de forma más prominente, utilizando elementos visuales y filtros mejorados que no están disponibles para terceros.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, ha sido tajante al respecto en declaraciones recogidas por la agencia EFE: "Los mejores productos deben tener éxito porque son mejores, no porque sean propiedad de la empresa que ejecuta el motor de búsqueda".
Bruselas sostiene que esta práctica vulnera la transparencia y la equidad que exige la nueva normativa europea para las grandes plataformas.
Restricciones en la tienda de aplicaciones
El otro gran eje de la multa se centra en lo que se conoce como "anti-dirección" en Google Play. La investigación determinó que Google impide que los desarrolladores de 'apps' se comuniquen libremente con sus clientes para ofrecerles contratos o promociones más baratas en canales alternativos.
Aunque la DMA permite a Google cobrar una tasa por la adquisición de nuevos clientes, la Comisión considera que las tarifas actuales y la duración de su cobro son excesivas y no compatibles con la ley.
Henna Virkkunen, vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, ha señalado que la intención de la UE es salvaguardar la innovación. “Descubrimos que Google ha restringido a los desarrolladores de aplicaciones a ofrecer ofertas más baratas a los clientes”, ha afirmado la representante comunitaria, subrayando la necesidad de proteger el derecho de los usuarios a elegir la opción más económica.
El ultimátum de Bruselas
Además del pago de la multa, Google dispone de un plazo de 60 días para modificar sus prácticas y asegurar un trato "justo y no discriminatorio" hacia sus rivales. En caso de incumplir este requerimiento, la multinacional se enfrenta a sanciones periódicas adicionales que podrían alcanzar hasta el 5% de su facturación anual global.
A diferencia de multas anteriores basadas en normas antimonopolio —como la de 4.343 millones de euros por el sistema Android en 2018—, estas sanciones se aplican bajo el marco de la DMA, en vigor desde 2022. Esto explica que el periodo de infracción analizado sea relativamente corto, abarcando desde marzo de 2024 hasta diciembre de 2025.
La postura de Google y el factor geopolítico
La respuesta de la tecnológica no se ha hecho esperar. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, ha criticado duramente la regulación en un comunicado remitido a los medios.
Según Walker, la normativa “sigue perjudicando el funcionamiento de productos cotidianos” y les obliga a eliminar funciones que los ciudadanos europeos valoran, como la disponibilidad directa de vuelos o restaurantes. “Esto no es competencia leal, es una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de personas que se quejan por interés propio”, sentencia el directivo.
Por otro lado, la decisión llega en un momento de tensión internacional. Ante posibles represalias del presidente estadounidense, Donald Trump, por las multas a empresas de su país, Teresa Ribera ha recordado que la Comisión está “obligada” a hacer cumplir el derecho internacional y las normas comunitarias. “No creo que a ninguno de nosotros (...) se nos pudiera respetar si decidiésemos qué hacer porque alguien intente decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer”, ha concluido la vicepresidenta ante las preguntas de la prensa.
