La Asamblea Nacional de Francia aprueba la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido
- Su aprobación era una promesa de Macron para su segundo mandato
- El primer ministro Sébastien Lecornu enviará el texto al Consejo Constitucional
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La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este miércoles un borrador de ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, una promesa del presidente Emmanuel Macron para su segundo mandato, aunque el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, ya ha advertido de que va a enviar el texto al Consejo Constitucional, que podría rechazarlo.
Con 291 votos a favor y 241 en contra, la iniciativa de ley recibió la luz verde de la Cámara Baja gala.
De esta forma, Francia puede unirse al grupo de países que han legalizado la eutanasia como España, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.
La norma ha sido aprobada por la Cámara Baja del Parlamento francés en una cuarta votación y establece el "derecho a la asistencia para morir". Así, por primera vez en Francia se autoriza la eutanasia y el suicidio asistido bajo una serie de condiciones. El suicidio asistido es cuando un profesional sanitario proporciona los medios necesarios, pero es el propio paciente quien adopta la acción final para terminar con su vida, mientras que en la eutanasia es el profesional quien lleva a cabo toda la acción.
El sufrimiento psicológico no podrá justificar la eutanasia
El texto aprobado este miércoles define el derecho a la asistencia para morir como el que tiene la persona que lo ha solicitado a ser autorizada a utilizar una sustancia letal y a recibir asistencia para ello. La ley establece que si el paciente no puede por sí mismo tomar la sustancia letal, que le proporcione un médico, será un sanitario quien se lo administrará. El borrador recoge además una serie de requisitos para acceder a este derecho, como tener como mínimo 18 años de edad; ser ciudadano francés o vivir en Francia de manera regular y estable; padecer una enfermedad grave e incurable que suponga una amenaza para la vida y que esté en una fase avanzada, caracterizada por el inicio de un proceso irreversible de deterioro de la salud del paciente que afecte su calidad de vida o que esté en una fase terminal; poder expresar su voluntad de forma libre e informada; y experimentar un sufrimiento vinculado a ese mal que sea refractario al tratamiento o que sea insoportable. En este punto, el borrador indica que el sufrimiento psicológico por sí solo no puede justificar este derecho.
Macron impulsó esta norma en 2022 con la creación de una comisión ciudadana, que votó en febrero de 2023 a favor de introducir la "asistencia activa para morir".
La ministra delegada de Autonomía y Personas con Discapacidad, Camille Galliard-Minier, ha destacado durante su intervención en la cámara que esta ley representa "el compromiso claro asumido ante el pueblo francés por el presidente de la República de trazar una vía francesa en torno al final de la vida".
"No hemos recorrido este camino en solitario, ni lo hemos hecho precitadamente -ha continuado-, ante todo, hemos escuchado y consultado, años de escucha y de diálogo, que abarcan todas las dimensiones: ética, médica, filosófica y cívica".
El Gobierno de Lecornu, en contra
Aun así, la votación de este miércoles no parece que vaya a ser la parada final de este texto, ya que la víspera Lecornu anunció si era aprobado lo enviará al Consejo Constitucional para que lo revise. Este organismo, cuyas decisiones son vinculantes, tiene la potestad de rechazar la propuesta entera o expresar sus reservas sobre algunos artículos.
La propuesta de ley ha tenido un largo periplo legislativo ya que ha sido votado en varias ocasiones y fue rechazado por última vez el pasado 7 de julio por el Senado francés.
El ponente general del borrador de ley, Philippe Vigier, ha defendido durante su discurso ante el hemiciclo este miércoles una iniciativa que considera "equilibrada" y que pone al paciente "en el centro de todo", al ser quien debe formular la solicitud de terminar con su vida y puede echarse atrás en cualquier momento.
"Imagínense un paciente de cuidados paliativos que desea acceder a la asistencia médica para morir. Si el centro se niega invocando una cláusula de objeción de conciencia, se traslada al paciente en ambulancia a 40 kilómetros de distancia para que muera allí ¿Dónde está la dignidad en eso?", se preguntó.
Entre los detractores está la ultraderechista Agrupación Nacional (antiguo Frente Nacional), cuyo diputado Christophe Bentz, ha afirmado durante su alocución ante la cámara que su corazón está "apesadumbrado, oprimido y herido" por este borrador que "pretende legalizar el suicidio asistido".
"Estimados colegas -ha dicho dirigiéndose a los parlamentarios-, yo voy a morir, ustedes también, todos vamos a morir, obvio, mañana, pasado mañana, dentro de un año, diez o treinta, nadie lo sabe. Esto nos obliga a actuar con extrema prudencia ante esta votación sobre algo irreversible".
Ha admitido que la vida puede ser "violenta" pero ante todo es "una lucha" y por tanto "una esperanza ilimitada". "Percibimos que es preciosa y que conserva siempre su dignidad hasta el final, entonces ¿Por qué precipitar la muerte y arrebatar así la vida antes de tiempo?", se ha preguntado.
Es por ello que ha considerado que "Francia no puede abandonar a sus hijos": "Nuestra sociedad no tiene derecho a renunciar a proteger a los más vulnerables, a las personas con discapacidad y a los más pobres, al carecer de acceso a la atención necesaria, ellos serán evidentemente las primeras víctimas. No reinstauremos la sentencia de muerte social", ha pedido.
En España, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor en 2021 y reconoció por primera vez en el país el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir en los supuestos previstos por la norma, dentro de un procedimiento garantista y supervisado.
Uno de los casos más sonados recientemente ha sido el de la joven con paraplejia Noelia Castillo, de 25 años y de Barcelona, que pudo poner fin a su vida en mayo pasado después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara paralizar el procedimiento, tal y como había solicitado su padre tras agotar todas las vías judiciales en España.
