Incendio en Almería: ¿Por qué falló el plan de emergencia de Los Gallardos?
- El incendio más letal en Andalucía de los últimos años ha dejado al descubierto numerosas carencias administrativas
- El protocolo de emergencia estaba desactualizado y tampoco había planes de autoprotección
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El incendio de Los Gallardos, que se ha saldado con un balance temporal de 13 fallecidos y 23 personas no localizadas, ha dejado al descubierto numerosas carencias administrativas que, según denuncian organizaciones ecologistas y confirma la propia normativa autonómica, llevaban años sin resolverse en los municipios afectados. La combinación de un plan de emergencia municipal sin actualizar, la ausencia de planes de autoprotección en los núcleos diseminados y una orografía que convirtió los caminos rurales en trampas sin salida explica, en buena medida, por qué el fuego se cobró un precio tan alto en tan pocas horas.
Un plan de emergencia a medias
Los Gallardos figura en el listado oficial andaluz de municipios con territorio catalogado como zona de peligro de incendios forestales. Casi todo su término municipal aparece clasificado así en el apéndice del Plan Infoca de la Junta de Andalucía. Esa catalogación obliga por ley a tener aprobado, actualizado o revisado un Plan Local de Emergencia por Incendio Forestal (Pleif). Sin embargo, en el momento del incendio el municipio se encontraba todavía en proceso de redacción y renovación de su Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL), según Ecologistas en acción. El propio calendario administrativo lo confirma. El 25 de febrero, apenas unos meses antes del incendio, la Diputación Provincial de Almería había presentado en un acto celebrado en Los Gallardos el proceso de redacción de ese PTEL, con la asistencia de alcaldes, concejales y técnicos de 49 municipios de la provincia. El trabajo ya estaba en marcha, pero no estaba listo cuando comenzó la temporada de incendios, la época de mayor riesgo.
Sin planes de autoprotección en los diseminados
La segunda pieza que faltaba tiene que ver con los propios vecinos. El Decreto 247/2001, que desarrolla la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, obliga a los núcleos de población aislada, urbanizaciones y campings situados en zonas de peligro a redactar un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF). Este documento técnico debería fijar la franja de seguridad libre de vegetación alrededor de las viviendas y las medidas concretas de defensa y evacuación ante un incendio. Ecologistas en Acción ha sido tajante al respecto. Según la organización, este instrumento es obligatorio para los diseminados urbanísticos de la zona, pero "nada de esto existía en las zonas incendiadas". Aunque va más allá y extiende la crítica al conjunto del sistema andaluz, señalando que hay ayuntamientos que a día de hoy carecen de planes de emergencia, que muchos de los que existen no están actualizados y que la sociedad, en general, desconoce cómo actuar cuando el fuego llega a sus puertas.
Un territorio que dificulta la huida
A este vacío normativo se sumó un terreno que ya de por sí complicaba cualquier intento de evacuación ordenada. Bédar, uno de los municipios más golpeados, es una localidad montañosa que solo cuenta con dos salidas por carretera, además de una red de caminos rurales que en muchos tramos no tiene continuidad y solo permite entrar y salir por el mismo punto. El paisaje está salpicado de cortijos, viviendas de uso turístico y pequeños núcleos dispersos, con la excepción de El Pinar, una barriada compacta de unos 140 habitantes que funciona casi como un pueblo. Cuando las llamas cortaron las vías principales, los caminos vecinales se convirtieron en callejones sin salida.
El perfil de la población agravó todavía más la situación. Más de la mitad de los residentes de Bédar son extranjeros, sobre todo de Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, una proporción que en El Pinar se acerca al 95%. Muchos son personas mayores, de entre 70 y 80 años, poco familiarizadas con la compleja red de caminos de la sierra, lo que hizo aún más difícil una huida rápida cuando el fuego avanzó a una velocidad extrema.
Una responsabilidad urbanística de fondo
Ecologistas en Acción sitúa el origen del problema varios años atrás, en la proliferación de segundas residencias de ciudadanos centroeuropeos en suelo no urbanizable, un fenómeno que, según la organización, fue amparado por los propios ayuntamientos y por la Junta de Andalucía a través de decretos que blindaron miles de viviendas frente a la demolición en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense. La organización reparte la responsabilidad entre gobiernos autonómicos de distinto signo y advierte de que la nueva ley urbanística andaluza podría agravar aún más la situación, al facilitar nuevas construcciones en suelo no urbanizable sin vinculación a la actividad agrícola.
La polémica del aviso a la población
El otro debate abierto tras el incendio es el de la comunicación. La Junta de Andalucía defiende que no activar el sistema Es-Alert respondió a criterios técnicos. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado que este sistema emite avisos a través de antenas de telefonía que cubren áreas muy amplias, por lo que un único mensaje habría llegado también a poblaciones no afectadas por el fuego, generando alarma innecesaria donde no había peligro real.
Además, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha mantenido que no se envió el mensaje Es-Alert a los vecinos por dos motivos: en primer lugar, porque "en una orografía tan adversa no hay cobertura en todos sitios", y en segundo lugar porque los técnicos le trasladaron "que había dos mensajes distintos", "en unos casos había que confinar a los ciudadanos, no debían salir de sus casas, y en otros lados tenían que salir de sus casas". "Mandar dos mensajes era claramente contradictorio", ha argumentado.
Entre la vegetación seca tras las lluvias de invierno, las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una pendiente que actuó como chimenea, el incendio llegó a avanzar 15 kilómetros en solo dos horas, a casi 100 metros por minuto. Fue, según el propio Gobierno andaluz, una combinación de condiciones meteorológicas extremas y emergencia climática. Pero el cóctel de causas apunta también, con insistencia, hacia otro factor menos ambiental y más administrativo, el de una planificación de emergencias que llevaba tiempo quedándose corta frente a un riesgo que todos los informes ya anticipaban.
