La UCO detecta "arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados al empresario Barrabés por Red.es
- "Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar", dice uno de los mensajes recogidos
- Red.es defiende el proceso de adjudicación y señala que el contrato no recibió recomendación de Begoña Gómez
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio por el juez Juan Carlos Peinado. Así se desprende del último informe de la UCO, al que ha tenido acceso RTVE, en el que se reflejan varios mensajes entre los responsables de evaluar las ofertas de expedientes adjudicados al empresario, que ayudó a Begoña Gómez a poner en marcha su cátedra en la complutense.
"Estoy intentando cambiar las puntuaciones de las más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas", dice uno de esos mensajes. Y tras un intercambio de mensajes la otra interlocutora responde: "Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí". Lo recoge el informe que el juez Peinado envió a la Unión Europea y cuyo contenido se ha conocido este viernes.
El informe que hay "adaptación de puntuaciones" de las ofertas
Este intercambio forma parte del informe donde los agentes analizan, a petición de la Fiscalía Europea, correos electrónicos sobre la tramitación de dos expedientes de la empresa pública. El texto señala que "la valoración de todos los licitadores no se afronta con uniformidad a partir de los criterios preestablecidos". Más bien al contrario agrega que, "se observan diferentes elementos de los que subyace una decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones".
Los agentes ponen como ejemplo "la inversión del planteamiento del proceso de valoración", precisando que "se altera el orden preestablecido": En vez de "analizar las ofertas para a partir de ahí realizar una valoración" de los distintos criterios, que den lugar a una puntuación definitiva, "se marcan determinadas pautas o se imponen puntuaciones concretas a las cuales se adapta la valoración textual".
Como consecuencia de ello, según los investigadores "se realizan adaptaciones adicionales para enmascarar en la medida de lo posible estas modificaciones". Por ejemplo, "revisiones a la baja en la valoración de las ofertas puntuadas de manera similar a la principal damnificada en una penúltima revisión", "reconsideración que es obviada en la definitiva y más significativa reducción de la puntuación de este licitador".
Además, "destaca la adaptación a las puntuaciones finales, una vez terminado el proceso, de las fichas de valoración previstas para recabar las valoraciones de cada evaluador", añade.
"Más allá de resultar el primer clasificado en esta primera fase, con una ventaja considerable respecto al segundo", prosigue el informe, "la UTE The Valley-Barrabés resulta ser el principal beneficiado de la política de funcionamiento descrita".
La investigación señala un "antecedente" de trato favorable a Barrabés
La investigación señala un "antecedente" de "trato similar en favor del grupo Barrabés", concretamente en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor de otro expediente, en el que "se habría enmascarado en el informe de valoración publicado la supuesta ausencia del 'Libro blanco' en la oferta de la UTE", unión temporal de empresas, de la que el grupo formaba parte, junto con KPMG".
Este 'Libro blanco' era exigido por el pliego como un aspecto a puntuar dentro del criterio, de los que dependen de juicio de valor, en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota de entre todas las licitadoras", agrega.
El juez Peinado acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea de Barrabés, ante supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos, en concreto ese último expediente que cita la UCO.
Red.es aclara que el contrato que se investiga no recibió recomendación de Gómez
La reacción de Red.es ante este informe, cuyo contenido se ha conocido este viernes, no se ha hecho esperar. La entidad pública señala que el contrato objeto de esta investigación no contó con declaración de interés firmada por Begoña Gómez. De hecho, recuerdan, "el juez Peinado rectificó el viernes pasado la decisión de imputar a Begoña Gómez al no guardar relación alguna en este proceso".
Red.es ha presentado, además, un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para aclarar algunos aspectos, y recuerda "que el contrato investigado no fue financiado con fondos de la Unión Europea", por lo que “resulta materialmente imposible la concurrencia de un eventual fraude a los intereses financieros de la Unión Europea”.
En cuanto a la posible existencia de un delito de prevaricación, porque supuestamente se “habría obviado para valorar la inexistencia de un libro blanco que se exigía en los pliegos”, Red.es aclara que este "no era un requisito previo a la formalización del contrato, sino que debía ser entregado durante la ejecución". De hecho, "ninguno de los licitadores" lo presentó en la fase de licitación, sino que lo hizo la oferta adjudicataria "en los plazos estipulados al efecto".
La entidad pública empresarial, impulsora de la Agenda Digital en España, menciona también el intercambio de conversaciones entre trabajadores de Red.es durante la valoración de las ofertas y asegura que “tanto la preparación de la licitación como la ejecución posterior del contrato se desarrollaron con pleno respeto a las exigencias y procedimientos establecidos en la legislación de contratación pública aplicable”. "La existencia de discrepancias entre evaluadores no evidencia ausencia de criterio, sino precisamente la concurrencia de valoraciones técnicas razonadas", dice la entidad, excluyendo "cualquier actuación arbitraria": "Esas conversaciones revelan que se consideraba excelente la oferta finalmente adjudicada".
Gómez pide suspender el procedimiento hasta que se resuelvan los recursos
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido este viernes la suspensión del procedimiento contra ella hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes para evitar situaciones de indefensión y garantizar un proceso con todas las garantías.
El escrito, según fuentes de su defensa, llega como consecuencia del auto del juez Juan Carlos Peinado que rechazó la práctica de varias pruebas solicitadas antes de decidir la apertura del juicio oral. Para la defensa de Gómez, esa decisión del magistrado "limita el derecho de defensa", por lo que reclama que la causa se resuelva con todas las garantías procesales.
Entre otras cosas, solicita la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense y una de las personas con "mayor conocimiento directo de los hechos investigados y que, sorprendentemente, nunca ha sido llamada a declarar".
También reclama la ratificación de los tres informes periciales que se presentaron sobre cuestiones centrales de la causa que considera "imprescindibles" antes de decidir la apertura del juicio oral. Uno de esos informes cuestiona el supuesto daño económico a la Universidad, cuando esta es "la que sale beneficiada". En segundo lugar, otro que "avala la legalidad del personal de apoyo de Begoña Gómez”, comparándolo con “la cantidad de personal que tuvo Ana Botella o Elvira Fernández". Y por último, un informe que “desmonta” la interpretación sobre la Cátedra Extraordinaria.
El recurso denuncia que "impedir" estas pruebas "limita el derecho de defensa y rompe el principio de igualdad de armas entre las partes".
