El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro delitos y le retira el pasaporte
- También le impone como medida cautelar la comparecencia en el juzgado cada 15 días
- Moncloa denuncia "la persecución, la obsesión y la desproporción" del juez peinado contra Gómez
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El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida y le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir del territorio nacional, y la comparecencia periódica en el juzgado cada 15 días.
Así se recoge en el auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso RTVE.es, en el que Peinado también envía a juicio oral a Cristina Álvarez, exasesora de Begoña Gómez, por los mismos delitos que a ésta, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. Contra su auto, estipula el juez, no cabe recurso.
Peinado había rechazado en otras ocasiones la petición de la acusación popular de retirarle a Gómez el pasaporte. Pero esta vez sí ha accedido argumentando que la condición de presidente del Gobierno de su esposo, por la que la acusada recibe protección policial en sus desplazamientos, es "efímera" y, si desaparece, "facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".
Cree que la escolta policial de Gómez podría "facilitar" su fuga
De hecho, en otra parte del auto, el juez rechaza así el argumento de la defensa de Gómez de que en todo momento está acompañada y custodiada por miembros de los Cuerpos y Seguridad del Estado: "Lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
El juez Peinado toma esta decisión tras la audiencia preliminar a la que fueron convocados los acusados para informarles de cara al posible juicio con jurado popular en el que, si así lo decía la Audiencia Provincial de Madrid, se sentarían en el banquillo por los delitos anteriormente mencionados.
De esta forma, Peinado admite dos de las peticiones de medidas cautelares que habían pedido para la esposa de Pedro Sánchez las acusaciones populares (que ejercen la organización ultracatólica Hazte Oír y las formaciones políticas de Iustitia Europa y Vox, bajo la coordinación de la primera),
Éstas también solicitaron medidas económicas adicionales que consistían en que la acusada no pueda disponer de una sociedad, de las marcas registradas o del dominio web del software creado para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
Moncloa cree que se constata la "persecución" contra Gómez
En el Gobierno y en el PSOE han salido en tromba contra la decisión del juez peinado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que este es "un día nefasto" para quienes creen en la Justicia. "Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo", ha dicho en su perfil de X.
Fuentes de Moncloa a RTVE apuntan a que, con la decisión del juez Peinado, "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".
Las mismas fuentes veían esta semana "absurdo" que el juez pudiera retirarle el pasaporte y recordaban que la esposa del presidente del Gobierno suele llevar consigo a tres policías nacionales miembros de su escolta en cada desplazamiento que hace y que en algunas ocasiones incluso le acompañan cinco.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra la "ignominia" del Juez Peinado y ha afeado duramente sus argumentos aludiendo a que la policía podría ayudar a Gómez a fugarse. En su perfil de X, ha criticado que esto lo esté "consintiendo" la Audiencia Provincial de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, las mismas fuentes recuerdan el argumento que dio el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para no retirarle el pasaporte al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Y es que el investigado es "una persona de pública notoriedad (...) Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual".
"Delirante, obsesivo y vergonzoso", ha manifestado por su parte la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en redes sociales aludiendo a la noticia.
Desde el PSOE han recalcado también en X la "inocencia" de Begoña Gómez y han denunciado que "lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente". "Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", concluyen los socialistas.
Presuntas irregularidades en las adjudicaciones al grupo empresarial de Barrabés
La causa investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones públicas al grupo empresarial de Barrabés, por las que se acusa a la mujer de Sánchez de tráfico de influencias y corrupción, un presunto delito de malversación en la contratación de Álvarez como asesora en la Moncloa y la presunta apropiación indebida del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
La Audiencia de Madrid anuló el pasado mes de febrero la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez pero Peinado volvió a transformar las diligencias judiciales contra ella en un procedimiento a través de la Ley del Jurado para proponer de nuevo que un jurado popular sea el que juzgue a la mujer del presidente del Gobierno en la causa.
Por su parte, las defensas de los tres acusados y también la Fiscalía habían pedido que no se abra juicio oral, argumentando que no existen delitos para ser juzgados. Tras escuchar a todas las partes, el juez Peinado decidirá en los próximos días sobre las peticiones de la acusación popular.
Las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para Álvarez por "presunta malversación" y por su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez, mientras que reclaman seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
