Marlaska se queja al CGPJ del "cuestionamiento" de Peinado a los policías que escoltan a Begoña Gómez y pide medidas
- El juez justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez en que la policía que le escolta podría facilitar su huida
- Los principales sindicatos policiales ven "inaceptables" y "una barbaridad" las palabras de Peinado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido este sábado una carta dirigida a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para expresar su "más enérgica queja" por el "grave cuestionamiento" realizado por el juez Juan Carlos Peinado a los agentes de Policía Nacional y, en concreto, a la escolta de Begoña Gómez, en su auto de apertura de juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno. Y le pide que adopte "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
En su auto, el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid impone a Gómez la retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional, así como la obligación de comparecer en el juzgado periódicamente cada 15 días.
Esgrime que existe riesgo de fuga y, entre sus argumentos, se refiere a los efectivos de Policía Nacional que escoltan a Begoña Gómez: "Lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
En su misiva, Marlaska dice no entrar a valorar el contenido de dicha resolución, "pues corresponde a las partes" implicadas en el proceso presentar, en su caso, los recursos que procedan (la defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que presentará recurso".
"Atenta gravemente contra la integridad" de la actuación policial
Pero asegura que se ve "obligado" a trasladarle a la presidenta del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial lo que considera "un hecho de la máxima gravedad", y es que en la justificación de la adopción de medidas cautelares se hagan "afirmaciones que atentan gravemente contra la integridad de la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de sus superiores jerárquicos y, por ende, del Ministerio del Interior".
Las afirmaciones de Peinado, prosigue, representan "un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".
Además, apunta a que ese "grave cuestionamiento" no solo alcanza a agentes que acompañan a las autoridades "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".
"Como Ministro del Interior, y por lo tanto máximo responsable de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me veo en la obligación de trasladar mi más enérgica queja por las graves afirmaciones contenidas en el Auto, además de reafirmar la plena profesionalidad de los agentes que integran dichas Fuerzas y Cuerpos y de sus superiores jerárquicos".
Por último, concluye: "Pongo estos hechos en su conocimiento, dada la función que corresponde al CGPJ como máximo órgano garante de la independencia judicial y de la buena imagen de la Justicia, al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
Los sindicatos policiales cargan contra Peinado: "Es una barbaridad"
Los principales sindicatos de Policía Nacional también han cargado con dureza contra los argumentos del juez. Jupol considera "una auténtica barbaridad" que Peinado haya sugerido que agentes de este cuerpo, y en particular los adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga "o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga". También el SUP ve "inaceptable" este "cuestionamiento" a los policías.
En un comunicado, Jupol insiste en que los profesionales que integran la escolta de Presidencia "desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley" y dice que "poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares".
Por todo ello, cree que es "imprescindible" una rectificación del Juez Peinado por unas manifestaciones que, "además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".
Por su parte, el SUP ha expresado su "absoluto rechazo" a cualquier manifestación que ponga en duda la profesionalidad, integridad, lealtad institucional y sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio protegiendo a las autoridades, puestos a los que acceden "tras superar rigurosos procesos de selección y formación".
"Resulta especialmente preocupante que puedan formularse hipótesis que sugieran la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas", prosigue el sindicato, que recalca que los policías nacionales "no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales".
"El prestigio de la Policía Nacional se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales", recalca el SUP, que rechaza las "afirmaciones genéricas" del juez "que proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente". "La Policía Nacional no es un riesgo para el Estado de Derecho; es una de sus principales garantías", zanja el texto.
También la UFP considera "una salvajada fuera de lugar" la imputación de un posible delito a los policías que "precisamente se dedican a la prevención delictiva".
Hablan además de "un señalamiento a todo un colectivo policial, deteriorando su imagen ante la opinión pública". Y afirman que el argumento del juez "carece de toda fundamentación": "La misión de un juez es juzgar hechos, no señalar e imputar delitos a personas que no conoce".
