El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano se niega a declarar ante el juez del caso mascarillas
- Se investigan presuntas irregularidades en contratos adjudicados por la Diputación en la pandemia
- Dos hermanos de Aureliano también se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez
El expresidente de la Diputación Provincial de Almería Javier Aureliano García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga en el llamado caso mascarillas por presuntas irregularidades y amaños en las adjudicaciones públicas de la Institución Provincial durante la pandemia. Tampoco han declarado ante el juez dos de sus hermanos investigados en la misma causa por lo que su comparecencia ha sido muy breve, de unos ocho minutos.
Aureliano García, investigado entre otros delitos por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y organización criminal, estaba citado a las 9:30 horas para comparecer frente al juez y ha llegado unos veinte minutos antes, según ha podido comprobar RTVE, de una forma apresurada por lo que los medios de comunicación apenas han podido captar su imagen.
En la última jornada, la mayoría de los investigados que habían sido citados se acogieran a su derecho a no declarar. Entre los citados figuraba el alcalde de Tíjola y actual diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, el único cargo político investigado en esta causa que continúa desempeñando responsabilidades tanto en el equipo de gobierno de la Diputación como al frente de un ayuntamiento.
Martínez, que comparecía también junto a su esposa, acudió a la Ciudad de la Justicia junto a otros empresarios investigados en la causa, si bien casi todos ellos optaron por acogerse a su derecho a no declarar.
La única excepción de la jornada fue otro de los investigados, un empresario vinculado en el pasado a una de las mercantiles objeto de las pesquisas, quien sí ha prestado declaración ante el instructor, sin que haya trascendido por el momento el contenido de su comparecencia.
Con esta nueva sesión se mantiene la tónica seguida en buena parte de las comparecencias celebradas durante las últimas semanas dentro de la causa principal, en las que la mayoría de los responsables políticos investigados han optado por no responder a las preguntas del juez, una estrategia que varias defensas han venido justificando a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpore un nuevo informe a las actuaciones.
La acusación popular pide esclarecer las adjudicaciones
Antes del inicio de las comparecencias, los letrados Javier Salvador y José María Terrés, que ejercen la acusación popular en representación del PSOE, han defendido que la investigación debe servir para aclarar el funcionamiento de las adjudicaciones bajo sospecha y el destino del dinero presuntamente obtenido mediante el cobro de comisiones.
Salvador ha sostenido que, a juicio de la acusación popular, en el caso del alcalde de Tíjola y su relación con la Diputación se habría reproducido un "patrón de taifas en el que un jefecillo local con empresa propia o a nombre de sus familiares más directos tenía acceso privilegiado, presuntamente, a las obras" de la institución provincial.
La investigación debe esclarecer si quienes sostienen que determinados contratos apenas generaban beneficios pretenden explicar en realidad que el margen empresarial era menor por la existencia de supuestos repartos con terceros, extremo que, según precisó, se determinará a partir de los indicios reunidos por la UCO.
Por su parte, Terrés aseguró que las acusaciones acuden "como cada jueves de este último mes" con la esperanza de despejar algunas de las incógnitas que, a su juicio, siguen pendientes en la investigación, entre ellas "dónde está el dinero".
La ronda de comparecencias continuará este viernes con nuevas declaraciones de investigados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y dos de sus hermanos, también investigados en la causa.
