La UCO analizará los móviles de seis nuevos empresarios investigados en el caso mascarillas de Almería
- La policía judicial solicitó estas diligencias para "esclarecer" los hechos investigados en la trama
- El juzgado de Almería amplía la causa tras descubrir que el presunto amaño "no fue un hecho aislado"
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El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el desprecinto, clonado y análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de seis nuevos investigados en la trama de adjudicaciones irregulares de obra pública derivada del caso mascarillas de la Diputación de Almería. En su mayoría, los investigados son empresarios de la construcción.
Así lo ha señalado el juzgado a través de un auto dictado el pasado 2 de enero y al que ha tenido acceso RTVE. En este, el magistrado ha ordenado el volcado de los terminales para rastrear las comunicaciones de cinco administradores de mercantiles adjudicatarias de la Diputación de Almería y de F.J. Liria, hermano del exvicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria.
Según ha detallado el magistrado en el auto, el contrato de material sanitario no fue un "hecho aislado", sino una "oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos". La investigación a estos empresarios, es parte de la ampliación de la causa por presuntos amaños en obra pública.
La investigación busca confirmar la "mecánica delictiva sistémica"
La resolución judicial busca evidencias que confirmen la existencia de una "mecánica delictiva sistémica" en la corporación provincial, que habría evolucionado desde presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia hasta el amaño generalizado de contratos de obras menores a través de los Planes Provinciales y el Plan Acelera.
El magistrado ha justificado esta injerencia en el secreto de las comunicaciones ante la gravedad de los indicios acumulados contra la cúpula política de la Diputación, descabezada tras la detención y dimisión de su presidente y su vicepresidente, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, el pasado noviembre.
El auto ha detallado la utilización de un lenguaje encriptado en mensajes de WhastApp por parte de García, Giménez y Liria, quienes usaban términos odontológicos para referirse presuntamente al cobro de comisiones ilegales. Según la resolución, los implicados hablaban de "ir al dentista", "cambiar la piñata", "muelas picadas" o realizar una "limpieza" en contextos de conversación "absurdos" que, a juicio de los investigadores, ocultaban el reparto de beneficios ilícitos y el blanqueo de capitales.
Utilizaban un código secreto para referirse a las adjudicaciones
Por ejemplo, el 8 de abril de 2020, a las 20:53 horas, "solo tres minutos después" de firmar el decreto de adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa Azor Corporate, el dirigente popular envió "un emoticón de un diente o muela", un símbolo que la UCO vincula directamente con el éxito de la operación fraudulenta.
Junto a esto, el auto alude a conversaciones previas en las que el exvicepresidente segundo solicitaba a Óscar Liria una televisión a modo de "aperitivo" días antes de la firma de los contratos investigados. Con esto, la investigación patrimonial incluida en el auto dibuja un escenario de presunto blanqueo de capitales que salpica al entorno familiar de los políticos.
Las empresas recibían indicaciones desde la Diputación
En este sentido, el juez ha señalado la "inexistencia de retiradas de efectivo" en las cuentas bancarias del expresidente, lo que sugiere que sus gastos diarios se cubrían con fondos opacos, y confirma el hallazgo en el domicilio de su hermana de una nota manuscrita junto a dinero en efectivo con la frase: "Este dinero es de Javier Aureliano". También se investigan pagos de hipotecas y compras de parcelas mediante ingresos en efectivo fraccionados para eludir los controles fiscales.
El rastreo de los móviles de los empresarios y del hermano de Liria pretende cerrar el círculo sobre la rama de la obra pública. El instructor describe que empresas instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos, vinculadas a testaferros de Óscar Liria y de su tío, el exalcalde de Fines, recibieron decenas de adjudicaciones (16 y 17 contratos respectivamente) mediante un "concierto previo".
El modus operandi descrito en el auto implicaba instrucciones directas desde la Diputación. El juez cita mensajes en los que personal técnico indicaba a las empresas la cifra exacta que debían ofertar, con expresiones como "reste un 4%" o aplique una "baja simbólica", para simular competencia y garantizarse la adjudicación.
