Las claves del caso mascarillas de la diputación de Almería
- El caso mascarillas se retrotrae al peor momento de la pandemia, abril de 2020
- En una nueva fase de la investigación dimiten el presidente y el vicepresidente de la Diputación
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El caso mascarillas, que ha vuelto a la actualidad esta semana, arrancó en 2021. Entonces afectó al exvicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería, Óscar Liria, por un contrato sanitario de la pandemia. Cuatro años después, la investigación se ha ampliado a presuntas mordidas en contratos de obra pública.
Esta semana se ha investigado a casi una veintena de personas y ha habido cinco detenidos, entre ellos el presidente y el vicepresidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, ambos del PP, que este viernes han dimitido de sus cargos y renunciado a sus actas.
El contrato de emergencia del 8 de abril de 2020
Aún no se había cumplido un mes del estado de alarma por la Pandemia del Coronavirus. Encontrar mascarillas y material sanitario se hacía complicado. Era necesario abastecerse cuanto antes de equipos de protección individual. La Diputación Provincial de Almería adjudicó, por algo más de dos millones de euros, un contrato con la empresa Azor Corporate Ibérica para suministrar mascarillas FFP2, guantes y trajes de protección. La empresa estaba administrada por Kilian López Solé, un empresario vinculado a Cataluña y a investigaciones por tráfico de drogas, armas y blanqueo. En un primer momento, la UCO detectó que, tras recibir dinero público, la empresa china fabricante del material abonó una comisión de casi un millón de euros a otra sociedad propiedad Kilian López.
Algo más de un año después, en junio de 2021, la UCO detuvo, entre otros, al entonces vicepresidente tercero de la diputación, Óscar Liria (PP). La Guardia Civil afirmó haber encontrado en su domicilio sobres con altas cantidades de dinero (entre seis mil y diez mil euros) y más de 26.000 euros ocultos en prendas de vestir. Entonces la investigación describió un posible flujo de comisiones de entre 200.000 y 40.000 euros, supuestamente canalizados a través de sociedades administradas por familiares, facturas ficticias y compras de coches de alta gama.
Traslado del caso de Barcelona a Almería
Este caso se inició en el Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona. Ordenó los primeros registros en Cataluña, pero también Almería, Murcia y Mallorca.
En 2022 la causa se trasladó al Juzgado de Instrucción 1 de Almería, que asumió las pesquisas sobre posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo, prevaricación y falsedad documental. La lista de investigados creció y se incluyó al vicepresidente de la diputación almeriense, Fernando Giménez.
La Diputación creó una comisión de especial presidida por Ciudadanos. El partido socialista denunció que el PP estaba vetando iniciativas, como la comparecencia del presidente, Javier Aureliano García, y algunos empresarios implicados. Solo PP y Ciudadanos apoyaron las conclusiones, que el PSOE calificó como "comisión de compadreo".
El caso llega a la Comisión del Congreso
Sin embargo, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, no pudo evitar todas las citaciones. Tuvo que acudir, dos años después, a la comisión del Congreso de los Diputados que investigó los contratos durante la pandemia. Allí defendió que actuó "legal y moralmente" y que el expediente fue "impoluto".
Óscar Liria, por su parte, negó haber cobrado ningún importe. Y el empresario Kilian López sostuvo que su empresa ganó por haber ofrecido el precio más competitivo. El vicepresidente, Fernando Giménez, defendió la transparencia de toda la operación.
La UCO amplía el foco
Entre 2023 y 2024, la UCO comenzó a investigar contratos menores de obra pública adjudicados a otras empresas propiedad de López, como Pulconal. Tras analizar más once mil folios del sumario, el PSOE se personó como acusación particular y planteó la existencia de una "organización estable" dedicada al amaño de contratos.
La UCO incorporó conversaciones entre Liria (exvicepresidente tercero) y Giménez (vicepresidente segundo de la diputación) en la que con un lenguaje clave hablaban de "tallas" en referencia a los diferentes porcentajes de las comisiones. Al mismo tiempo, el empresario Kilian López comentaba en conversaciones encriptadas la necesidad de sacar "200.000 euros en efectivo" para pagar una comisión y buscaba vías para blanquear fondos.
2025, segunda fase de la operación
La operación mascarillas ha tenido esta semana un nuevo capítulo con una rama diferente a la sanitaria. El martes 18 de noviembre se realizaron registros en diez ubicaciones diferentes, incluido los despachos del presidente y el vicepresidente en la Diputación de Almería. También el ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde, asimismo, estaría presuntamente vinculado a la trama. La UCO investiga adjudicaciones supuestamente amañadas en ambas instituciones. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas: el presidente Javier Aureliano García, el vicepresidente Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, el hijo de este último y un técnico de la diputación provincial.
A lo largo de la semana, la causa se ha extendido además al entorno familiar del presidente. Se ha incorporado como investigados a la hermana y hermano de García. Hay en total 17 investigados, aunque esta cifra podría aumentar.
El jueves, dos días después, el juez Eduardo Martínez ha decretado libertad provisional para todos ellos, aunque les impone como medidas cautelares la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales.
Y el viernes ha llegado un nuevo capítulo, cuando el presidente y el vicepresidente de la diputación han dimitido de sus cargos para centrarse, dicen, "en su defensa y en demostrar su inocencia". Ahora la Diputación deberá activar el procedimiento interno para la elección de un nuevo presidente. El plazo para hacerlo es de veinte días.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se investigan delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo y corrupción.
