El juez del caso mascarillas de Almería ordena una nueva causa al expresidente de la Diputación por un viaje a Madrid
- Propone investigar a Aureliano García y a su jefa de Gabinete, María del Mar González Zamora
- El viaje bajo sospecha se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio de 2025 y su coste total ascendió a 1.892,84 euros
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El juez que investiga el llamado caso mascarillas en Almería, la presunta trama de mordidas en contratos de obra pública durante la pandemia, ha acordado abrir una nueva causa judicial contra el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, y su jefa de Gabinete, María del Mar González Zamora, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos vinculados al pago de un viaje a Madrid con fondos públicos realizado en junio de 2025.
Se trata de un caso completamente independiente de la causa primera que arrancó en 2021, y que afectó inicialmente al exvicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería, Óscar Liria, por un contrato sanitario de la pandemia, el juez sigue investigando a casi una veintena de personas.
El expresidente y exvicepresidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, ambos del PP, dimitieron de sus cargos y renunciaron a sus actas.
El juez ordena abrir testimonio de un informe policial
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado Manuel José Rey Bellot ha ordenado la deducción de testimonio de un informe policial para que estos hechos concretos se investiguen al margen de la causa principal, al considerar que no existe una conexión legal directa con la misma.
El caso mascarillas, en cuyo marco se detectó este desplazamiento, es un procedimiento judicial que investiga una presunta trama de corrupción institucional. Las pesquisas se originaron por las supuestas mordidas en la adjudicación de un contrato de emergencia de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19.
Con el paso de los años, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se amplió hasta destapar un presunto sistema institucionalizado de amaños, cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales en torno a decenas de adjudicaciones de obra pública y contratos menores.
Dentro de esta labor de rastreo documental y patrimonial llevada a cabo por la UCO donde ha aflorado el atestado que motiva esta nueva causa, es donde según recoge la resolución judicial, un informe policial fechado el 24 de febrero de 2026, detalla unos gastos de desplazamiento y alojamiento en Madrid correspondientes a Javier Aureliano García y la citada cargo de confianza.
Un gasto autorizado bajo el pretexto de una supuesta reunión de la FEMP
El viaje bajo sospecha se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio de 2025. El coste total del mismo ascendió a 1.892,84 euros, una cantidad que fue sufragada íntegramente por las arcas de la Diputación Provincial de Almería.
El magistrado señala que el gasto fue autorizado orgánicamente por el entonces vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, también investigado en el caso mascarillas, bajo el pretexto oficial de la asistencia a una supuesta reunión en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sin embargo, el juez instructor subraya que en las actuaciones no consta la acreditación de que dicha reunión llegara a celebrarse, ni existe prueba de la causa legal que generó y justificó el desembolso del dinero público.
El Ministerio Fiscal solicitó la separación de estos hechos para su investigación independiente, mientras que la acusación popular pretendía que el viaje se instruyera dentro de las mismas diligencias previas del caso Mascarillas. Por su parte, las defensas de los investigados habían reclamado que el informe policial fuera directamente excluido y expulsado del procedimiento.
El juez ha dictaminado que este desplazamiento constituye un hecho aislado y distinto a la dinámica delictiva sistémica que se investiga en el caso principal, centrada en el fraude en la contratación con empresas y el cobro de mordidas.
Por ello, ha acordado remitir la documentación al Servicio de Registro y Reparto del Tribunal de Instancia de Almería para que, conforme a las normas establecidas, asigne el asunto a un nuevo juzgado de instrucción.
La resolución, que abre un nuevo frente judicial para el expresidente provincial, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma y, directa o subsidiariamente, recurso de apelación.
