Desafío a los talibanes en Herat: protestas por las detenciones de mujeres por incumplir su estricto código de vestimenta
- La protesta por la detención de mujeres en la ciudad afgana de Herat han sido reprimidas por los talibanes
- Coinciden con la polémica invitación de la UE al régimen talibán para tratar en Bruselas las deportaciones de afganos
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En Herat, una de las ciudades históricamente más dinámicas y abiertas de Afganistán, decenas de personas salieron a las calles hace unos días para denunciar la detención de mujeres y niñas acusadas de incumplir el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen talibán. La protesta, en la que gritaron "pan, trabajo, libertad y educación", fue dispersada de forma violenta por las fuerzas talibanas con cargas, disparos con fuego real y detenciones. Dos personas, entre ellas un niño, perdieron la vida. Más de diez fueron heridas y varias decenas detenidas. Los manifestantes fueron perseguidos por los talibanes hasta bien entrada la noche. Registraron viviendas, revisaron teléfonos para ver si tenían vídeos de las protestas y entraron en los hospitales en busca de los heridos. El acceso a la información en el país asiático es cada vez más difícil. No se descarta que se produzcan nuevas protestas.
La represión en Herat no es un episodio aislado, sino la expresión visible de un amplio proceso de endurecimiento del control social sobre las mujeres en Afganistán. Coincide con el debate en Europa sobre la posible apertura de canales de diálogo y cooperación con los talibanes para gestionar y facilitar deportaciones de ciudadanos afganos.
Herat, capital cultural del país
Las detenciones de mujeres y niñas en Herat comenzaron entre el 6 y el 8 de junio. UNAMA, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, alertó de las mismas. Estaban relacionadas con la aplicación del código de vestimenta, con la interpretación estricta del uso del hiyab y la aplicación de normas de moralidad pública por parte del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, uno de los pilares del sistema de control social del régimen talibán. El 9 de junio, entre 100 y 150 personas se concentraron en el barrio de Jebrail, en el oeste de la ciudad y de mayoría hazara. La protesta fue breve pero significativa. Dado que las manifestaciones han sido prácticamente erradicadas desde 2021, la simple reunión de ciudadanos en la calle ya supone un desafío.
Herat, considerada la capital cultural del país, situada en el oeste, en la estratégica ruta hacia Irán y Asia Central, ha sido tradicionalmente un centro comercial, cultural y educativo. En los veinte años de presencia internacional, era un referente de la vida cultural y uno de los espacios más abiertos del país en términos sociales, sobre todo en cuanto a la participación de las mujeres en universidades, instituciones públicas y sectores profesionales. Era un símbolo de la posibilidad de una modernización gradual dentro de un país marcado por décadas de conflicto.
Esa realidad ha cambiado de forma radical desde la vuelta de los talibanes al poder en agosto de 2021. Hoy, el espacio público está fuertemente restringido, la disidencia es limitada y las manifestaciones son prácticamente inexistentes. En ese contexto, incluso protestas de pequeño tamaño adquieren un fuerte valor simbólico. La participación conjunta de hombres y mujeres en las concentraciones de Herat refuerza ese carácter excepcional e importante, ya que se trata, además, de una de las pocas veces en los últimos años en las que ambos grupos han compartido una protesta abierta contra el régimen y rompe con la separación estricta de espacios que los talibanes intentan imponer.
Un marco legal cada vez más restrictivo
El origen inmediato de las protestas está en esas detenciones de mujeres y niñas. Las autoridades talibanes sostienen que estas acciones son parte de la aplicación de la ley islámica y del mantenimiento del orden público. Se enmarcan, sin duda, en una campaña más amplia del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, encargado de supervisar el comportamiento social, la vestimenta, la movilidad y la interacción entre hombres y mujeres. Las protestas llegan en un momento de consolidación normativa del sistema talibán y cuando ese ministerio ha intensificado su actividad, ampliando su control.
El proceso de institucionalización de las restricciones ha ido cada vez a más desde la toma de Kabul por los talibanes hace casi 5 años. Una de las medidas más recientes es el denominado Decreto nº18, aprobado en mayo, que regula la separación judicial de los cónyuges. Esta norma limita el acceso de las mujeres al divorcio, refuerza la autoridad masculina en el matrimonio y reduce la capacidad de protección legal frente a situaciones de abuso.
Amnistía Internacional ha denunciado que permite también el matrimonio infantil, ya que incluye disposiciones que respaldan los matrimonios concertados durante la infancia y restringen la capacidad de las mujeres y las niñas para impugnar o abandonar dichas uniones.
“Agrava aún más la ya de por sí desoladora situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. De hecho, las priva de toda autonomía al eliminar cualquier noción de consentimiento, otorgar a los familiares varones el control sobre los acuerdos matrimoniales y ofrecer vías mínimas para impugnar las uniones forzadas”, denuncia Isabelle Lassee, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
Apartheid de género
A todo esto se suma una nueva regulación penal que amplía las competencias del Estado para perseguir conductas consideradas contrarias a la moral islámica, lo que supone un mayor control de la vida privada. Estas normas se integran en un amplio sistema de restricciones que afectan a todos los ámbitos de la vida, desde la prohibición de acceso de las niñas a la educación secundaria y universitaria, las restricciones severas al empleo femenino, las limitaciones de movilidad, la exclusión de los espacios públicos o las normas de vestimenta, entre muchas otras, en un sistema considerado ya como un apartheid de género.
La ONU ha expresado preocupación por el impacto de estas políticas y ha pedido reiteradamente el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas en Afganistán. Y su representante especial adjunta para Afganistán, Georgette Ganon, ha alertado de que ya hay una generación perdida de niñas afganas por el veto talibán al acceso a educación, que está lastrando también el desarrollo económico del país.
“Se calcula que cada año, unos 3,8 millones de niñas entre los 7 y los 18 años, entre ellas más de 2,6 millones de madres adolescentes, quedan excluidas de forma permanente de la educación, lo que da lugar a una generación perdida de talento y potencial”, aseguró en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Afganistán. Las restricciones a la educación y el trabajo de las mujeres “ya están pasando factura a la economía afgana y socavando el desarrollo económico a largo plazo del país”, ha denunciado Unicef en un reciente análisis.
La Unión Europea ha condenado en varias ocasiones las violaciones de derechos humanos cometidas por los talibanes, aunque mantiene abierto el debate sobre cómo relacionarse con el régimen en el plano práctico.
Canal técnico de la UE con los talibanes
En una decisión de gran calado y alto impacto político, la Comisión Europea ha confirmado, en coordinación con la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) y el Gobierno de Suecia, la preparación de una reunión técnica con representantes talibanes para abordar cuestiones relacionadas con los retornos de ciudadanos afganos con órdenes de expulsión o considerados una amenaza para la seguridad.
La delegación afgana estaría encabezada por Abdul Qahar Balkhi, portavoz del Ministerio de Exteriores del régimen talibán. Es una de las principales figuras públicas del Emirato Islámico en el ámbito internacional y ha actuado como interlocutor habitual con medios de comunicación y organizaciones extranjeras desde 2021. Su participación en una reunión en Bruselas ha aumentado la polémica sobre la legitimación indirecta del régimen y se interpreta como un paso hacia la normalización de facto del régimen en el ámbito diplomático.
Organizaciones de derechos humanos, eurodiputados y activistas afganos critican la contradicción entre condenar la represión en Afganistán y abrir canales de cooperación con sus autoridades. Entre las críticas destacan el riesgo de normalización y legitimación internacional del régimen talibán, la contradicción entre política exterior y política migratoria, la posibilidad de violar el principio de no devolución o la falta de garantías sobre el trato a los retornados.
En el centro está la cuestión de fondo de cómo relacionarse con un régimen no reconocido internacionalmente, acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, sin renunciar a los objetivos internos de política migratoria. El debate refleja una tensión profunda dentro de la política europea. Por un lado, la UE condena las violaciones de derechos humanos en Afganistán, financia ayuda humanitaria y apoya programas destinados a mujeres y niñas. Por otro, varios Estados miembros presionan para aumentar las deportaciones de solicitantes de asilo afganos en el marco de una política migratoria cada vez más restrictiva. Según datos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, los afganos siguen siendo uno de los principales grupos de solicitantes de protección internacional en Europa.
El Tribunal Permanente de los Pueblos pide recular
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Permanente de los Pueblos (PPT) declaró a los talibanes, como grupo, responsables de crímenes contra la humanidad por persecución de género. En un comunicado, condena la decisión de la Unión Europea y advierte de que representa un peligroso paso hacia la normalización de un régimen responsable del apartheid de género, de violaciones sistemáticas e institucionalizadas de los derechos humanos y del desmantelamiento de todas las libertades fundamentales de las mujeres afganas. Según el PPT, esta decisión contradice los principios de derechos humanos proclamados por la propia UE y contribuye a proteger a regímenes autoritarios cuando estos se alinean con sus intereses.
El Tribunal Permanente de los Pueblos recuerda que la UE ha impuesto sanciones a varios líderes talibanes por su implicación en actividades terroristas, abusos contra los derechos humanos, vulneraciones de los derechos de las mujeres y las niñas, y amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, la Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado órdenes de detención contra altos cargos talibanes por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la persecución por motivos de género de mujeres y niñas. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el trato que los talibanes dispensan a las mujeres constituye una forma de persecución. En este contexto, denuncia el PPT, un diálogo político y la cooperación "técnica" con personas vinculadas a tales hechos corren el riesgo de erosionar la credibilidad de los mecanismos internacionales de justicia y envían un mensaje devastador a las víctimas afganas que siguen reclamando verdad, justicia y rendición de cuentas.
Bruselas insiste en que el encuentro no implicaría reconocimiento político del régimen, que no está reconocido formalmente por la Unión Europea, pero, de producirse, Kabul, sin duda, lo aprovechará para promover su presencia internacional, sin tener que ceder nada en lo que se refiere a su política contra las mujeres y a la violación de los derechos humanos en general y de las mujeres, en particular. Y no se trata solo de un debate migratorio, sino también jurídico, político y, sobre todo, ético para la Unión Europea.
