Afganistán, el código penal talibán institucionaliza la represión y el apartheid de género
- Convierte en ley la arquitectura de control y poder impuesta por el régimen talibán paso a paso desde su regreso al poder
- No deja un resquicio a las libertades ni al Estado de derecho y condena definitivamente a las mujeres al ostracismo
Tras casi cinco años de régimen talibán, la arbitrariedad del terror y el miedo quedan codificados tras la sucesión de decretos y órdenes verbales. Desde la oscuridad de las huestes talibanas en Kandahar, han cristalizado en una estructura monolítica y aterradora: el Código de Procedimiento Penal para los Tribunales. No se trata de castigar el crimen, sino de administrar la sumisión absoluta.
La ONG afgana Rawadari, defensora de los derechos humanos, lanzó la voz de alarma cuando difundió este nuevo código penal promulgado por el Emirato Islámico en enero. Naciones Unidas ya ha condenado este documento que institucionaliza la discriminación de género, normaliza castigos corporales, refuerza jerarquías religiosas, debilita garantías procesales y amplía la penalización de la disidencia en un país donde más de 21 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria. Marca el punto de no retorno en la consolidación del poder talibán y el paso final de un proceso de centralización del horror.
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Transcripción completa
El Canal 24 horas ha estado con ellas.
Fátima tenía 17 años
cuando salió de Afganistán.
Después de un año en Turquía vino a España donde lleva viviendo dos años.
Cuando
vivía en Kabul fue víctima de un ataque suicida en un centro educativo en el que murieron 54 personas
Estábamos en clase para estudiar.
Una persona viene y hace este ataque
joven
era estudiar informática en una universidad afgana, un derecho que han perdido las mujeres tras la llegada de
los talibanes. En este país asiático está prohibido que asistan a clase en los centros educativos las niñas
mayores de 12 años.
Allí las mujeres y las niñas siguen siendo sistemáticamente excluidas de
casi todos los aspectos de la vida pública
Los animales al menos pueden ir fuera y pasear o caminar en calles, pero las mujeres no tienen
este derecho. Desde que retomaron el poder en 2021 los talibanes no han dejado de eliminar derechos fundamentales de
mujeres y niñas. Los talibanes han acabado con todos los derechos que querían quitar de las
mujeres afganas. En cuatro años han aprobado 161 decretos para borrar por completo a las mujeres
asegura esta exdiputada afgana y presidenta de la organización Women for Afghanistan presente en un evento
organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid con medio centenar de mujeres afganas.
En este
acto también ha participado Tshara, una activista por los derechos de las mujeres afganas que fue detenida por los talibanes
por organizar manifestaciones contra el régimen de Kabul.
En
esos 10 días no dormí, no comí, solo bebía agua y a día de hoy sigo sin poder dormir, cuenta entre llantos.
Ahora
solo busca abrir una clínica dental en Alemania como la que tenía en Afganistán y poder llevar ahí a su familia que sigue
viviendo bajo el régimen talibán
No eran ni 2.0, ni habían cambiado
Este nuevo código penal, una especie de constitución de la represión, deja claro que estos talibanes no son distintos de los que rigieron el país entre 1996 y 2001 y que su líder supremo, Habatullah Akhundzada, y su corte de Kandahar llevan las riendas del poder desde la toma de Kabul, el 15 de agosto de 2021. Fue un tremendo error creer que se habían moderado, a pesar de que, de cara a la galería, algunos de sus representantes intentaron marcar distancias con su pasado. Prometieron amnistía general, aseguraron que permitirían el acceso de las mujeres al trabajo y a la educación, eso sí, “dentro del marco de la ley islámica”, y afirmaron que no habría represalias generalizadas. Todo falacias. Afganistán es hoy el único estado que no tiene constitución, ni parlamento, ni judicatura independiente. La ley emana de la interpretación extrema de la sharía a cargo de los talibanes más duros e integristas.
119 artículos componen el nuevo código penal, firmado por el líder supremo talibán y publicado el 4 de enero de 2026. Su contenido, más que preocupante, contradice claramente las normas internacionales de derechos humanos y los principios básicos de un juicio justo. El documento legaliza y formaliza la discriminación contra las minorías religiosas y la supresión de las libertades fundamentales de las personas, incluyendo violaciones de la dignidad humana, restricciones a la libertad de expresión y de pensamiento y detenciones y castigos arbitrarios. Acaba con el principio de igualdad ante la ley, con el de legalidad y responsabilidad penal personal, con la presunción de inocencia o la prohibición de la tortura. No especifica penas mínimas y máximas. Aumenta considerablemente el riesgo de tortura, abusos graves y violaciones generalizadas de los derechos de los acusados.
“El nuevo código penal de los talibanes es un intento de reforzar y consolidar una estructura de desigualdad, represión, exclusión y violencia que los talibanes han estado construyendo desde su regreso al poder. Al eliminar los derechos humanos y las normas legales, este código permite la violencia doméstica, la violencia contra los niños, la esclavitud, los castigos basados en la clase social y la opresión de las minorías religiosas, así como el castigo de los críticos y disidentes. Se trata de una ilegalidad y brutalidad formalizadas”, nos explica Shaharzad Akbar, la directora ejecutiva de Rawadari.
El código establece protecciones tácitas y penas reducidas para las élites talibanes y los religiosos afines al régimen. Se impone la impunidad. Supone un endurecimiento punitivo y la consolidación jurídica de una jerarquía social, religiosa y de género.
Deshumaniza a las mujeres, su valor es menor que el de los animales
En los últimos años, cada decreto ha sido un clavo más en el ataúd en el que los talibanes tienen enterradas en vida a las mujeres. No pueden estudiar, ni trabajar, ni salir a la calle sin la compañía de un tutor varón, no pueden reír en público, ni bailar, ni ir a los parques, ni hablar en voz alta, han de respetar estrictos códigos de vestimenta. La desaparición femenina del espacio público es, de hecho, un apartheid de género. Y la policía moral se ha ido reforzando para reprimir cualquier atisbo de ir contra las normas represoras. El nuevo código penal es la lápida para dejar a las mujeres sin aire que respirar.
Uno de los aspectos más controvertidos es la regulación de la disciplina dentro del matrimonio. Así, determinadas formas de castigo corporal son asuntos del hogar salvo que se demuestre daño físico grave. ONU Mujeres denuncia que el código “elimina las últimas salvaguardias legales para mujeres y niñas. Al incorporar la tutela masculina y la obediencia en la ley, legaliza de facto el abuso y socava cualquier posibilidad de justicia”. Alison Davidian, su representante en Afganistán, añade: “No estamos ante restricciones aisladas, sino ante una arquitectura legal diseñada para excluir, controlar y someter a la mitad de la población”. Las penas para los agresores son irrisorias, a menudo limitadas a advertencias o detenciones de 15 días por, por ejemplo, romper el brazo a la mujer. Sin embargo, maltratar a un camello o participar en peleas de animales se castiga hasta con cinco meses de prisión. Esta disparidad demuestra claramente la deshumanización de las mujeres.
La autonomía de las mujeres queda formalmente abolida. Escudados en la llamada prevención del vicio, los talibanes las convierten prácticamente en siervas o en propiedad de un amo, protegido frente a los delitos que pueda cometer contra ellas. Su cuerpo deja de ser sujeto de derechos y se transformar en objeto de propiedad estatal y familiar. La mujer es reducida a una categoría subalterna, al servicio de la estructura patriarcal del régimen. Los maridos y guardianes varones tienen ahora el derecho legal de ejercer violencia física bajo la premisa de la corrección moral.
El artículo 34 establece que, si una mujer acude repetidamente a la casa de su padre o de otros familiares sin el permiso de su marido y no regresa a su hogar a pesar de la petición de este, ella y cualquier miembro de su familia que la hayan acogido serán considerados delincuentes y condenados a tres meses de prisión. Esta disposición, en el caso de las mujeres que se refugian en casa de sus padres y familiares para escapar de la violencia y los malos tratos, las expone a una violencia doméstica continuada y las priva de protección, en ausencia de recursos formales y legales.
La movilidad femenina también puede ser delito. Salir del hogar sin un mahram (guardián varón) o viajar a más de 72 kilómetros sin él es una violación legal y puede conducir al encarcelamiento. Afganistán es como un laboratorio global de una distopía en la que la misoginia no es un accidente cultural, sino la base del contrato social. Este código es la prueba de cargo de que esta persecución es una directriz centralizada del régimen.
En el caso de los niños, si bien el artículo 30 del código prohíbe determinadas formas de violencia física contra ellos por parte de los profesores, como fracturas óseas, desgarros cutáneos o hematomas corporales, no prohíbe explícitamente otras formas de violencia física, psicológica y sexual.
El dilema de la comunidad internacional
La consolidación del nuevo marco penal se produce en medio de una crisis humanitaria y económica grave. Naciones Unidas estima que 21,9 millones de afganos necesitarán asistencia humanitaria en 2026. Más de 17 millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda. La congelación de activos estatales en el extranjero, la reducción de la ayuda al desarrollo y el limitado reconocimiento diplomático han debilitado la economía. La exclusión laboral femenina agrava el estancamiento y reduce aún más el potencial productivo y aumenta la dependencia externa.
La comunidad internacional se encuentra ante un dilema ético entre la necesidad imperativa de suministrar ayuda humanitaria a una población al borde de la hambruna y el imperativo moral de no normalizar a un régimen que codifica el odio, la represión, el terror y la segregación de las mujeres. Organizaciones internacionales como la ONU, Human Rights Watch o Amnistía Internacional lo han condenado. “Insto a las autoridades de facto a que deroguen este decreto y adapten todas sus normas legales a sus obligaciones internacionales”, ha exigido Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero resulta atronador el silencio de los líderes políticos de la comunidad internacional ante este desafío talibán a la coherencia del mundo. Permitir que un Estado codifique legalmente la persecución de la mitad de su población y sea aceptado en el concierto de naciones por pragmatismo económico o estabilidad regional sienta un peligroso precedente tras décadas de avances en el derecho internacional. Si se acepta convivir con el apartheid de género a cambio de controlar el narcotráfico o el terrorismo, se envía un mensaje a los regímenes autoritarios de que los derechos de las mujeres son negociables frente a los intereses geoestratégicos. Afganistán se convertiría así en la hoja de ruta, si es que no lo es ya, para regímenes represivos.
Es imperativo que la comunidad internacional mantenga el cordón umbilical de la ayuda humanitaria y el apoyo a la economía informal femenina y asegure que la censura digital y el aislamiento no cortan la última conexión de las afganas con el mundo. Porque, como clama Shaharzad Akbar, ”el mundo debe romper su silencio y desafiar esta represión en expansión que tendrá consecuencias más allá de Afganistán”.
