La Complutense vuelve a pedir que Begoña Gómez y su asesora devuelvan más de 100.000 euros
- Las partes tenían que rehacer sus escritos después de que la Audiencia anulase dos delitos imputados por Peinado
- La Fiscalía avanza que mantiene su petición de absolución de la mujer del presidente del Gobierno y de Cristina Álvarez
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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, abonen 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil por el uso del 'software' investigado en la causa contra ellas y de personal de la institución educativa, mientras que la Fiscalía ha vuelto a pedir la absolución.
La Complutense hace ese planteamiento en el escrito de conclusiones presentado ante el próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid por tráfico de influencias y malversación y en el que cifra en esa cantidad el coste del desarrollo del 'software' en el seno de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigía Gómez y que, según la instrucción judicial, habría sido destinado a fines privados.
La Universidad, que ejerce la acción civil como perjudicada, aspira además a que se le restituya la titularidad y control del 'software', "así como de cuantos elementos, soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación o cualesquiera otros activos materiales o inmateriales vinculados al mismo obren en poder de las personas que resulten condenadas"
Peinado pidió a las partes que presentaran nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la mujer de Sánchez.
Ahora, la Complutense hace suyos los hechos recogidos en el auto de la Audiencia de Madrid que "confirman la existencia de indicios racionales suficientes para continuar el procedimiento respecto del presunto delito de malversación de caudales públicos" en el uso del 'software' "desarrollado con medios, recursos y bajo el paraguas institucional" de la universidad.
De este modo, recuerda que Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria en la institución educativa y remarca que "la circunstancia de que parte de los recursos destinados" a ella procedieran de aportaciones privadas "no altera su naturaleza, en tanto dichos recursos quedaban afectados al cumplimiento de fines de interés público de carácter universitario y educativo".
Así, identifica dos focos en la supuesta malversación. Por un lado, "el programa informático y conjunto de actuaciones encaminadas a desarrollar el 'software', elaborado en el marco de la Cátedra Extraordinaria, respecto del cual el tribunal, y previamente esta Administración, considera que constituye un activo perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, financiado mediante aportaciones de entidades colaboradoras y recursos económicos de la propia universidad".
Por otro lado, indica que la resolución "integra dentro del concepto de caudal o patrimonio público la actividad desarrollada por personal al servicio de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones públicas".
Por todo ello, cuantifica "provisionalmente el perjuicio económico en 113.509,32 euros, derivado, de una parte, de la pérdida de disponibilidad del 'software' desarrollado con recursos públicos y, de otra, del coste correspondiente a las retribuciones satisfechas con fondos públicos al personal cuya actividad, indiciariamente, habría sido destinada a fines particulares".
Peinado da cinco días a las defensas para presentar sus escritos
Por su parte, Peinado ha dado un plazo de cinco días para que las acusadas presenten sus escritos de defensa en una providencia dictada este martes, en la que da además tres días para que ambas indiquen si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.
Esta providencia no afecta ya al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, apartado del procedimiento del jurado por decisión de la Audiencia de Madrid y contra el que se seguirá la investigación en un procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.
Por otra parte, la Fiscalía ha señalado en un escrito enviado al juzgado del juez Peinado que no formulará escrito de acusación, sino de conclusiones absolutorias, en coherencia con la postura mantenida hasta ahora, al no ver delito en este procedimiento.
