Un juez federal anula la política migratoria de Trump que pausó las solicitudes de asilo de personas de 39 países
- Esas políticas dejaron a "incontables inmigrantes que vivían en EE.UU. en un limbo legal indeterminado", dictamina el juez
- La administración pausó la adjudicación de beneficios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio
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Un juez federal de Rhode Island ha anulado este viernes por "ilegales" las políticas migratorias de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que pausaron hace seis meses los procesos migratorios —permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía— y las solicitudes de asilo de personas de 39 países.
En un texto de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. —designado por el presidente demócrata Barack Obama— ha señalado que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) dejaron a "incontables inmigrantes que vivían en EE.UU. en un limbo legal indeterminado", y que son "contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas".
El USCIS adoptó esas políticas como parte de una intensificación de la represión migratoria que Trump llevó a cabo tras el tiroteo del pasado noviembre en Washington contra dos miembros de la Guardia Nacional, que dejó una agente muerta y otra herida. Según los fiscales, el ataque fue perpetrado por un inmigrante afgano.
Tras ese incidente, Trump prometió "suspender permanentemente la inmigración procedente de todos los países del Tercer Mundo" y amplió la lista de países sujetos a prohibiciones de viaje totales o parciales bajo su administración a 39.
McConell ha señalado que la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración ejerce una autoridad de la que carecen y "justifica sus acciones con preocupaciones 'de seguridad nacional' meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones".
La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido "recibir decisiones finales" sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia y ciudadanía.
El juez ha señalado que la pausa del USCIS "no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento", y ha declarado que la agencia "violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas" por las que se rige.
"Este fallo reafirma un principio básico: el Gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su origen", ha dicho la directora del grupo liberal Democracy Forward, Skye Perryman, que representa a los demandantes.
El pasado marzo, una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos interpusieron una demanda para impugnar las políticas adoptadas por el USCIS, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El Senado aprueba 70.000 millones para financiar operaciones migratorias
Por otra parte, el Senado ha aprobado este viernes un proyecto de ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar las operaciones migratorias federales hasta el final del mandato de Trump en enero de 2029. En una votación celebrada de madrugada, la Cámara Alta dio luz verde al paquete con 52 votos a favor y 47 en contra, sin ningún apoyo del Partido Demócrata y con un solo senador republicano rompiendo la disciplina de voto.
La medida canaliza los fondos hacia el DHS, principalmente para reforzar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las operaciones migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante los próximos tres años.
El nuevo paquete se suma a los más de 150.000 millones de dólares en fondos para fuerzas de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional aprobados por el Congreso en julio de 2025 como parte de la gran ley de recortes fiscal impulsada también por el presidente, lo que consolida a ICE y a CBP como dos de las agencias federales mejor financiadas del país.
El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, también bajo control republicano. Si esta Cámara lo aprueba sin cambios sustanciales, el texto será enviado a la Casa Blanca para la firma del presidente.
