Oxfam alerta de que 8 de cada 10 euros recaudados en el impuesto sobre el patrimonio se pierden
- La entidad alerta de que las grandes fortunas en España consiguen reducir significativamente su tributación
- Oxfam señala varios agujeros en el impuesto que limitan su capacidad redistributiva y de reducción de desigualdad
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El Impuesto sobre el Patrimonio en España pierde aproximadamente 8 de cada 10 euros de su recaudación potencial debido a los agujeros y mecanismos de erosión incluidos en su diseño. Es la alerta que ha lanzado Oxfam Intermón en su nuevo informe Un impuesto al patrimonio para el siglo XXI, en el que analiza cómo varias debilidades en el diseño del impuesto limita gravemente su capacidad redistributiva y de reducción de desigualdad.
España es uno de los pocos países del mundo que mantiene un impuesto específico sobre el patrimonio neto. Creado hace casi 50 años, durante la transición democrática, el impuesto buscaba reforzar la progresividad del sistema tributario y contribuir a redistribuir riqueza.
Para Oxfam se trata de una tasa con mucho potencial, pero que pierde progresividad entre los más ricos. Según el análisis elaborado por la entidad, aproximadamente el 42% de la riqueza declarada queda fuera del impuesto, en su gran mayoría patrimonio concentrado en manos de los contribuyentes más ricos.
De hecho, Oxfam destaca que más de tres de cada cuatro euros de todo el patrimonio exento se concentra entre el 10% de los declarantes con mayor patrimonio.
"El impuesto sobre el patrimonio es una herramienta necesaria, pero con un diseño muy débil e insuficiente frente a unas grandes fortunas que estructuran su riqueza para esquivar el pago del impuesto. Está diseñado de tal forma que se va vaciando desde dentro mismo, como si fueran termitas. Y esto reduce su progresividad, su capacidad para recaudar de quién más tiene y para redistribuir la riqueza", señala Iñigo Macías, investigador de Oxfam Intermón y autor del informe.
Las debilidades
El principal agujero identificado por la organización es la llamada exención sobre participaciones y acciones empresariales, conocida comúnmente como "exención de empresa familiar". Aunque nació para proteger pequeñas y medianas empresas familiares, el análisis de Oxfam sostiene que actualmente beneficia especialmente a grandes patrimonios con importantes participaciones empresariales. Este mecanismo representa el 85% de todo el patrimonio exento y supone una pérdida de recaudación potencial superior a los 6.700 millones de euros.
"Como resultado, esta mal llamada 'exención de la empresa familiar' deja de ser una excepción y de cumplir su finalidad de proteger a las empresas familiares y la pequeña y mediana empresa, para convertirse en una norma y un agujero estructural que vacía de capacidad recaudatoria el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)", explica Macías.
Otra de las debilidades identificadas en el informe es la aplicación del límite conjunto de la cuota del lP y el IRPF que, de nuevo, beneficia principalmente a los grandes patrimonios, con mayor capacidad para reorganizar sus rentas y estructuras financieras y supone pérdidas potenciales de recaudación de unos 2.100 millones de euros.
Hasta la entrada en vigor del impuesto temporal sobre las grandes fortunas, el dumping fiscal promovido por algunas Comunidades Autónomas, aplicando sustanciales bonificaciones de la cuota a pagar (de hasta el 100%), suponían otro importante agujero para la recaudación, especialmente beneficioso para las grandes fortunas.
Un debate a nivel mundial
El análisis de Oxfam llega en un momento de creciente debate internacional sobre la tributación de las grandes fortunas, mientras la riqueza continúa concentrándose a niveles históricos. Actualmente, el 1% más rico posee más riqueza que el 95% restante de la población mundial. En España, las 200 principales fortunas acumulan una riqueza equivalente al 17,5 % del PIB y su patrimonio conjunto ha aumentado un 188% en los últimos quince años.
Oxfam destaca la importancia de mantener el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas e incorporar dentro de la fiscalidad a la riqueza un impuesto mínimo del 3% para patrimonios netos por encima de los 50 millones de euros, siguiendo la propuesta del economista francés Gabriel Zucman, experto en desigualdades y defensor de un gravamen a las grandes fortunas, referida a menudo como la "tasa Zucman" y que se debate desde hace tiempo en el G20.
"Reforzar la fiscalidad de las grandes fortunas no es solo una cuestión recaudatoria, sino una herramienta fundamental para reducir las brechas de riqueza y contribuir a recomponer un pacto social cada vez más tensionado por la desigualdad extrema", sostiene Macías.
Precisamente tras un encuentro con Zucman el pasado mes de febrero, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, planteó crear un impuesto del 2% a las grandes fortunas en España, con patrimonios mayores de 100 millones de euros, para financiar una "prestación universal para erradicar la pobreza infantil".
Este mecanismo permitiría a España recaudar hasta 5.200 millones de euros, según las estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, citadas por Derechos Sociales.
