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Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero AFP/ÓSCAR DEL POZO
Inés P. Chávarri

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido este martes en el primer expresidente de la democracia que declarará en calidad de imputado. José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, considera que el exsecretario general del PSOE es el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Zapatero está investigado por el cobro de comisiones por sus labores de intermediación, que incluyen el polémico rescate de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros de dinero público.

El juez, en un auto de 85 páginas, sostiene que la investigación ha podido constatar la existencia de una "trama organizada" cuyo fin era el "ejercicio ilícito de influencias". La red estaba "organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables", según ha detallado la Audiencia Nacional en una nota de prensa.

Zapatero y sus hijas, cuya agencia de comunicación, Whathefav S.L., también ha recibido pagos de la trama, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Zapatero Espinosa, 423.779.

Estas son las principales claves del caso, cuyo secreto de sumario ha sido levantado este mismo martes, y sobre el que Zapatero negó tener ningún tipo de vinculación el pasado mes de marzo en el Senado, cuando fue llamado a declarar en el marco de la comisión de investigación del caso Koldo.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

La causa, liderada por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investigaba en origen un delito de blanqueo de capitales en la aerolínea Plus Ultra. La compañía habría usado los 53 millones de dinero público que recibió a modo de rescate durante la pandemia para blanquear dinero procedente del contrabando de oro venezolano y de la malversación de ayudas sociales del país latinoamericano, según la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Ahora, a raíz de las pesquisas impulsadas por el blanqueo del rescate, el magistrado ha podido constatar la existencia de la trama de influencias capitaneada por el expresidente. La compañía habría sido uno de sus clientes. La actividad desplegada por los investigados no se habría limitado a España, también impulsaron gestiones con el objeto de intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra.

¿Qué delitos se le imputan a Zapatero?

El expresidente deberá declarar en calidad de imputado el próximo 2 de junio por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La red, según el juez de la Audiencia Nacional, hacía uso de un entramado societario para el cobro de las comisiones, que generalmente se justificaban mediante contratos de asesoría y consultoría ad hoc.

El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav S.L., cuyas administradoras y socias son sus hijas, Laura y Alba Zapatero Espinosa, "recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos".

Precisamente, este martes, agentes de la UDEF han registrado la oficina del exjefe del Ejecutivo y otras tres mercantiles, entre ellas, Whathefav S.L.

El magistrado defiende que los hechos demuestran que la influencia que ejerció la trama no se limitó a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino la consecución de resoluciones administrativas concretas. En el caso de la aerolínea fue la aprobación y desembolso del rescate.

Según el magistrado, ha quedado demostrado que Zapatero se apoyaba en una serie de personas para un "reparto de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos".

El juez, en concreto, alude a Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente, como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, que se encargarían de la gestión cotidiana de la red.

¿Quién es Julio Martínez Martínez y cuál es su papel en la trama?

Hasta ahora había trascendido que el empresario Julio Martínez Martínez, a través de una de sus empresas, Análisis Relevante S.L., cobró de Plus Ultra unos 460.000 euros por diversos encargos en los últimos cinco años. Un lapso de tiempo en el que también efectuó una serie de pagos a Zapatero, por una cantidad similar, por supuestas labores de "consultoría". La empresa de Martínez Martínez también contrató a la agencia de comunicación de las hijas del expresidente.

El empresario, según el magistrado, era el interlocutor habitual de los clientes de la red, también era la persona a la que Zapatero transmitía instrucciones directas y la que se encargaba de que se ejecutasen.

Ahora además, la investigación ha confirmado que las contraprestaciones canalizadas a través del entorno societario de Martínez Martínez mediante contratos de asesoría ficticios y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades constituye "un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido".

El auto remarca que el uso de sociedades instrumentales demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan a su vez la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y el destino de los fondos.

¿A cuánto ascienden los pagos?

En cuanto a los beneficiarios finales, según el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. La mayor parte de los fondos recibidos por la consultora de Martínez Martínez, procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, terminaron en el entorno del expresidente.

Además, el Gate Center, el lobby pro China del expresidente, habría enviado 352.980 euros al propio Zapatero y 171.727 euros a Whathefav. Mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido otros 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a la agencia de sus hijas.

El montante total asciende a 1.948.857 euros, de los que Zapatero habría percibido 1.525.078 y sus hijas, 423.779.

¿Cómo se gestó el rescate de la aerolínea?

Calama indica en su auto que los directivos de Plus Ultra intentaron conseguir los 53 millones del rescate con "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Para ello, articularon dos líneas de influencia diferentes, una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Rodríguez Zapatero, que fue la que finalmente fructificó.

El magistrado remarca en el auto que la capacidad de Zapatero y su red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021, cuando dos investigados se intercambiaron mensajes felicitándose por la concesión de la ayuda antes de "la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva, que se llevó a cabo el 9 de marzo".

Uso de sociedades off-shore

El juez detalla en el auto que la estructura investigada no se limita a España. "Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero", afirma, "se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.

Este patrón de actuación, según el magistrado, encaja en las modalidades típicas de blanqueo de capitales descritas por el Tribunal Supremo, "especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final".

De ahí que el juez, además de un delito de tráfico de influencias, considera que la actividad de la trama también podría ser constitutiva de un delito de blanqueo.

Una investigación en dos juzgados

Las primeras diligencias judiciales por el caso Plus Ultra se remontan a abril de 2022. El juzgado de instrucción número 15 de Madrid abrió una causa contra Bartolomé Lora, expresidente en funciones de la SEPI, y el consejo de administración del ente público a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por un presunto delito de malversación en la concesión del rescate.

La magistrada, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, archivó la causa por no estar "debidamente justificada la comisión de un delito". La jueza consideró que se aplicó de forma correcta el decreto con el que el Gobierno respaldó la concesión del rescate.

Sin embargo, en 2024, la Fiscalía, tras concluir que el dinero había sido usado de forma irregular, pidió la reapertura de la causa, que ha terminado asumiendo la Audiencia Nacional por las ramificaciones del caso.

¿Quién más está investigado?

La UDEF además de detener el pasado diciembre a Julio Martínez Martínez, también arrestó al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, y a un abogado.

¿Qué decía la querella de Manos Limpias?

Tras las detenciones efectuadas por la UDEF el pasado mes de diciembre, el pseudosindicato Manos Limpias presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, la primera instancia judicial que investigó el rescate concedido a Plus Ultra, si bien la juez titular del mismo se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

La querella se presentó contra Zapatero y contra Plus Ultra y se sustenta en las declaraciones que el comisionista Víctor de Aldama realizó en el programa Horizontes, de Iker Jiménez. El texto defiende que si Pedro Sánchez concedió el rescate de 53 millones a la aerolínea fue por "las gestiones que realizó" Zapatero, que llegó a "presionar a varios ministros", según relató el comisionista.

Aldama señaló que Pedro Sánchez también estaba al tanto de la operación y que trasladó al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que el rescate tenía que salir adelante "sí o sí". También contó que Plus Ultra habría pagado a Zapatero una comisión de 10 millones de euros por su supuesta intermediación.