En abril de 2016, la Junta de Castilla y León retiró a Anita Petrova la tutela de sus hijas, Ángela y Micaela, de 12 años, por presuntos malos tratos. Durante 359 días vivieron separadas y, hace unos meses, una sentencia ha condenado a la Consejería de Familia a indemnizarlas con 150.000 euros. Considera que la retirada de la tutela no estuvo justificada, que no cumplió los principios de proporcionalidad y que la situación de las menores no solo no mejoró, sino que empeoró. Durante los meses de la separación, no se atendió la petición del fiscal, contrario a la declaración de desamparo. La Fundación Raíces, que ayudó a Anita Petrova a defender su postura, denuncia que el sistema actual no tiene las suficientes garantías.
En este nuevo capítulo de ‘Esto merece una explicación’ hablamos con las protagonistas de la historia, Anita Petrova y sus hijas, Ángela y Micaela Petrova, con la abogada Paloma García de Viedma y con el fiscal de menores de Ávila, Raúl Barroso. También analizamos cómo funciona el sistema de protección actual con Gregorio Gómez, director de Infancia de Castilla la Mancha y con los profesionales que gestionan Aldeas Infantiles en Cuenca, donde residen unos 30 menores tutelados por la Administración. La Consejería de Familia de Castilla y León, que gestionó este caso, ha preferido no participar. Este podcast tiene guión de Laura Madrid y realización de Juan Luis Martín.
Tras ocho meses de encarnizados combates, algunas zonas de la región de Jersón están completamente en ruinas. Allí, los voluntarios locales, junto a un equipo de Médicos Sin Fronteras, mantienen activo un precario servicio médico.
"Hogares Compatidos" nace hace diez años el la ciudad de Valencia y tiene como punto de partida la falta de recursos económicos y la soledad.
El último informe de Cáritas -hecho por la Fundación FOESSA, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada- estima en 100.000 los mayores en riesgo de exclusión social en la Comunidad Valenciana. Según el INE, en la Comunitat hay 232.000 mayores de 65 años solos, la cifra más elevada en una década.
Sobre este sustrato nace "Hogares Compartidos", que ha conseguido transformar la vida de 50 personas.
La idea de ayudar así a mayores partió de Pilar Pardo, exdirectora de residencias, y Amparo Azcutia, trabajadora social.
Los demandantes de vivienda son mayores sin casa en propiedad o en situaciones personales que urgen techo. Acuden a la entidad, abonan un porcentaje en función de sus ingresos y la organización gestiona los pagos a los dueños. "Hay personas con bajas pensiones no contributivas, otros que vivían en habitaciones alquiladas, en albergues, o rotando sin estabilidad entre casas de hijos o de amigos" nos cuentan Amparo Azcutia.
Carmen Lázaro y Antonio Soler, dos de los que comparten piso gracias a "Hogares Compartidos", nos explican en Por tres razones que ahora pueden llegar a fin de mes y sentirse acompañados. "Somos una familia".
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La pandemia y la crisis han aumentado las personas que piden ayuda en los bancos de alimentos al tiempo que bajan las donaciones.
Muchas personas que hoy acuden a los bancos de alimentos nunca se imaginaron que un día necesitarían ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Con la subida del precio de la cesta de la compra, también les cuesta cada día más a las organizaciones: ven que sus presupuestos dan para mucho menos y las ayudas escasean.
Foto: EFE/Raúl Caro
Un acto en el Congreso celebra los 50 años de actividad de Médicos sin Fronteras, que piden atención a los conflictos donde siguen siendo necesarios, como el de Siria. Repasan su trabajo su coordinador en esta zona, su directora Marta Cañas y la periodista Rosa María Calaf.
Fran Sevilla y Carlos Mesas, enviados especiales de RNE a Ucrania, visitan la sede de la ONG Mission Kharkiv con su fundador Rostislav Filippenko. Se encuentra en Járkov y reparten medicinas, material oncológico, objetos para superar las duras temperaturas como calentadores y estufas, y tratar de ayudar a los ucranianos a sobrevivir.
A pesar de que el número de personas que intentan cruzar el mediterráneo ha disminuido, ahora esas travesías son mucho más mortales. Un análisis de la situación para los rescates, la legislación marítima y las consecuencias humanas con Antonio Manuel Padrón y Santiago, Capitán de la Marina Mercante; María Jesús Vega, portavoz en España de ACNUR; Anabel Montes, coordinadora de Búsqueda y Rescate del Geo Barents, el barco de Médicos sin Fronteras; y Jaime Rodrigo de Larrucea es Doctor en Derecho y en Ingeniería Náutica. Un reportaje de Antía André.
El tren medicalizado de la ONG Médicos Sin Fronteras evacúa a heridos de guerra desde las zonas del frente bélico. Se puso en marcha hace un año y ahora cuentan con dos trenes que hacen dos viajes a la semana, de casi 30 horas de duración. El tren está preparado con material sanitario, personal médico e incluso cuenta con un vagón UCI. "Se trata de un tren hacia la vida en medio de tanta muerte", nos cuentan Fran Sevilla y Carlos Mesas, enviados especiales.
La guerra ha tensionado el sistema sanitario ucraniano y las organizaciones humanitarias han tenido que adaptarse a las necesidades de la población tanto en las zonas de guerra como en el resto del país, donde millones de personas han buscado refugio y necesitan asistencia médica. Según un informe de cinco ONG avalado por la ONU, el año pasado hubo más de 700 ataques a centros médicos, denegación de acceso a la atención sanitaria e interrupción de admisión de pacientes. Unos 200 sanitarios han sido asesinados, heridos, secuestrados o arrestados. Todo eso ha presionado al sistema sanitario, ya frágil antes de la guerra.
Foto: Un edificio de viviendas bombardeado en la ciudad ucraniana de Zaporiyia (REUTERS/Stringer)
La española Ana Baneira Suárez, de 24 años, quien estaba presa en Irán desde principios de noviembre tras haber sido detenida en el marco de las protestas contra el régimen a raíz de la muerte bajo custodia de Masha Amini, ha sido liberada por las autoridades iraníes. Se espera que la activista, que pertenecía a una ONG de derechos humanos, llegue a A Coruña este lunes.
Foto: La joven coruñesa Ana Baneira Suárez (EFE/Concello Muxía)
Jesús Cruz-Franco, coordinador de país de la Delegación de Cruz Roja Española en Ucrania, nos cuenta que las necesidades de las personas que han atendido durante este año de guerra no han cambiado: "Empezamos distribuyendo comida, mantas y paquetes higiénicos a las personas que se encontraban desplazadas. Esa situación no ha cambiado porque el conflicto sigue activo". Durante estos meses Cruz Roja ha brindado apoyo psicosocial a más de 326.000 personas y Cruz-Franco explica que la salud mental continúa siendo una de las grandes prioridades: "Tenemos que tener en cuenta que prácticamente un tercio de la población tuvo que abandonar sus hogares".
Además, a esta situación humanitaria se une la crisis económica. "Muchísima gente ha perdido sus trabajos y ya no tiene ahorros. En este sentido, intentamos hacer proyectos de recuperación económica para que en aquellas áreas fuera de la línea de conflicto las personas puedan recuperar su actividad y se valgan por sí mismas", nos cuenta.
En Ucrania hay más de cinco millones de personas desplazadas que llevan un año atravesando situaciones muy duras. Paulo Milanesio, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, cuenta que las ONG hacen un trabajo enorme en la salud mental de la población. "Tenemos pacientes con patologías como duelo, insomnio, estrés... La gente mayor y los niños están sufriendo de manera crítica", nos cuenta en Las Mañanas de RNE.
Milanesio asegura que están negociando para poder ayudar también en Rusia. "Sabemos que hay mucha gente atrapada en la línea del frente. Vemos que, a medida que Ucrania avanza, la situación al otro lado puede ser muy crítica", asegura. Médicos Sin Fronteras garantiza el sistema de calefacción en centros de refugiados y centros de salud. "La gente no tiene ropa de invierno, han perdido todo... La sensación de duelo es muy grande".
El centro de desplazados en la ciudad de Irpín se inauguró en 2015, con el inicio de la guerra en el Dombás. "Nuestra ciudad recibió muchos desplazados del Dombás y de Crimea cuando comenzó la guerra y hasta ahora seguimos con muchos desplazados", explica Nadia. Fue a principios del mes de marzo de 2021 cuando los vecinos comenzaron a esconderse. "Nuestro centro, como está en el sótano, era el refugio para los ciudadanos de todos los edificios cercanos". Hablamos también con los voluntarios de la ONG Juntos por la Vida y con Natalia, que es doble refugiada: "Somos del Dombás y es la segunda guerra para mí. Explicamos a la gente que todo pasa y la guerra también pasará, todo volverá a la normalidad".
El terremoto en Turquía y Siria agrava una situación que ya era complicada, especialmente en el noroeste del país sirio. Mati Gomis, subdirectora de Oxfam Intermón en Siria, nos cuenta en Las Mañanas de RNE que un 70% de la población en Siria ya necesitaba ayuda humanitaria. "Vamos a atender a personas que antes del terremoto ya necesitaban ayuda. El domingo esas personas no tenían para comer y ahora se añade que no tienen casa", explica.
El último informe de Naciones Unidas cifra que hay 6 millones de afectados por el terremoto, tanto de forma directa como indirecta, aunque Matis cree que las cifras de afectados y fallecidos aumentarán. "Ha habido edificios enteros colapsados, de 6 y 7 plantas y por cada piso hay 3 o 4 apartamentos. Una familia media en Siria está formada por entre 5 y 7 personas", nos cuenta. Además, la ayuda llega de forma limitada. "Las zonas controladas por el Gobierno tienen un acceso relativamente fácil, pero las controladas por los grupos opositores está siendo más complicado".
El Comité de Emergencia, plataforma que agrupa a algunas de las organizaciones humanitarias más grandes de nuestro país, ha puesto en marcha el protocolo de actuación tras los terremotos de Turquía y Siria. Su portavoz, Eloísa Molina, insiste en que toda ayuda es bien recibida. Las donaciones pueden realizarse a través de su página web www.comiteemergencia.org o por el teléfono gratuito 900 595 216.
Las autoridades francesas intentan probar que esos jóvenes no entran dentro de la jurisdicción del Consejo Departamental (el órgano responsable de proteger a los menores en Francia), tratando de negar de alguna forma su minoría de edad. Así, estos quedan en la calle, sin opciones de acceder además a ningún servicio médico.
El barco de rescate vasco Aita Mari ha recibido la notificación sobre la apertura de un expediente sancionador en relación con varias infracciones detectadas en Italia en 2020, tras una inspección por parte de las autoridades portuarias cuando el buque se encontraba en Palermo. La noticia ha sido recibida con sorpresa porque, como apunta Íñigo Miganjos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, la organización propietaria de la embarcación, en las otras dos inspecciones anteriores no se detectaron deficiencias y adelanta que el proceso que han iniciado para presentar alegaciones no va a impedir que el Aita Mari continúe sus operaciones de rescate. Miganjos asegura que la autoridad italiana está aplicando criterios cuestionables, defiende que cumplen a rajatabla con el reglamento y destaca que este contratiempo está uniendo aún más a la tripulación.
