Begoña Gómez pide que se suspenda el procedimiento contra ella hasta que se resuelvan los recursos

• La defensa de Gómez pide a la Audiencia que, si deniega la petición, ofrezca un nuevo plazo para formular su escrito
• El juez Peinado acusa a la mujer del Presidente de los delitos de tráfico de influencias, malversación o corrupción en los negocios

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una imagen de archivo Eduardo Parra / Europa Press

El equipo jurídico de Begoña Gómez, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que deje en suspenso su causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decida si avala o revoca la propuesta del magistrado de que sea juzgada ante un jurado popular.

Ha sido en un escrito presentado por el abogado defensor, Antonio Camacho, en el que argumenta que no puede continuar el procedimiento hasta que la Audiencia no resuelva los diferentes recursos presentados contra decisiones del magistrado. En concreto, alude al que presentó la Fiscalía contra la resolución en la que Peinado adecuaba la causa al procedimiento del jurado, y el recurso de queja que el propio abogado de Begoña Gómez interpuso contra el auto en el que el juez proponía juzgar a Begoña Gómez y otros dos investigados por un jurado popular.

En caso de que se estime la competencia de un tribunal de Jurado, se ofrezca un "nuevo plazo para la formulación del escrito de defensa". Y señalan que, en caso de ser denegadas sus peticiones, se tenga por interpuesta una protesta, "con expresa reserva de ejercitar cuantos derechos y recursos asistan a esta parte" en defensa de Gómez.

El escrito recuerda que después de que el juez dictase el auto de incoación del procedimiento de Tribunal de Jurado, la defensa de Begoña Gómez formuló "en tiempo y forma" el correspondiente recurso de reforma, ya que a su entender no estaban presentes los requisitos necesarios, como "la ausencia del más mínimo indicio de la comisión de los delitos por los que se tramita el presente procedimiento". Un recurso que fue desestimado y contra el que se interpuso recurso de apelación, aún pendiente. El juzgado dictó un auto de continuación del procedimiento que también fue recurrido por la defensa de Gómez, que fue admitido a trámite y está pendiente de resolución.

"Resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance"

"Resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance --requiriendo a las partes acusadas la formulación de sus escritos de defensa y, en definitiva, encaminándose hacia la celebración del juicio oral-- cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento", argumenta el defensor de Gómez. Asimismo, subraya que "falta el resultado de al menos cuatro informes que han sido pedidos a la UCO de la Guardia Civil" y la declaración de un testigo propuesta para esta semana, el empresario José María Torres, por lo que "aún no han finalizado las diligencias".

La defensa de Gómez indica que "permitir que el procedimiento avance" supondría "vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva", "comprometer el derecho a un proceso con todas las garantías" y "generar un riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior". También insiste en que se podría producir "una situación de indefensión material".

Camacho cree que, "desde una perspectiva de economía procesal, resulta manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento". A su entender, "la estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas".

Hace una semana, el magistrado rechazó los recursos en que los tres investigados en la causa: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés, pedían el archivo de la investigación, e insistió en enviarla a un juicio por jurado popular, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

La Audiencia frenó la decisión de Peinado de acudir a un Jurado Popular

El pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid frenó la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados del órgano superior que resuelve los recursos contra las decisiones de Peinado, argumentaron que no había "indicios concluyentes y consistentes".

Días después, el juez dictó una nueva resolución en el mismo sentido que será de nuevo evaluada por la Audiencia.

El juez Peinado decidió cerrar la instrucción el pasado mes de abril y proponer enviar al banquillo frente a un jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, al que acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En aquel auto, aludía, al abordar el presunto tráfico de influencias, a que para encontrar conductas similares a las que atribuye a la esposa de Pedro Sánchez "más propias de regímenes absolutistas", habría que remontarse al reinado de Fernando VII.

La acusación popular que lidera Hazte Oír en la causa solicita, en su escrito de acusación, la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa del jefe del Ejecutivo, así como prohibición de salida del país y retirada del pasaporte por "evidente riesgo de fuga". También pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa y seis años de cárcel para el empresario Barrabés. La asociación lo hace en nombre de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.