El Gobierno aprueba el proyecto de ley que frena la gestión privada de la sanidad pública
- El texto, que inicia ahora el trámite parlamentario, limita la gestión indirecta a "situaciones excepcionales"
- El Consejo de Ministros reforma también el copago farmacéutico con más tramos para beneficiar a rentas bajas
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El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que busca poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos y reforzar una mayor supervisión económica y asistencial de aquellos que estén en manos de compañías privadas, facilitando así la reversión de modelos como el de Quirón o Ribera Salud.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha destacado que el objetivo es "priorizar la gestión publica y directa y limitar la externalización en materia sanitaria".
"Dicho de otra forma: La norma blinda la sanidad publica exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada y garantizando la equidad y la calidad en todos los centros del sistema nacional de salud", ha remarcado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La norma, que inicia ahora la tramitación en el Congreso en medio de una complicada aritmética parlamentaria, consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria y deroga la Ley 15/1997, que durante el primer Gobierno de José María Aznar abrió la puerta a nuevas formas de gestión privada del sistema sanitario y, por ende, a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón en Madrid o el Alzira valenciano de Ribera Salud.
"Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad publica para el negocio de unos pocos", ha subrayado en la rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García.
Según el Ejecutivo, el texto refuerza la "transparencia y la rendición de cuentas" y obliga a la publicación periódica de indicadores de salud y calidad de los servicios.
Establece "mecanismos de asesoramiento" a través de la Alta Inspección para aquellas comunidades autónomas que decidan iniciar procesos de "reversión" a la gestión pública y prohíbe los contratos en los que una empresa privada asuma tanto la construcción de infraestructuras como la gestión de la prestación sanitaria. La nueva normativa limita la gestión indirecta a "situaciones excepcionales", permitiéndola solo cuando no sea posible la prestación directa.
"A partir de ahora, para recurrir a ella, una Administración deberá justificar de forma objetiva que no puede prestar directamente el servicio, que no tiene la capacidad de prestar ese servicio. Tiene que acreditar que la formula elegida es sostenible y eficiente, es transparente. Y demostrar que se garantiza la calidad, continuidad, accesibilidad y la equidad en la atención sanitaria", ha enfatizado García, que ha adelantado la preferencia por el sector social. "Se van a priorizar las entidades sin animo de lucro dentro del marco permitido por la normativa de contratación y del derecho europeo", ha agregado.
Según Sanidad, la proliferación de modelos privados en las últimas décadas ha derivado en "fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional". Alega que se basa en estudios internacionales, incluyendo un análisis de 38 países de la OCDE que concluyó que no existe evidencia favorable hacia la privatización en términos de eficiencia, mostrando que los sistemas públicos hacen un mejor uso de los recursos.
Polémica por la gestión de hospitales
Ya en febrero pasado el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley, dos meses después de que la ministra García anunciara que su cartera ultimaba la norma para "poner coto al ánimo de lucro", con el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, como telón de fondo. La polémica estalló en diciembre, a raíz de unos audios en los que su CEO, Pablo Gallart, pedía subir las listas de espera para aumentar los beneficios, que, según el directivo, que acabó dimitiendo, estaban "tergiversados".
García ya aclaró entonces que no se iba a limitar la colaboración público privada ni los conciertos, pero sí "poner veto a este tipo de contratos como el de Torrejón o el de Quirón" y a que las empresas privadas utilicen a la sanidad pública "para enriquecerse y hacer negocio". La titular de Sanidad se mostró en ese momento consciente de la dificultad de sacar adelante el texto en el Congreso, dada la "aritmética parlamentaria compleja", aunque se mostraba confiada en que, tras la controversia de Torrejón, todos los partidos fuesen conscientes de la necesidad de impulsar la norma.
Tras la aprobación del anteproyecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno de querer "acabar con la sanidad" en esa región y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione". Auguró además que el texto no saldrá adelante cuando llegue al Congreso y defendió mantener su modelo de sanidad, con varios hospitales públicos concesionados a gestores privados, para hacer frente al crecimiento demográfico y al envejecimiento.
La norma impulsada exhibe, según dijo en febrero la líder del PP madrileño, la "absoluta obsesión" del Ejecutivo central con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y aseguró que en otras regiones como Cataluña se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas.
En la Comunidad de Madrid hay cinco hospitales de titularidad pública y gestión privada, la mayoría concesionados a Quirón: la Fundación Jiménez Díaz (Madrid); el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles); el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro); y el Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba). A ellos se suma el de Torrejón, gestionado por Ribera Salud.
Reforma del copago farmacéutico para beneficiar a rentas bajas
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado también una reforma del sistema de copago farmacéutico que lo hace más proporcional a los ingresos de los ciudadanos, para lo que se introducen cuatro nuevos tramos y topes mensuales de aportación progresivos para blindar la equidad y proteger a las rentas medias y bajas.
A través de un Real Decreto-ley, se adapta la aportación farmacéutica a la capacidad económica de la ciudadanía y mejora la protección para pacientes polimedicados. Incorpora nuevos tramos de aportación y topes mensuales progresivos en función de la renta sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.
Según fuentes del Ejecutivo, la medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros y busca reducir desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos.
"El sistema actual tenia problemas importantes, donde había un mayor problema de adherencia terapéutica. Había pacientes que no podían pagarse la medicación", ha señalado la ministra, que ha indicado que la reforma no supone un aumento de lo que pagan a día de hoy los ciudadanos por las medicaciones. "Es al contrario. El Estado nos hacemos cargo de una mayor cuantía de lo que cuestan los medicamentos. Reducimos lo que deben aportar las rentas bajas y medias", ha remarcado.
Por otro lado, el Gobierno ha autorizado también la distribución de 39 millones de euros para actuaciones del Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones de euros para el desarrollo del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
