El Congreso aprueba reformar la ley de memoria democrática con más indemnizaciones a víctimas del franquismo
- Habrá una indemnización de 250.000 euros a "quienes fallecieron en defensa de las libertades y los derechos democráticos"
- El Gobierno se abre a aceptar cambios propuestos por sus socios, como la ampliación de casos hasta 1983
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley que modifica la ley de memoria democrática para reconocer e indemnizar a quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por su lucha en defensa de la democracia, como el sindicalista andaluz Manuel José García Caparrós.
Y lo ha hecho después de que el Gobierno aceptara incluir los cambios propuestos por sus socios, principalmente la ampliación de casos hasta 1983 exigida por ERC.
El texto establece una indemnización de 250.000 euros a "quienes fallecieron en defensa de las libertades y los derechos democráticos", de 180.000 euros en caso de incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros en caso de gran invalidez.
El real decreto ley ha sido convalidado con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP, Vox y UPN, que han votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.
Además, el pleno ha aceptado tramitar ahora esta iniciativa como proyecto de ley, tal y como se había comprometido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para así permitir a los grupos introducir cambios a través de enmiendas.
Lo ha hecho después de que socios de investidura del Gobierno como ERC, Bildu, Podemos o el BNG hayan mostrado una postura muy crítica en sus intervenciones en el pleno, al denunciar que el real decreto ley es insuficiente y que el margen temporal previsto en el texto original, fijado entre 1968 y 1978, se queda corto.
Una vía para indemnizar a la familia de Caparrós
Esta iniciativa ha sido la vía que ha encontrado el Gobierno para poder indemnizar a la familia de Caparrós, muerto por un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, después de que el Ministerio del Interior rechazara considerarlo víctima del terrorismo de Estado.
El propio Torres ha informado de que la comisión creada para analizar posibles indemnizaciones ha recibido en una primera tanda 18 solicitudes y ha aceptado 15, entre ellas la de la familia de Caparrós.
La indemnización a las víctimas que perdieron su vida en defensa de la democracia estaba recogida en la anterior ley de memoria histórica, de 2007, con un periodo concreto comprendido entre el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, pero la familia de Caparrós no solicitó esta reparación en su momento, según han confirmado a EFE fuentes socialistas.
El caso de Salvador Puig Antich
ERC ha anunciado este jueves en una nota de prensa que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para extender las indemnizaciones hasta el 31 de diciembre de 1983, además de ampliar el plazo para presentar solicitudes de uno a tres años y flexibilizar los criterios para la consideración de víctimas.
"Si no corregimos el real decreto, no se podría acoger a los beneficios de las indemnizaciones la familia de Salvador Puig Antich", ha señalado en el pleno el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, en alusión al activista que fue el último ajusticiado a garrote vil en el franquismo, en marzo de 1974.
En este sentido, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha denunciado que la ley "opta por hacer una definición restrictiva de víctimas, excluyendo a quienes estaban vinculados a acciones violentas contra el franquismo".
Por su parte, el PP ha acusado al Gobierno de usar la ley de memoria como "cajón de sastre para dar salida a situaciones que legalmente no son viables", y Vox ha reprochado al Ejecutivo que "indemnizan con muchísimo menos dinero" a las víctimas de la dana y del accidente de tren de Adamuz (Córdoba).
