El Pazo de Meirás: de símbolo de poder del franquismo a emblema de la reivindicación de la memoria democrática
- Propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán, pasó a manos de Franco en 1941 de manera irregular
- La justicia dictaminó su titularidad pública en 2021 tras una reclamación impulsada por la presión popular
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El Pazo de Meirás es, junto al Valle de los Caídos y el Palacio de El Pardo, uno de los principales símbolos de poder de la dictadura de Franco (1939-1975). Su incorporación al patrimonio personal del dictador, pese a tratarse de un bien que pertenecía a la Jefatura de Estado, es un ejemplo del uso discrecional de los recursos públicos durante aquel régimen.
La lucha de las administraciones y de los colectivos y asociaciones para defensa de la memoria democrática logró que en 2020 la justicia dictaminara que la construcción era patrimonio del Estado y no de los herederos de Franco, que incluso habían llegado a poner la finca a la venta unos meses antes.
De Pardo Bazán a Franco
El origen del Pazo de Meirás —ubicado en el concello de Sada, a pocos kilómetros de A Coruña— se remonta a finales del siglo XIX, cuando la escritora gallega Emilia Pardo Bazán inició la construcción del edificio en una finca familiar, en la que ya existió una fortificación del siglo XVI, posteriormente destruida.
Pardo Bazán se casó en 1868 en la capilla de la llamada 'granja de Meirás', que heredó a la muerte de su padre. En 1893 puso la primera piedra de la nueva construcción, conocida como las Torres de Meirás y diseñada al estilo de los edificios 'neomedievales', de moda en aquel momento.
Meirás se convirtió en lugar de retiro y escritura para la autora gallega, sobre todo la llamada 'Torre de la Quimera', lugar donde ubicó su amplia biblioteca. En sus muros y torres dejó impronta de su trabajo y personalidad, con los títulos de algunas de sus obras esculpidos en los capiteles y en la fachada.
Tras la muerte de Emilia Pardo Bazán, en 1921, la propiedad pasó a manos de su hija, Blanca Quiroga de Pardo Bazán, y de su nuera, Manuela Esteban-Collantes, viuda de su hijo Jaime. Incapaces de soportar los gastos de mantenimiento que generaba el Pazo, las nuevas propietarias trataron de donarlo a los jesuitas, pero no hubo acuerdo.
Donación al jefe de Estado
En marzo de 1938, con la Guerra Civil ya claramente inclinada del bando de los sublevados, se creó la Junta pro Pazo del Caudillo, de la que formaban parte autoridades locales y provinciales y empresarios de la zona, con el objetivo de adquirir el Pazo de Meirás para la Jefatura de Estado. La compra se acometió a través de un crédito bancario que se sufragó con donaciones voluntarias para cubrir los algo más de 400.000 euros que costó la operación. Pero las aportaciones fueron insuficientes, por lo que se decidió llevar a cabo suscripciones forzosas para cubrir la cantidad.
"Hoy cualquiera puede negarse a contribuir si no está de acuerdo con el fin. En ese momento, una familia de Meirás o de Sada, a la que llama a la puerta un grupo de falangistas o de fuerzas vivas de la localidad para pedirle que contribuya a obsequiar en ese momento a Franco con una residencia de verano, el hecho de decir ‘no’ es que no estaba ni siquiera contemplado", asegura Manuel Pérez Lozano, historiador y coautor del libro Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio en una entrevista para el programa Crónicas de TVE.
Tras cerrarse la venta, los familiares de Pardo Bazán no pudieron acceder al Pazo para recuperar las pertenencias y objetos personales de la escritora, que pasaron a formar parte de la operación. Además, a la extensión de terreno inicial se fueron añadiendo algunas fincas cercanas mediante expropiación forzosa hasta alcanzar las 6,6 hectáreas.
Compra simulada
Ya que la compra por parte de la junta no se reflejó en documento alguno, y dado que se trataba de una donación a la Jefatura de Estado y no a Franco personalmente, en 1941 se realizó una compra simulada, por la cual el dictador adquiría la propiedad por 85.000 pesetas a la misma persona que ya la había vendido previamente, una cantidad que Franco no pagó. Una operación en la que resultó fundamental la intervención del empresario Pedro Barrié de la Maza, amigo personal del caudillo y que, a la postre, fue decisiva para que la justicia dictaminara su condición de Patrimonio del Estado.
"Es una escritura fraudulenta en la que lo único que se pretendía era convertir una donación a la jefatura del Estado en una compra personal de Francisco Franco, para que él lo pudiera inscribir como una propiedad particular, no como una propiedad del Estado", afirma Manuel Pérez Lozano.
Durante los años de la dictadura, el Pazo de Meirás se convirtió en el lugar de vacaciones de la familia Franco. El puerto de Sada fue remodelado y allí amarraba con frecuencia el Azor, el yate de pesca del caudillo, otro de sus símbolos de poder.
"Los viajes de Franco a A Coruña en su tiempo de vacaciones reflejaban lo que el régimen quería ofrecer de sí mismo, casi un retorno a la Edad Media, un período de paz, de orden, que reflejaba —desde su manera propagandística, evidentemente— una imagen de que la dictadura ofrecía este remanso de paz", asegura el catedrático de Historia Contemporánea Emilio Grandío en una entrevista en el programa de RNE Memoria es democracia.
Impunidad pese al retorno de la democracia
Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el Pazo de Meirás pasó a ser símbolo de la impunidad del régimen anterior, con la imagen de la viuda del dictador, sus hijos y nietos disfrutando como propietarios de una finca que les fue legada en herencia. Una situación que los gobiernos democráticos de la época no trataron de revertir.
Pero para muchos de los habitantes del lugar, Meirás era un emblema de los abusos del poder que padecieron sus antepasados, muchos de los cuales tuvieron que dejar forzosamente sus propiedades. Es el caso de la familia de Carlos Babío, coautor del libro Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio: en 1955, su abuela vio cómo su humilde casa de labradores era transformada en residencia para los guardias civiles que vigilaban la zona, sin poder levantar la voz por ello.
"Para nosotros, el pazo significaba silencio, ocultación, anormalidad. La represión y el dolor dejan esa huella. La impunidad no es más que eso. Y es muy duro que una democracia ofrezca como solución al dolor y a la reparación la amnesia y el silencio", dice Babío en un reportaje del programa Crónicas.
Fruto de la presión popular
La presión popular comenzó a dar sus resultados. En 2008, el Gobierno gallego aprobó que el Pazo de Meirás fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que conllevaba su apertura gratuita al público al menos cuatro días al mes. Aunque la familia Franco se opuso a la resolución, el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la Xunta y en 2011 el pazo abrió sus puertas a los visitantes.
Pero el clamor en torno al Pazo de Meirás fue en aumento, sobre todo tras conocerse que, tras la muerte en 2018 de Carmen Franco, hija única del dictador, sus herederos habían puesto a la venta la finca a través de un portal inmobiliario.
Ese mismo año, el Parlamento de Galicia, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, realizó una petición para reclamar la titularidad pública del edificio y, en 2019, el Gobierno central presentó una demanda judicial con ese objetivo.
Una sentencia histórica
El resultado fue la histórica sentencia del 2 de septiembre de 2020, por la que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña condenaba a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás por ser una propiedad del Estado y concluir que el inmueble fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal.
El texto dictaminaba que el contrato de compraventa de 1941 era "una simulación" por parte del dictador “con el solo objeto de poner el bien a su nombre”. Además, añadía que el pazo "no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado" y declaraba la nulidad de la donación de la finca a Franco en 1938 "por carecer del requisito esencial de forma". El 10 de diciembre de 2021, más de 80 años después, los herederos del caudillo entregaron al Estado las llaves del Pazo de Meirás, que pasó a ser parte, ahora sí, del patrimonio público, aunque está pendiente que el Supremo resuelva los recursos presentados por los Franco.
Los Franco también recurrieron a la justicia para reclamar la titularidad de más de 500 bienes de pazo, pero una nueva sentencia dictaminó que los objetos, muchos de ellos pertenecientes a Emilia Pardo Bazán, eran propiedad del Patrimonio Nacional.
El pasado 3 de septiembre, el BOE publicó la incoación del expediente para declarar Lugar de Memoria Histórica el Pazo de Meirás, aunque los trámites se han retrasado, según el Gobierno, por la falta de una sentencia firme, una situación que disgusta a los colectivos memorialistas.
La rehabilitación y reparación pasa, sin duda, por esa declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria, cerrando de este modo una herida que ha permanecido abierta durante más de ocho décadas para muchos vecinos de este enclave coruñés, relacionado durante años con el poder de la dictadura franquista.
