Julio Iglesias pide que se archive la investigación para detener el daño reputacional
- Su abogado ha presentado un escrito de 15 páginas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional
- Alega la falta de jurisdicción frente a las denuncias por agresión sexual de dos exempleadas
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El abogado de Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas. El artista ha negado las acusaciones.
En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, su abogado José Antonio Choclán considera que los tribunales españoles "carecen de jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado", teniendo en cuenta que las denunciantes no son españolas ni son menores de edad y que el cantante reside habitualmente en Punta Cana.
Argumenta que la denuncia debería haber sido interpuesta en la República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía "debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional".
Investigación en España
"Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión", critica el letrado, que apunta a que Women's Link, que ha presentado la denuncia en nombre de las víctimas, "ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación".
Para Choclán "no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente".
El abogado también reclama personarse en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia, con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, "que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía".
Defensa del honor
De este modo, añade, se podría acreditar "la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso".
Choclán lamenta que su cliente conozca los hechos que se le atribuyen a través de los medios de comunicación "mediante la filtración de la denuncia y la concesión de entrevistas a un medio de comunicación determinado, de la que se han hecho eco múltiples medios con el consiguiente perjuicio reputacional", en alusión a la publicación del Diario.es en colaboración con Univisión Noticias.
"En esta situación, no podrá invocarse la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia a través de una asociación cuyo asesoramiento legal, según se dice, ha sido aceptado por las denunciantes", argumenta el letrado.
Intervenir en el procedimiento
A su juicio, "parece evidente que aquel contra el que se dirige la denuncia debe tener la posibilidad de intervenir en el procedimiento, ya en la propia fase de diligencias de investigación de la Fiscalía, y no remitirle a que la información la vaya obteniendo a través de los medios de comunicación".
"Las supuestas víctimas no pueden pretender al mismo tiempo dar publicidad a su denuncia, concediendo entrevistas (en el supuesto de que lo hubieran hecho), y acto seguido invocar su necesidad de protección o reserva, lo que supondría una anómala situación procesal", abunda el escrito.
Para el abogado, al no haberse mantenido "la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer".
Argumenta además que el legislador no ha previsto la posibilidad de que las diligencias del Ministerio Fiscal puedan ser declaradas secretas y señala que el hallazgo de indicios de criminalidad para la adopción de esta medida habría motivado el ejercicio de la acción penal.
Abusos y acoso laboral
Dos antiguas trabajadoras del cantante -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo.
Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos ocurrieron en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.
La empleada, que afirma haber sufrido penetraciones, sostiene que Julio Iglesias, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación al acabar la jornada laboral: "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista.
Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que era su superior jerárquica. Las afectadas hablan de "condiciones de aislamiento, conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".
Los hechos habrían tenido lugar en las residencias del cantante en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.
