Junts logra que prospere la Ley contra la multirreincidencia y se votará en el Congreso en febrero
- PSOE y PP apoyan la proposición, mientras que la mayoría de la investidura se desmarca
- El texto propone castigar con hasta 3 años de cárcel los hurtos reiterados por valor de menos de 400 euros
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Después de estar meses en un cajón, la proposición de Ley de multirreincidencia propuesta por Junts per Catalunya ha logrado este miércoles un paso fundamental. La comisión de Justicia del Congreso ha avalado el dictamen definitivo del texto, de modo que la ley está lista para que se vote en una de las sesiones plenarias previstas para el mes de febrero. No será de plena aplicación, sin embargo, hasta que pase el trámite en el Senado y vuelva al Congreso, aproximadamente en abril del año que viene.
La formación independentista ha contado con los votos a favor del PSOE y del PP después de negociar parte de la redacción de la norma. También se han sumado PNV y Vox. No cuenta, sin embargo, con el apoyo de varias de las formaciones que componen la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra, por ejemplo, se ha abstenido; Sumar y Eh Bildu, han votado en contra.
Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del 2024 y estuvo bloqueada hasta hace un mes, cuando los socialistas la sacaron adelante tras la ruptura con la formación independentista.
La reforma introduce agravar la multirreincidencia, de modo que los hurtos de menos de 400 euros (y que antes no comportaban cárcel) puedan ser castigados con penas de hasta 3 años de prisión en el caso de que la persona delincuente haya estado condenada al menos tres veces por delitos similares.
Junts defiende la "practicidad" de la norma y remarca que no es "populista"
La propuesta de Junts sobre multirreincidencia se ha acelerado tras anunciar la ruptura de relaciones con el PSOE. Los socios de izquierdas del Gobierno siempre se habían mostrado disconformes con el texto, que la tildaban de "populista" y de comprar el relato de la extrema derecha.
Justamente, este miércoles la formación de Carles Puigdemont ha querido desmarcarse de esta visión. Ha sido la diputada Marta Madrenas quien ha defendido que la ley es "práctica, quirúrgica y necesaria" y que se ha elaborado teniendo en cuenta la opinión de abogados, fiscales, académicos y magistrados. Y ha remarcado que durante la tramitación se han añadido mejoras de otros grupos, como por ejemplo un incremento de las penas para los robos de teléfonos móviles. También ha querido dejar claro que "tildar esta ley de populista se aleja de la realidad".
PSOE y PP se alinean con Junts, Sumar vota en contra
PSOE y PP se han alineado esta vez con los postulados de Junts. Para la socialista Mercè Perea, esta reforma es una demostración de la "política útil" y supone atender las demandas de los ciudadanos, y sostiene que con esta ley "la multirreincidencia tiene los días contados". Desde el PP, Santi Rodríguez se ha felicitado por la aprobación de la norma, que acabará según él "con la sensación de inseguridad". También han defendido la ley Vox y PNV.
Parte de la mayoría de investidura, en cambio, se ha desmarcado del texto. Esquerra se ha abstenido porque responde "a los intereses políticos del momento", según la diputada Pilar Vallugera. Sumar ha votado en contra al considerar "que no va a reducir los hurtos", ha dicho Enrique Santiago. Tampoco se ha unido Eh Bildu, después de que Jon Iñárritu haya insistido en que la ley se debe "a un impulso populista y que alimenta a la extrema derecha".
La reforma agrava la multirreincidencia con pena de cárcel
La reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo de hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de hasta tres años si la persona delincuente ha sido condenada previamente por otros tres delitos menos graves.
También se ha añadido la previsión de castigo por multirreincidencia a los casos de estafa con ánimo de lucro. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado. Otro de los elementos pactados entre los partidos es que se podrá prohibir a los delincuentes "acudir a determinados lugares, barrios, municipios o provincias" o comunicarse con determinadas personas.
