Un juez pide a un ex alto cargo de Ayuso que documente su alerta sobre los protocolos en las residencias
- Peromingo ha reiterado que los protocolos que restringieron el traslado de mayores eran "excluyentes y discriminatorios"
- Carlos Mur y Pablo Busca estaban citados este martes como imputados en otro juzgado pero no acudieron
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Han pasado cinco años y todavía no se sabe con exactitud cuántos ancianos murieron durante la pandemia en las residencias madrileñas. En el marco de la investigación por una de esas muertes, la de una residente de Sanitas Torrelodones, el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba ha llamado a declarar a tres ex altos cargos de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sólo uno se ha presentado, Francisco Martínez Peromingo, considerado ideólogo de los protocolos que restringieron el traslado de mayores a hospitales. En su declaración, Peromingo ha reconocido que se contemplaron criterios "excluyentes y discriminatorios" y así lo comunicó a Carlos Mur.
El juez le ha pedido que entregue los mensajes con esas alertas.
Este miércoles también estaban citados Carlos Mur, entonces director de Coordinación Socio Sanitaria, y Pablo Busca, responsable de las ambulancias durante la pandemia. Ambos estaban llamados a comparecer como investigados por una de las causas en las que se investiga la posible denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a residentes de centros de mayores durante la primera ola de la pandemia. Pero ninguno de ellos se ha personado ante el juez.
La abogada de las familias adelantó ayer que solicitará que se dicte una orden de busca y captura contra ambos por eludir la acción de la Justicia.
Las víctimas piden que Busca y Mur sean puestos en busca y captura
En este procedimiento, una causa instruida por la muerte de una residente de Sanitas Torrelodones, también figuran como investigados los geriatras de enlace del Hospital Puerta de Hierro y del Gregorio Marañón.
El único ex alto cargo que ha comparecido, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha reiterado que los protocolos remitidos a los geriatras en marzo de 2020 eran "discriminatorios". En una declaración en la que según ha detallado el abogado de las familias de las víctimas de residencias, Carlos Castillo, ha intentado desligarse de la responsabilidad. Peromingo ha afirmado que advirtió personal y repetidamente a Carlos Mur por escrito y por WhatsApp su desacuerdo con los criterios de estos protocolos. Tras ello, el magistrado ha solicitado que aporte al juzgado los correos y WhatsApp que acreditan dicha afirmación, ya que le exculparía del delito.
El que fuera responsable de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, firmante de los protocolos, y el máximo responsable durante la pandemia del Summa 112, Pablo Busca, no han sido notificados en los domicilios previstos y no se han presentado ante el juez. Por ello, Castillo ha añadido que solicitarán al Juzgado que se lleven a cabo todos los trámites necesarios para que comparezcan en sede judicial, que sean notificados en los domicilios en los que puedan encontrarse o que sean puestos en busca y captura como cualquier persona que está denunciada por un delito y que se está evadiendo de la justicia.
Martínez Peromingo "se opuso a las primeras versiones" de los protocolos
Martínez Peromingo, que sucedió a Carlos Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares -los abogados de las asociaciones de víctimas- y sí ha respondido a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su propio letrado.
En esa declaración ha aludido a una reunión que tuvo lugar el 13 de marzo de 2020 en la que se les indicó a los geriatras de enlace que se iban a medicalizar las residencias, aunque ha admitido que en la zona en la que él actuaba no tiene constancia de que se hubiera derivado ningún médico ni ningún tipo de personal sanitario a las residencias.
Asimismo, según Castillo, Martínez Peromingo ha explicado que los documentos que le enviaron a Carlos Mur, estableciendo una serie de criterios de tratamiento para las personas que venían de las residencias, "no son los mismos que luego el señor Mur envió en sus correos y que ellos consideraron discriminatorios y rechazaron".
Se distribuyeron a los hospitales cuatro versiones de los protocolos, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. Martínez Peromingo ha declarado en sede judicial que "él se opuso a las primeras versiones" porque incluían criterios que podían ser "discriminatorios", aunque está de acuerdo con la "última versión" porque "los criterios que se establecían no eran discriminatorios".
La causa de las residencias se reactiva
Los tres ex altos cargos del gobierno de Ayuso fueron también citados el martes en la por el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que investiga la gestión de las residencias durante la Pandemia. Unas declaraciones con las que se ha reactivado esta la causa tras meses de paralización.
Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la finalidad de unir los mismos hechos en una macrocausa, pero el magistrado rechazó la solicitud y ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.
También declaró el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, quien negó conocer los protocolos investigados y afirmó que únicamente aplicó criterios clínicos propios. Admitió que el padre de la denunciante no fue trasladado al hospital, pero no supo precisar su diagnóstico.
