El supuesto ideólogo de los protocolos de las residencias de Madrid admite que eran "discriminatorios" al excluir por patologías
- Las familias pedirán la busca y captura de Mur, firmante del protocolo, y de Busca, que gestionaba ambulancias
- También han sido citados a declarar este miércoles ante otro juzgado de Collado Villalba
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El ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado ideólogo del protocolo por el que no se derivó a usuarios de residencias de ancianos a hospitales en la primera oleada de la pandemia en 2020 ha admitido en su declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Plaza Castilla que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios" al excluir por patologías y que él mismo lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur, entonces responsable del área que firmó el protocolo.
A la citación para declarar en la causa que investiga la querella de la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo no han acudido ni Mur, que entonces era director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco Pablo Busca, que era responsable del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que gestionaba las ambulancias públicas. La defensa de las familias de los fallecidos en residencias de Madrid en la pandemia que ejerce Alejandra Jacinto, ha anunciado que pedirá la busca y captura de ambos.
Según ha asegurado Peromingo en su declaración, él se limitó a revisar borradores y la elaboración de los documentos partió de Mur —al que sucedió después en el cargo— indicando además que las residencias no estaban medicalizadas. Y ha negado haber participado en idear esa estrategia de protocolos ante el juez que investiga la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.
Por su parte, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón ha declarado que no tuvo constancia de ningún protocolo de exclusión hospitalaria y que únicamente aplicó criterios clínicos propios durante la pandemia. Admitió además que el paciente de este caso no fue derivado al hospital, aunque no pudo precisar detalles de diagnóstico.
"Queremos que todas las personas declaren para ver qué responsabilidades hay. Es evidente que una persona como director general toma esas decisiones no por si solo. Puede tirar de la manta pero tiene que dejar de eludir la acción de la Justicia", ha aseverado la abogada al respecto.
La acusación pedirá a la Justicia la busca y captura de Mur y Busca
En declaraciones a los periodistas, Jacinto ha calificado como un "absoluto chasco y una absoluta vergüenza" que Mur, firmante del protocolo de no derivación de residencias a hospitales y director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño en marzo de 2020, haya logrado "eludir la acción de la justicia".
En este sentido, ha detallado que el Juzgado ha alegado que "no ha podido ser citado" y que "no le encuentran", pese a haberlo intentado en "tres o cuatro ocasiones" de todas las maneras posibles. Lo cierto, afirma Jacinto, es que "este señor parece estar desaparecido o incluso detrayendo la propia acción de la justicia".
Por todo ello, ha manifestado, desde la acusación se va a solicitar que se le ponga en búsqueda y captura al considerar que no puede "seguir burlando la acción de los tribunales y, sobre todo, burlando también el dolor de las víctimas, que tienen todo el derecho del mundo a tener una investigación en condiciones".
Una solicitud que también presentarán contra Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas, y que tampoco ha acudido este martes a los juzgados. Su no asistencia es para Jacinto "inentendible", ya que el investigado estaría trabajando en el Gobierno vasco y, por tanto, "localizable a todas luces".
También deberán prestar declaración este miércoles, pero esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, a partir de las 10:00 horas, en este caso, por la querella presentada por el familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.
El origen de estos procedimientos está en actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante la primera ola de la pandemia. En los procesos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.
El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.
La decisión sobre el juzgado competente, todavía pendiente
Unas semanas más tarde, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés también suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos". El abogado de Martínez Peromingo solicitó la inhibición.
La decisión sobre cuál es el Juzgado competente para decidir sobre decenas de causas judiciales está pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid. El Juzgado 3 de Madrid no aceptó acumular las causas.
Además, mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima. En diversos procedimientos se han presentado recursos sobre las decisiones judiciales adoptadas, que son los que deberá resolver la Audiencia Provincial de Madrid.
Díaz Ayuso ha afirmado que las causas judiciales que investigan la asistencia en las residencias madrileñas durante la pandemia constituyen una "operación de Estado" que busca alimentar "el negocio de cuatro frustrados que buscan o vender libros o que se les vuelva a hacer casito en unas listas electorales". Ve una "operación política" que intenta "decirle al pueblo de Madrid que no sabe lo que vota y que son tontos, que los madrileños no saben lo que pasó en la pandemia".
Fuentes de la Comunidad de Madrid a RTVE señalan que los juzgados ya han desestimado en más de 140 ocasiones las denuncias de estas plataformas.
Las familias de los fallecidos en las residencias reclaman una macrocausa
Tras las declaraciones, la hija del residente fallecido ha lamentado la ausencia de los dos exaltos cargos y ha reivindicado la necesidad de esclarecer responsabilidades políticas y administrativas después de ya que las declaraciones se habían suspendido en otra citación anterior.
"Llevamos casi seis años esperando justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono", declaró a la salida de los juzgados. Para la acusación, la no comparecencia de Mur justifica la petición inmediata de órdenes de búsqueda y captura, una decisión que ahora deberá valorar el juzgado instructor.
Las familias de los ancianos que murieron en las residencias buscan acabar con la fragmentación del procedimiento y que se abra una macrocausa, como se ha hecho con las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. Así lo ha explicado María Jesús Valero, miembro de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, de familias de residentes que murieron sin asistencia sanitaria en la primera ola de la pandemia.
Valero ha señalado que esperan que el juez investigue la documentación que en octubre de 2024 presentaron de forma colectiva 109 denunciantes y ha denunciado que "lo único" que han recibido del Gobierno de la Comunidad de Madrid son "exabruptos, insultos y vejaciones".
