El Ministerio de Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los gestionados por Quirón
- La ministra alerta de una "privatización estructural" porque el 30% de los hospitales públicos ya son de gestión privada
- Las pólizas privadas casi se han duplicado desde 2018, aunque los españoles prefieren la sanidad pública en casos graves
El Ministerio de Sanidad ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón, que en los últimos años han incrementado su presupuesto "de manera absolutamente obscena".
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que ha presentado el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)', en el que se alerta de la creciente dependencia del sistema sanitario español de los centros de gestión privada.
El estudio concluye que esta colaboración ha pasado de ser un "recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural", lo que implica desviar una parte sustancial del presupuesto público hacia empresas cuya "lógica responde al beneficio, no al interés general".
La Comunidad de Madrid: no se han registrado deficiencias en Torrejón
Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este martes que no se han registrado deficiencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público de gestión privada, pero ha advertido que si se comprueba algún tipo de negligencia en la gestión "no le va a temblar una pestaña" y no se descartaría incluso rescindir el contrato.
"En los pliegos todo está contemplado, como digo, no solo en este hospital, sino en todos", ha apuntado la máxima responsable de la Sanidad madrileña al ser preguntada en un desayuno informativo de Europa Press sobre qué medidas podría adoptar la Comunidad de Madrid en caso de que se demuestre que pudo haber algún tipo mala praxis en la gestión del Hospital de Torrejón.
Mientras, Emmanuel de Geuser, el presidente de Ribera Salud, la empresa que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, ha negado que se haya dado ninguna instrucción a los profesionales de ese centro y ha anunciado posibles acciones legales ante las "gravísimas y falsas acusaciones" vertidas contra su grupo en varios medios de comunicación. Así lo ha trasladado en una nota de prensa tras la reunión que ha mantenido con la consejera Matute.
La sanidad privada crece a costa de la pública
El informe, que analiza las dos últimas décadas, revela un notable incremento del peso de la gestión privada dentro de la red pública de hospitales. El número de hospitales privados con concierto o integrados en el SNS ha pasado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que supone un crecimiento del 36,8%. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, ya representan el 30,7% del total de hospitales que conforman el SNS.
Este fenómeno se refleja también en la infraestructura asistencial. La proporción de camas operativas en centros privados concertados ha crecido del 13,7% al 17,8% en el mismo periodo, y la de quirófanos, del 8% al 10,7%. Esta expansión se concentra especialmente en comunidades autónomas como Cataluña y Navarra, donde el sector privado gestiona una parte fundamental de los recursos sanitarios.
Sin mejoras significativas
La transferencia de fondos públicos a la sanidad privada se evidencia en los datos de actividad. En 2023, la financiación pública cubrió el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS. Además, cerca del 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y las sesiones de hospitalización de día en estos centros fueron financiadas con dinero público.
El Ministerio subraya que este modelo de colaboración "no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud", alertando sobre el riesgo de una "transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada" que dificulta la planificación y el control del sistema.
La sanidad pública atiende lo más costoso
A pesar del crecimiento de la provisión privada, el estudio confirma que el Sistema Nacional de Salud sigue siendo el pilar fundamental para la atención a la población, especialmente en los procesos más complejos y costosos. Los hospitales del SNS abordan entre el 70% y el 80% de los diagnósticos más frecuentes, como traumatismos o infecciones respiratorias.
Sin embargo, la cobertura por parte de los hospitales públicos es superior al 95% en los procedimientos asistenciales más caros y complejos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso o la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). El informe atribuye esta diferencia a una "atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos", dejando la alta especialización y el mayor riesgo en manos de la red pública.
Aumento del seguro privado
El informe de Sanidad también constata el notable crecimiento del aseguramiento privado, que ha pasado del 17,2% de la población en 2018 a un 32,6% en 2024, casi duplicándose. La pandemia de COVID-19 se identifica como un punto de inflexión que aceleró la contratación de pólizas ante la percepción de saturación del sistema público y la búsqueda de una atención más rápida.
No obstante, los datos demuestran que, a pesar de tener seguro privado, la mayoría de los ciudadanos prefieren acudir a los servicios sanitarios públicos en situaciones críticas: el 76,1% para los ingresos hospitalarios y el 72,6% para la atención urgente.
Entre los riesgos estructurales asociados a este modelo mixto, el informe destaca la fragmentación de la red asistencial, las brechas salariales del personal, la pérdida de capacidad pública de planificación y los riesgos de sobrecoste y escasa trazabilidad en facturación. Por todo ello, el Ministerio de Sanidad concluye que, si bien el sistema público sigue siendo el principal garante de la salud, la tendencia actual exige "reforzar los mecanismos de auditoría y control" y "promover la gestión pública directa como la opción preferente" para obtener mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.
