Las operaciones de Estados Unidos en Venezuela, contra el derecho internacional
- Los expertos creen que no hay un ataque armado previo que justifique la legítima defensa
- Solo el Congreso estadounidense puede declarar la guerra, no el presidente
Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la operación Lanza del sur el pasado 2 de septiembre, abrió un debate sobre la legalidad del uso de la fuerza en el exterior que el país todavía no ha cerrado y que ahora se agudiza. Aquel día, el Departamento de Defensa —rebautizado como Departamento de Guerra— que dirige Pete Hegseth ordenó a unidades de operaciones especiales del Ejército que atacaran a una embarcación que navegaba en aguas internacionales en el sur del mar Caribe. Había 11 personas, murieron todos. Desde entonces ha habido decenas de víctimas mortales en una veintena de ataques, el primero de ellos doble, para rematar supervivientes. El último, este martes en el Pacífico con ocho muertos. La versión de la Casa Blanca, no apoyada con pruebas hasta el momento, siempre es la misma: que eran narcoterroristas que transportaban las drogas que terminan llegando a su país y matando a miles de estadounidenses. Lo justificaron como legítima defensa.
Para entender por qué usan ese argumento, legítima defensa, hay que consultar la Carta de las Naciones Unidas, el tratado fundacional de la ONU, y que es una suerte de Constitución internacional que sus Estados miembros se comprometen a cumplir, incluido el más poderoso de todos ellos: los Estados Unidos de América. En su artículo 2.4, la Carta prohíbe el uso de la fuerza armada con estas palabras: "Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".
Pero establece dos excepciones. La primera la encontramos en el artículo 42. Permite al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar otras medidas para los casos en los que la fuerza no armada no haya sido eficaz, concretamente menciona "ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales." EE.UU. no puede acogerse a este caso para ningún tipo de agresión, por tierra, mar o aire, porque el Consejo de Seguridad no ha emitido ninguna autorización en este sentido.
A los ataques se suma que Trump ha ordenado en las últimas horas "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de Venezuela, otro paso más en la escalada con el Gobierno de Nicolás Maduro.
La legítima defensa
La segunda excepción se recoge en el artículo 51: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas". El tratado lo vincula a un ataque armado previo y es ahí donde el argumento de EE.UU. de acogerse a la legítima defensa hace aguas, según los expertos. Joana Abrisketa, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Deusto, lo tiene claro: "La pregunta es si podríamos elevar a la categoría de ataque armado el hecho de que unas supuestas narcolanchas estén navegando por aguas internacionales, y la respuesta es no". "Es una distorsión de la realidad y del derecho, puede estar cometiendo un acto ilícito, pero no justifica los ataques. No hay ninguna base legal que avale los argumentos que utilizar Estados Unidos", abunda.
Antonio Remiro Brotons, profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Institut de Droit International y de la Corte Permanente de Arbitraje, da una respuesta muy similar cuando le preguntamos por la legalidad de los ataques. "La pregunta es muy fácil de responder en términos jurídicos, cualquier alumno de derecho te diría que es ilegal". "Si no hay atraque armado, no hay legítima defensa", matiza. Y añade que Estados Unidos está haciendo una interpretación de la legítima defensa "totalmente arbitraria, conveniente a sus intereses, pero es un término que no corresponde a la sustancia del derecho internacional".
La guerra la declara el Congreso de EE.UU.
No solo fuera de Estados Unidos se cuestiona la legalidad de todas las operaciones que el presidente Trump ha autorizado hasta hoy, también dentro del propio país. El partido demócrata, y algunos republicanos, le han pedido explicaciones, sin mucho éxito hasta ahora. Le recuerdan que la Constitución americana solo atribuye al Congreso la facultad de declarar la guerra, en ningún caso al presidente, y que allí no se ha votado nada al respecto.
El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, ha advertido de que "las acciones imprudentes del presidente Trump hacia Venezuela están acercando cada vez más a Estados Unidos a otra costosa guerra exterior". Sin embargo, el presidente rechaza la idea de abrir un debate parlamentario sobre el uso de la fuerza en Venezuela. "No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos", así de contundente fue cuando le preguntaron los periodistas.
“Trump: "Vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país." “
Procede entonces preguntarse si la administración estadounidense podría estar asesinando personas. Para la catedrática Joana Abrisketa, "se trataría de ejecuciones sumarias". "No existe ningún mandato ni orden del Congreso, y podríamos acudir también a otro ámbito del derecho, el de los derechos humanos. Hay tratados internacionales que prohíben privar a alguien de la vida, como el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, del que Estados Unidos forma parte y que está violando", aclara.
En ese mismo sentido se ha pronunciado también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha pedido investigar la legalidad de los ataques contra los supuestos barcos que transportan drogas porque, asegura, hay "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales". El profesor emérito Remiro Brotons añade que "Estados Unidos tiene un currículum verdaderamente espeluznante de violaciones de los derechos humanos de la comunidad internacional en los últimos 50 años", en alusión al programa de ataques selectivos contra sospechosos de terrorismo mediante aviones no tripulados - drones- que comenzó en 2002 con el presidente, George W. Bush, pero se ha ido ampliando con otros mandatarios, tanto republicanos como demócratas.
A día de hoy, la comunidad internacional se muestra cada vez más preocupada por cómo el imperio de la ley y el derecho internacional están siendo sustituidos por la ley del más fuerte. La frustración y la impotencia son palpables, sin que apenas se escuchen voces críticas. Abrisketa propone recuperar la política internacional y la diplomacia porque "más allá del derecho, se trata de hacer ver que hay límites, incluso para derrocar al chavismo".
