El alza del SMI, que ya es el salario más frecuente, lastró la creación de empleo pero benefició al PIB
- Así lo concluye la AIReF en un informe para analizar la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo
- El envejecimiento de la población empujará la tasa de dependencia hasta el 69,8% en 2050
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha concluido que el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023 redujo la creación de empleo en 55.000-85.000 afiliados, pero ha tenido un impacto "ligeramente positivo" sobre la actividad económica, el empleo y las cotizaciones en términos de producto interior bruto (PIB). Además, el organismo advierte: es ya el salario más frecuente en España.
Así lo recoge en uno de los cinco documentos técnicos en los que se basa su Opinión sobre la Sostenibilidad de las Administraciones Públicas a Largo Plazo y que se han publicado este lunes.
Según detalla, el SMI ha pasado de 735,9 euros al mes en 2018 a 1.184 euros en este año, un 60% de aumento acumulado. No obstante, la magnitud del impacto se debe también a que cada vez hay más personas percibiendo esa cuantía. En 2023, representaban el 7,4% frente al 3,5% de cinco años antes. De ahí la diferencia de efecto respecto a 2019, cuando la subida implicó entre 40.000 y 65.000 afiliados menos.
Este impacto se sitúa, en todo caso, "en el rango estimado" por la evidencia científica hasta ahora. Además, la AIReF ha aclarado que se están estimando los efectos directos sobre la afiliación, sin tener en cuenta otros indirectos, como el posible aumento del consumo o cambios en la distribución salarial.
Una tasa de dependencia creciente
La AIReF ha presentado este lunes también su proyección demográfica y ha estimado que la población de España alcanzará los 52,1 millones en 2050 y los 52,7 millones en 2070. La inmigración empujará esas cifras al alza, pero lo cierto es que a partir de 2029 no será suficiente para compensar la elevada proporción de población envejecida. Así, será una sociedad con una tasa de dependencia creciente (hasta el 69,8% en 2050), dado que habrá un mayor número de personas con más de 65 años y menos en edad de trabajar desde 2029.
"El aumento de los años de dependencia económica de las personas mayores, cada vez más abundantes, plantea retos para el sistema de pensiones; la creciente demanda de servicios de salud y cuidados personales, necesarios para garantizar el bienestar socioeconómico de la población de mayor edad, supone presiones para el gasto público", señala el informe técnico.
Por los mismos motivos, y a pesar del retraso en la edad de jubilación, la tasa de actividad se estabilizará en torno al 66%-67% hasta 2050, donde se ha mantenido más o menos estable desde 2008, salvo por un repunte tras la pandemia de coronavirus.
España se ha caracterizado por unas tasas de participación reducidas entre los mayores de 60 años, pero en sus cálculos la AIReF espera un aumento progresivo que se aproxime a las que se encuentran en Portugal, Países Bajos, Irlanda o Alemania, según el informe, que recuerda que una menor proporción de trabajadores activos supone una menor recaudación de cotizaciones sociales.
Mejoras con la reforma laboral
En cuanto a la reforma laboral, la autoridad independiente ha apreciado un efecto positivo pero moderado tanto en el PIB como en el empleo. Desde su aprobación, según este análisis, ha mejorado la probabilidad de salir del paro, especialmente con contratos indefinidos y fijos discontinuos. Además, se ha reducido la probabilidad de perder el trabajo, sobre todo para colectivos más vulnerables.
De este modo, la AIReF ha concluido que la reforma laboral ha mejorado la inserción y la estabilidad, al tiempo que ha reducido la segmentación y la temporalidad. Sin embargo, ha advertido también de la necesidad de seguir evaluando el resultado en el tiempo.
El organismo presidido por Cristina Herrero ha estudiado cómo afectan SMI y reforma laboral a los ingresos del sistema público de pensiones para el periodo 2022-2050 y, como avanzábamos al inicio, ha apreciado un impacto "limitado, aunque ligeramente positivo" sobre la actividad, el empleo y las cotizaciones en términos de PIB.
