Una jueza federal de EE.UU. bloquea la expansión de las deportaciones rápidas de migrantes del Gobierno de Trump
- La magistrada Jia Cobb considera que la medida llevará "inevitablemente" a deportar a personas "por error"
- Trump lo aplicó en su primer mandato y permite la expulsión sin audiencia de quién no pudiera probar dos años en el país
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Doble revés judicial para el Gobierno de Donald Trump. Después de que este viernes un tribunal de apelaciones considerara ilegales los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, ahora una jueza federal bloquea también temporalmente la expansión de las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados.
En su dictamen, la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., da la razón a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal y critica que "priorice la rapidez". "Llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado", ha aseverado.
En enero, Trump restableció la "expulsión inmediata" de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.
La medida ya se aplicaba en la frontera
La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto. La denuncia argumentaba que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
En el dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EE.UU., sino su expansión.
Cobb ha señalado en el documento que "al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso".
Agrega que, "el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso". "Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo", apostilla la jueza.
Los aranceles, vigentes a la espera de apelación
El fallo se conocía horas después de que otro tribunal federal de EE.UU., en este caso de apelaciones, dictaminara que Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estos están fuera del marco legal.
No obstante, ha dejado en vigor la medida por ahora, a la espera de una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia. El presidente ya ha anunciado que hará y ha tachado a la corte de partidista. Este es el segundo tropiezo judicial para la política arancelaria de Trump y reafirma un dictamen previo emitido en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York que advertía sobre la legalidad de los aranceles.
La decisión apunta a que Trump "se extralimitó" en su autoridad al usar una ley de 1977 que fue creada para ser usada únicamente en casos de emergencia, según el argumento del fallo.
