La lucha contra la impunidad de soldados israelíes se libra en el extranjero: "¡Nos matan y luego vienen de vacaciones!"
- Militares israelíes enfrentan denuncias internacionales por crímenes de guerra y genocidio cuando viajan al extranjero
- Bélgica ha enviado a la Corte Penal Internacional el caso de dos soldados israelíes detenidos en el festival Tomorrowland
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Cuando Rasha supo que el soldado israelí S. H. estaba de viaje en la Patagonia chilena, la indignación le atravesó el cuerpo. "Me sentí fatal y me enfadé mucho", recuerda con el dolor aún suspendido en cada palabra.
En su memoria siguen vivos los golpes que devastaron a su familia en Gaza. Con pocos meses de diferencia, su cuñado Mohamed, de 35 años, murió alcanzado por un misil cuando salió a buscar comida. Su hermano Walid, de 22, resultó gravemente herido por los restos de un edificio destruido cerca del campamento de Nuseirat. Su primo Issa pereció desangrado tras ser disparado por un dron. Y la casa familiar de cinco pisos en la que Rasha pasó su infancia fue volada por los aires.
Esta chileno-palestina de 35 años no tardó en saber quiénes podían estar detrás de estos ataques: el Batallón de Ingeniería de Combate 749 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), una unidad que operaba precisamente en los barrios donde se registraron los crímenes contra su familia. El soldado S. H. formaba parte de este batallón. Informes de investigadores independientes señalan a esta unidad como responsable de la demolición de un sinnúmero de infraestructuras civiles en la Franja [1].
"¡Destruyen nuestras casas, nos matan y luego vienen aquí de vacaciones, como si nada!", exclama furiosa al otro lado de la pantalla. "¿Por qué tienen permitido moverse con libertad sin que nadie les haga rendir cuentas por sus crímenes?".
Restos de la casa familiar de Rasha, en el barrio de Al Zaitoun, en ciudad de Gaza. Rasha (cedida)
El testimonio silencioso de Rasha
Una mezcla de rabia y determinación la empujaron a actuar. Un grupo de abogados chilenos le pidió su colaboración. Querían que prestara testimonio en la denuncia penal que preparaban contra S. H. por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
"No fui al Congreso de Chile, no se publicaron fotos mías y tampoco hice declaraciones a los medios de comunicación. Solo firmé mi declaración", confiesa Rasha. Profesora, y con la gran mayoría de sus familiares en Gaza, esta chileno-palestina temía posibles represalias. No solo en su entorno cercano en Chile, sino especialmente sobre sus padres y hermanos, que siguen atrapados en la trampa mortal que es Gaza, donde ya han sido asesinados casi 61.000 palestinos.
RTVE ha tenido acceso a la denuncia contra este soldado. Fue presentada el pasado 3 de enero ante la Fiscalía Centro Norte de Santiago. El documento incluye imágenes que buscan sostener la acusación: fotografías del rostro sin vida del cuñado de Rasha, de las heridas sufridas por su hermano Walid, de los escombros de la vivienda familiar y de publicaciones en la cuenta de Instagram de S. H.
Heridas en la espalda de Walid, hermano de Rasha Agrupación de los 620 Abogados Chilenos
En una de las capturas de pantalla obtenidas en sus redes sociales, el militar aparece sonriente y uniformado en el interior de una casa gazatí. En otra, dedica la demolición de más de siete edificios en el campo de refugiados de Nuseirat (en el centro de la Franja) a un compañero fallecido en combate. La última imagen corresponde a un paisaje turístico de Puerto Río Tranquilo, en el sur de Chile, donde S. H. se encontraba durante su estancia en el país.
El soldado israelí S. H. en el interior de una vivienda gazatí Cedida por la Agrupación de los 620 Abogados Chilenos
"Su rastro se desvaneció"
La querella acusa a S. H. de crímenes de guerra, humanidad y genocidio. Sostiene que sus acciones constituyen "una clara violación del derecho internacional humanitario" y se apoya en tratados clave que Chile ha ratificado, como el Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma.
Los abogados pidieron su detención inmediata por riesgo de fuga. Ese temor se hizo realidad: "En cuanto supo que estaba en el radar de las autoridades chilenas, su rastro se desvaneció", asegura a RTVE Nelson Hadad, uno de los abogados impulsores de este caso y de la denuncia contra Benjamín Netanyahu ante la Corte Penal Internacional.
"La policía no pudo encontrarlo. No hay registro suyo de salida del país desde ningún aeropuerto chileno", dice. Sospechan que la Embajada israelí de Santiago facilitó su salida a través de la frontera con Argentina. No obstante, aunque la causa está archivada provisionalmente, "podría abrirse en cualquier momento si vuelve a Chile", sostiene Hadad.
Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de S. H.
Hind Rajab Foundation: una ONG belga contra la impunidad
El caso de Chile no es una excepción aislada. Desde que Israel desató su devastadora campaña militar sobre Gaza, son decenas los uniformados israelíes identificados y denunciados mientras paseaban como turistas en destinos como Brasil, Perú, Tailandia, Países Bajos o España.
Buena parte de estas denuncias tienen un mismo hilo conductor: la Fundación Hind Rajab (HRF, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Bruselas que lleva el nombre de una niña gazatí de seis años asesinada por un tanque israelí. Hind murió tras pasar horas suplicando auxilio a la Media Luna Roja Palestina.
Impulsados por su historia, los fundadores de HRF han tejido una red legal y digital transnacional dedicada a rastrear, identificar y denunciar a soldados israelíes por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
"Estamos viendo a diario cómo se desarrolla un genocidio: personas desplazadas, sometidas a limpieza étnica, hambrientas, encarceladas, torturadas, humilladas, y nadie hace nada. Nuestro objetivo es acabar con la sensación de impunidad que tienen los soldados", afirma el cofundador y secretario de la organización, Karim Hassoun.
Selfies en Instagram y denuncias
Gran parte del material que recopilan en HRF muestra a soldados derribando edificios sin justificación táctica, bromeando durante bombardeos, torturando a detenidos o exhibiendo a civiles palestinos desnudos, golpeados o humillados.
"La mayor parte de la información que obtenemos está en código abierto", explica Hassoun. "No es información robada; son publicaciones que los propios soldados han compartido en TikTok, Instagram o Facebook. Básicamente, están confesando sus crímenes en internet", señala.
HRF analiza esas publicaciones, extrae metadatos, identifica a los combatientes y construye expedientes con base legal para denunciar ante las autoridades locales cuando pisan suelo extranjero. "No se trata de ir a por todos los soldados o ciudadanos israelíes", subraya Hassoun. "Lo que queremos es responsabilizar a quienes han cometido crímenes de guerra o actos que podrían formar parte de un genocidio y ya tenemos más de 1.000 expedientes documentados".
La estrategia no se limita a mandos militares. La mayoría de las investigaciones están dirigidas contra soldados rasos, reservistas o miembros de unidades de tierra que han sido grabados cometiendo presuntos abusos o crímenes. "Se ven a sí mismos como trabajadores", dice el activista. "Hoy matan palestinos; al día siguiente tienen dos semanas libres y se van de vacaciones para volver a Gaza a seguir matando", denuncia.
Un sargento israelí acusado en España
En muchas ocasiones, la Fundación mantiene los casos en secreto para evitar que los soldados huyan. Solo cuando las autoridades no actúan, lo hacen público. Uno de esos episodios tuvo lugar en enero, en Barcelona. HRF denunció al soldado M. K., sargento de la Brigada Givati del Ejército israelí, mientras estaba de vacaciones en la ciudad condal. Le acusaban de lanzar un proyectil contra una escuela de la ONU, participar en la toma del hospital de Jan Yunis y disparar indiscriminadamente contra civiles. Las pruebas, otra vez, estaban colgadas en sus redes sociales.
M. K. Sargento de la Brigada Givati denunciado por la Fundación Hind Rajab. Cedida por la Fundación Hind Rajab
"El problema fue que nos llegó información de que le habían dado un soplo", cuenta Hassoun. "Por eso tuvimos que hacerlo público. Pero cuando lo anunciamos, ya había cruzado la frontera", lamenta.
La respuesta de Tel Aviv: silencio, censura y vuelos exprés
Desde que en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, el miedo ha empezado a calar en Israel.
Temen que las denuncias internacionales se traduzcan en detenciones reales. En respuesta, el Gobierno y el Ejército israelí han empezado a tomar medidas para proteger a sus tropas. En diciembre de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) les pidieron que no salieran del país. En al menos ocho casos ordenaron el regreso de algunos que ya se encontraban en el extranjero, tras descubrir que enfrentaban procesos judiciales.
RTVE contactó con el Ejército israelí para conocer su postura sobre estas denuncias. Aunque no ofrecieron declaraciones oficiales, enviaron una directiva interna fechada el 8 de enero. El documento impone nuevas restricciones para dificultar la identificación pública del personal militar.
Los soldados de menor rango, por ejemplo, no pueden conceder entrevistas sin permiso previo. Si se autorizan, deben grabarse de espaldas, sin mostrar el rostro ni mencionar el nombre completo. Las limitaciones son aún más estrictas para quienes tienen doble nacionalidad e incluso se plantea vetar la grabación de militares durante ceremonias o actos públicos.
La inquietud por posibles detenciones ha llegado también a los medios de comunicación. El diario digital Ynet, el más leído de Israel, ha publicado una guía dirigida a los soldados. Les explica qué precauciones tomar antes de viajar al extranjero y qué hacer si los detienen fuera del país.
También ha entrado en juego el sector privado. La empresa aseguradora israelí PassportCard ha creado un fondo de un millón de dólares para financiar evacuaciones de emergencia. Lo activaron en febrero, cuando dos soldados investigados en Ámsterdam fueron sacados del país en vuelos costeados por la compañía.
Aun así, según la Fundación Hind Rajab, estas medidas no han bastado. "No hemos visto un descenso significativo en las publicaciones", afirma Hassoun. "Siguen compartiendo contenido en redes sociales como si no hubiera consecuencias", afirma.
Parte del problema, dice, está en el perfil de los propios soldados. "Son muy jóvenes. Están en el campo de batalla con un teléfono en la mano. Es difícil convencerlos de que no graben", asegura. "Muchos creen que no están haciendo nada malo. En su cabeza, todos los palestinos son terroristas. Y si entre las víctimas hay mujeres, niños o ancianos, lo asumen como daño colateral", afirma.
Cuando el crimen no prescribe y la frontera no protege
Frente al muro legal y diplomático que ha levantado Tel Aviv, los expertos insisten en la importancia de la justicia universal. "Es un principio que permite enjuiciar en un país a personas acusadas de cometer crímenes graves —como genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad— aunque los hechos hayan ocurrido en otro", explica a RTVE el abogado y profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Complutense de Madrid Manuel Ollé.
"Se aplica cuando el país responsable no quiere o no puede enjuiciar. Entonces otro Estado, en nombre de toda la comunidad internacional, asume esa tarea", añade.
No se trata solo de teoría. La jurisdicción universal cuenta con una sólida trayectoria histórica. En los años cuarenta, Israel la utilizó para juzgar a Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto; España la activó en 1998 para solicitar la extradición de Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Italia la aplicó para juzgar a militares chilenos implicados en secuestros y desapariciones de ciudadanos ítalo-chilenos durante la dictadura y Alemania la empleó recientemente para procesar a miembros del régimen de Bachar al Asad por torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Además, este mecanismo está respaldado por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948. El tratado obliga a los 153 países firmantes a prevenir y castigar el genocidio. Por tanto, la justicia universal no es solo una opción legal, sino un compromiso internacional.
Un camino lleno de obstáculos
Más allá de lo que dicen los tratados, lo que realmente pesa es la voluntad política. "La aplicación de la jurisdicción universal depende mucho de la tradición y contexto político de cada país", apunta Nelson Hadad, quien admite que muchos jueces son reacios a ponerla en práctica por miedo o presiones del exterior.
Cuando un tercer Estado abre una causa, el país implicado suele movilizar todos sus recursos para frenar el proceso y evitar que sus ciudadanos rindan cuentas. En muchos casos, este principio se ha incorporado a las leyes nacionales "de forma muy restrictiva" en sus leyes, advierte el jurista Manuel Ollé: "Parece que lo incluyen para no querer aplicarlo".
En España, por ejemplo, desde la reforma de 2014, la justicia universal quedo reducida a tres supuestos: solo puede ejercerse si el acusado tiene nacionalidad o residencia española, o si la víctima es española. Esto deja fuera la mayoría de crímenes cometidos en Gaza por soldados que simplemente estén de paso por el país.
Gazatíes hambrientos esperan recibir alimentos en ciudad de Gaza. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
De Gaza a Tomorrowland: el eco de una detención inédita
Hasta la fecha, ni un solo alto mando israelí ha tenido que responder ante la justicia internacional. Este vacío en los tribunales pone en entredicho la capacidad real del derecho internacional para actuar frente a las atrocidades denunciadas en Gaza. Sin embargo, el pasado 21 de julio algo cambió. Por primera vez, dos israelíes fueron arrestados e interrogados en suelo europeo.
Ocurrió en Bélgica durante el festival de música electrónica Tomorrowland. La denuncia la presentaron HRF y la ONG Global Legal Action Network (GLAN). Aunque la policía belga los dejó en libertad tras el interrogatorio, el gesto ha marcado un precedente. "No fue una casualidad", dice Karim Hassoun. Somos una ONG belga y las detenciones coincidieron con el Día Nacional de Bélgica, justo después de que el rey calificara lo que ocurre en Gaza como una 'desgracia'", cuenta.
Diez días después, la Fiscalía belga dio otro paso. Decidió trasladar ambos casos a la Corte Penal Internacional (CPI). Recalca que su decisión se ha tomado en nombre "de la correcta administración de justicia y en cumplimiento de los compromisos internacionales de Bélgica".
Para Hassoun, esta medida lo cambia todo y demuestra que Bélgica reconoce su jurisdicción bajo el derecho internacional y que las acusaciones están siendo tratadas con seriedad. "No decimos que se haya hecho justicia todavía, pero sí creemos que algo importante ha comenzado. La puerta para arrestar a soldados israelíes en otros países europeos ya está abierta".
Doble nacionalidad: la rendija por la que se cuela la justicia
A las recientes detenciones en Europa se suma una nueva vía legal: la posibilidad de actuar contra soldados con doble nacionalidad.
En estos casos, las autoridades enfrentan una presión adicional. Tener ciudadanía en otro país expone a los acusados a procesos judiciales fuera de Israel, lo que abre nuevas rutas legales en países como Reino Unido, Francia o Canadá, donde decenas de ciudadanos sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Algunas iniciativas han ido más lejos. Es el caso de Find IDF Soldiers, una página web que ha recopilado los nombres de 163 ciudadanos canadienses que, en algún momento, han combatido en el Ejército israelí.
Cuando entra en juego la doble nacionalidad, el principio de jurisdicción universal se refuerza con el de jurisdicción nacional. El hecho de que el acusado también sea ciudadano del país donde se le denuncia "hace más fácil llevarlo ante los tribunales", apunta el jurista Manuel Ollé. En algunos Estados, como Bélgica o Alemania, incluso es posible juzgarlo en ausencia si el crimen revista suficiente gravedad.
"Imaginemos a un ciudadano con doble nacionalidad española e israelí", plantea Ollé. "En ese caso, España no tendría ningún problema en enjuiciarlo. No solo por jurisdicción universal, sino también por el principio de personalidad activa: sería un español que ha cometido un crimen fuera del país, y la justicia española tendría competencia para juzgarlo", detalla.
"Saben que van a tener la espada de la justicia persiguiéndoles"
Más allá del efecto judicial, estos procesos tienen un propósito disuasorio y simbólico. No solo buscan condenas, sino advertir que ciertos crímenes no pueden quedar sin respuesta. "Estos soldados israelíes saben que van a tener la espada de la Justicia persiguiéndoles como si fuera una sombra. Aunque en muchos países amigos de Israel no les va a pasar nada, en cualquier otro que sea respetuoso con el derecho internacional pueden acabar enjuiciados," concluye Ollé.
Para Nelson Hadad, las denuncias no solo persiguen una condena: buscan reparación. "No podemos permitir que les salga gratis lo que hacen. No pueden venir aquí a tomar vacaciones después de haber cometido crímenes que son abominables, inaceptables moral y jurídicamente", afirma con convicción.
Él y otras voces en Chile están presionando para imponer controles migratorios más estrictos. Proponen exigir visados especiales a los ciudadanos israelíes que quieran ingresar al país. Quieren que declaren si han servido en Gaza o Cisjordania, si han participado en crímenes de guerra o si arrastran delitos contra la humanidad.
En ese intento de frenar la impunidad, la Fundación Hind Rajab no solo quiere justicia en los tribunales: busca que los responsables pierdan esa sensación de impunidad, sientan el peso de la mirada internacional y sepan que ya no podrán esconderse. "Para nosotros ya es una victoria que el mundo se vuelva más pequeño para los soldados israelíes que han cometido crímenes de guerra. Que entiendan que lo que están haciendo no es normal. Y que el mundo los está mirando", zanja Hassoun.
