El Gobierno de España anuncia que acogerá en julio en su red estatal de asilo a los primeros 250 menores migrantes
- Se espera que los traslados comiencen a ejecutarse a finales de julio al cuartel Canarias 50
- Desde Canarias consideran que esta medida llega tarde y es insuficiente para aliviar la situación de saturación
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El Gobierno ha anunciado que este mes trasladará a 250 menores migrantes no acompañados, solicitantes de asilo, desde los recursos de la comunidad autónoma a su red estatal de protección internacional en Canarias. Sin embargo, las autoridades canarias consideran que esta medida llega tarde y es insuficiente para aliviar la situación en las islas.
La decisión se ha tomado en el Comité Interadministrativo entre los gobiernos de España y Canarias, constituido tras un auto del Tribunal Supremo del 25 de marzo que obliga al sistema estatal a asumir la acogida de alrededor de mil menores migrantes solicitantes de asilo en las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han indicado a EFE que en la reunión del Comité se avanzó en la próxima acogida de 250 menores en el centro Canarias 50, ubicado en Gran Canaria y dependiente de la administración central. Se ha acordado el listado de los menores que serán trasladados y se iniciarán las adaptaciones de las instalaciones, mientras que el Gobierno canario agilizará la acreditación de la entidad encargada de su atención. El compromiso es que los traslados comiencen a ejecutarse a finales de julio.
Desde Canarias denuncian "un paso atrás"
Sin embargo, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha denunciado un "paso atrás" en el proceso, al considerar que el Gobierno central "no está cumpliendo" con el auto del Tribunal Supremo, ya que "de los centros bajo tutela del Ejecutivo regional no ha salido ningún menor con protección internacional" hacia los centros estatales.
Delgado ha lamentado que, a diferencia de la reunión anterior donde se hablaba de dos centros con unas 650 plazas, ahora solo se garantizó la apertura del centro en Canarias a partir del 22 de julio, lo que mantiene la situación de "desbordamiento" de los recursos canarios.
Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en la región, Manuel Domínguez, ha expresado sus dudas sobre la temporalidad de la adaptación del acuartelamiento Canarias 50 para alojar a los menores solicitantes de asilo. "Yo no me fío", ha afirmado, considerando que las 250 plazas en Gran Canaria y las 400 ofrecidas en Pozuelo (Madrid) constituyen un "parche" insuficiente para atender a los más de 1.200 solicitantes de asilo que hay en Canarias.
Domínguez ha insistido en que el Estado debe cumplir la ley y distribuir a los menores a otras zonas del país con recursos adecuados, criticando el "hacinamiento" en la comunidad autónoma.
El reparto de menores divide al Gobierno y a las comunidades
El conflicto sobre la redistribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta hacia otras comunidades autónomas se ha intensificado este martes. Las once comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha y Melilla, han votado en contra de las cifras propuestas por el Gobierno en la Comisión Sectorial de Juventud e Infancia, calificando el reparto de "ilegal" y bloqueando el orden del día de cara a la próxima conferencia sectorial.
Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia ha acusado a estas regiones de "entorpecer" un proceso que considera urgente para garantizar el interés superior de los menores. Según datos del Gobierno, más de 15 comunidades acogen actualmente menos menores de los que les correspondería por población, mientras Canarias y Ceuta mantienen centros saturados y apoyan el reparto.
El Ejecutivo prevé reubicar un máximo de 3.975 menores migrantes, principalmente en Madrid (647), Andalucía (677) y Comunidad Valenciana (571), que absorberán casi la mitad de los traslados. Cataluña y Euskadi quedarán exentas por tener ya sus sistemas de acogida tensionados.
Las comunidades contrarias argumentan que el Real Decreto-ley vulnera sus competencias autonómicas y que el reparto está “cocinado” para beneficiar a territorios concretos, anunciando recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que el decreto es legal y ha aprobado un fondo de 100 millones de euros para cubrir los costes de traslados y sobreocupación.
