Hacienda propone que sanidad y educación tengan más peso en el reparto de la financiación autonómica

• En la propuesta, que ya se ha enviado a las CCAA, se sitúa el gasto sanitario entre el 40 y 45 % y educación entre el 25-30 %
• Además, tiene en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población, pero se basa en los habitantes de cada región

Hacienda envía a las comunidades su propuesta inicial para la financiación

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha remitido a las comunidades autónomas de régimen común y a Ceuta y Melilla su propuesta de cálculo de la 'población ajustada', una propuesta inicial de reforma del modelo de financiación que recoge una de las variables esenciales.

Como novedades, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual del 38 % a una horquilla entre el 40 y el 45 %; mientras la educación pasaría del 20,5 % hasta entre el 25-30 %, en la que la educación no universitaria sería un 75-80 % de la misma y la universitaria el resto.

El documento sobre esta variable, que determinará el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas (como la dispersión y el envejecimiento de la población), sociales o territoriales, aunque basándose en el número de habitantes de cada región, servirá para iniciar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

Gasto sanitario

En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.

Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.

Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%.

Educación

El modelo actual evalúa las necesidades en materia de educación tomando como variable la población de 0 a 16 años. En su informe, la CE cuestiona el uso de dicha variable por considerar que no refleja adecuadamente las necesidades de financiación en materia de educación al no coincidir, ni con el tramo de edad en el que la enseñanza es obligatoria (de 6 a 15 años), ni con aquel en el que las tasas de escolarización son más elevadas (de 3 a 17 o 18 años), ni tomar en consideración el alumnado universitario.

De esta manera, Hacienda defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80 % de la misma y la universitaria el resto.

Servicios sociales

La propuesta incluye además un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años. Asimismo, se une una variable que serían los parados sin prestación por desempleo.

La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5 % y pasaría a ser entre un 6 o un 10 %. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%.

Resto de servicios

Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22 %.

También se incluyen las siguientes variables correctivas no poblacionales:

• Superficie: se ponderaría en kilómetros cuadrados (a mayor extensión, más gasto).

La inclusión de la superficie como variable dentro del sistema de financiación puede tener anclaje en una triple perspectiva: en primer lugar, por el hecho de que hay determinadas competencias autonómicas en las que la superficie es determinante en las necesidades de las Comunidades; en segundo lugar, porque la superficie puede modular las necesidades de gasto de las Comunidades y, finalmente, porque la superficie pudiera ser representativa de fenómenos como la despoblación y la dispersión

• Despoblación: se contemplan diversas fórmulas de cálculo, como tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media -sin incluir poblaciones con más de 75.000 habitantes- lo que permitiría reforzar el resultado de las comunidades más despobladas.

Ocho presidentes autonómicos de la España despoblada se reunieron hace unas semanas en Santiago de Compostela para sumar fuerzas a la hora de pedir que se tuviera en cuenta la dispersión de la población en la reforma del nuevo sistema de financiación.

En este contexto, Hacienda defiende que los factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3 % en el sistema actual, a una horquilla entre el 3 y el 4 %. Así, contemplan la superficie, la despoblación, la dispersión de la población, la insularidad.

Sin embargo, una de las novedades de este sistema tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala.

• Dispersión: en este caso se plantean dos posibilidades, bien considerar como población habitada áreas cuyas edificaciones y viviendas pueden ser perfectamente identificadas sobre el terreno y son conocidas por una denominación, bien conjuntos de al menos diez edificaciones que forman calles, plazas y otras vías urbanas.

• Insularidad: se ponderaría en kilómetros de distancia a la península.

• Costes fijos: este factor, que es otra de las novedades, podría afectar a las siete comunidades de menor población y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas.

La reacción de las comunidades

El informe parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, por lo que Hacienda defiende que se han tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos encuentros y Montero ha mostrado confiada en que realicen sus aportaciones al documento.

Andalucía tilda de "huida hacia adelante" la propuesta sobre financiación y ha criticado que no recoja el fondo transitorio compensatorio para evitar las desigualdades entre las regiones. Según fuentes de la Consejería andaluza de Hacienda, se trata de primer documento de 240 páginas del que opina que el "problema persiste", por lo que estima que se trata de "otra huida hacia adelante" frente a un problema que es "urgente y necesita de celeridad".

Para la ministra, da "respuestas satisfactorias a cuestiones que plantea Andalucía" y ha reprochado al Gobierno andaluz que "tiene mucho interés en enfrentar a comunidades", aunque "nunca antes había habido un Gobierno con tanta sensibilidad como hemos tenido en este periodo".

Murcia ha criticado que el documento remitido no contempla los criterios de equidad y suficiencia. El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez "vaya a mandar la reforma del Sistema de Financiación Autonómico por “fascículos” para ocultar un nuevo maltrato", y explica que se ha recibido el denominado ‘Informe de grupo de trabajo sobre el cálculo de población ajustada’, que es un documento "mutilado, con solo una parte de la reforma".

Cataluña recela de la propuesta de Montero y subraya el "déficit fiscal"

Cataluña "estudiará" la propuesta aunque recela del concepto "población ajustada" y subraya que "la infrafinanciación y el déficit fiscal difícilmente se podrán corregir con un nuevo modelo de financiación" autonómica.

La Comunidad Valenciana considera que la propuesta de cálculo de la población ajustada se aproxima más a las necesidades de gasto que tienen las comunidades y valora que aumente el peso de variables como la sanitaria, la educativa y la de servicios sociales. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha afirmado que, aunque el criterio de reparto es una de las claves del sistema, no es la totalidad del modelo, y ha señalado que pese a que es un avance muy significativo, se podrá evaluar de forma conjunta el impacto real para la Comunidad Valenciana cuando se conozca el diseño final.

Cantabria estudiará "con detenimiento" la propuesta en base al criterio de "población ajustada", algo que "en principio", le suena "mal" y "no le gusta" al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que sigue defendiendo que se priorice el coste efectivo de los servicios.