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El Congreso aprueba los Presupuestos y Sánchez apuntala la legislatura con el apoyo de sus socios de investidura

  • El bloque de la investidura salvo el BNG da su 'sí' a las cuentas públicas y afianza su apoyo al Gobierno
  • Las cuentas pasarán ahora al Senado y se espera que puedan entrar en vigor para enero de 2022

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El Congreso aprueba los Presupuestos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda a la bancada socialista tras abrazar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la aprobación de los Presupuestos.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 han salido adelante sin sorpresas este jueves en el Congreso gracias al bloque reforzado de la mayoría de la investidura. El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha apuntalado el apoyo de sus socios con unas cuentas públicas que suponen un récord de gastos e ingresos por los fondos europeos y se ha garantizado la continuidad de la legislatura.

Los Presupuestos han recibido los 188 votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. Los nacionalistas vascos, que no habían confirmado su apoyo, han acabado secundando las cuentas públicas y el único que se ha descolgado del bloque de la investidura ha sido el BNG, que se ha abstenido, tal y como anunció hace días. En contra, los 159 votos de PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, la CUP, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado en Twitter que se haya dado "un paso más hacia la aprobación definitiva de unos Presupuestos que instalarán la recuperación y la gran modernización" del país. La ministra de Hacienda y responsable de las cuentas, María Jesús Montero, también ha destacado ante los medios que son unos Presupuestos "imprescindibles para recuperación económica, la clase media, unas pensiones garantizadas y para pymes y autónomos": "Hoy es un día en que todos se tienen que alegrar, menos la derecha, instalada en el cuanto peor mejor".

Con la votación, se ha puesto fin al debate de las enmiendas parciales. Un debate que ha coincidido este jueves con el Día Internacional Contra la Violencia de Género y con el fin de la huelga del metal en Cádiz, que han estado presentes en los discursos de varios diputados.

Tras casi un mes de tramitación en el Congreso, el recorrido de las cuentas públicas deberá continuar en el Senado, donde el Gobierno espera una tramitación 'exprés' para que los Presupuestos entren en vigor antes el 1 de enero de 2022.

Se trata de los segundos Presupuestos que logra sacar adelante el Gobierno de coalición, aunque esta vez ha habido menos dificultades que en el recorrido que tuvieron los de 2021, cuando el PSOE trató de compaginar el apoyo de ERC y Ciudadanos en una negociación con la formación naranja que tensó la coalición y que finalmente no salió adelante.

Récord de gasto público y críticas de PP, Vox y Cs

Estas cuentas movilizarán cantidades de gasto récord para financiar especialmente políticas públicas y la mayor partida va dirigida a las pensiones. Los ministerios de Seguridad Social, Transportes y Defensa son los que recibirán mayores cuantías, mientras que la inversión por comunidades autónomas la lideran Andalucía y Cataluña, que doblan la que recibirán otras autonomías como la Comunidad Valenciana y Madrid.

El Gobierno defiende que se trata de unos presupuestos “justos”. En el debate de este jueves, los portavoces de PSOE y Unidas Podemos (Héctor Gómez y Pablo Echenique) han destacado que se trata de los Presupuestos "más sociales de la historia" y han cargado contra los "agoreros" que señalan que todo irá mal, especialmente respecto a la recuperación.

No están de acuerdo los principales líderes de la oposición, que han criticado en todo momento un “festival de gasto” basado en unas previsiones económicas que son “mentira” y que “fríen a impuestos” a los españoles. Pero, sobre todo, han criticado los pactos con ERC y en especial con EH-Bildu, pactos que “hielan la sangre” (según el líder del PP, Pablo Casado), y que hacen que sean “los Presupuestos de ETA” (según Vox).

Precisamente, ETA se coló este miércoles en uno de los debates de mayor intensidad en el Congreso, cuando el diputado socialista Odón Elorza gritó a la bancada de la derecha: ¡Dejen de utilizar a las víctimas para denigrar un presupuesto, no sean tan miserables, dejen ya en paz el terrorismo de ETA, ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas, hay franquistas!".

Elorza (PSOE) acusa a la derecha de "utilizar" las víctimas de ETA: "¡Aquí no hay terroristas, hay franquistas!"

Unas declaraciones que han criticado PP, Vox y Cs, que acusan al PSOE de "blanquear" a ETA. En la exposición final de motivos, la portavoz del PP, Elvira Rodríguez, ha incidido en que las cuentas se han enmendado al "dictado" de ERC y Bildu para aprobarlos "al precio que sea". Iván Espinosa de los Monteros (Vox) ha insistido en que son unas cuentas de la "ruina" y que no cuadran porque "las matemáticas y la izquierda no son compatibles". Y Edmundo Bal (Cs) ha dicho que los cambios a los PGE se han hecho "en el cuarto oscuro", "sentados el señor Sánchez, el señor Rufián y el señor Otegi".

Antes del debate de enmiendas parciales, estos tres partidos habían tratado de vetar las cuentas públicas presentando enmiendas a la totalidad, al igual que Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. Sus votos, sin embargo, fueron insuficientes para tumbar las Cuentas en el Congreso a principios de mes. Entonces, la oposición cargó con dureza también con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la mayoría de los ministros no estuvieran presentes al inicio del debate de las cuentas públicas.

Promoción de las lenguas cooficiales y transferencia del Ingreso Mínimo Vital

ERC y el PNV, dos socios estratégicos del Ejecutivo, estuvieron a tan solo minutos (como reconocieron sus portavoces) de presentar un veto a las cuentas públicas ante la dificultad de las negociaciones con el Ejecutivo. Y de hecho, durante el debate de enmiendas a la totalidad, todos los socios del Gobierno advirtieron que su apoyo entonces no era “un cheque en blanco”.

Pero las semanas posteriores han sido fructíferas en la negociación con estos partidos, que han logrado que el Ejecutivo haya apoyado varias de sus enmiendas y aceptado otros compromisos aparte de las mismas.

En concreto, para ERC era fundamental el “blindaje” del catalán en la futura Ley Audiovisual, el punto que ha sido más complicado en la negociación después de que el Ejecutivo accediera a resolver los “incumplimientos” de la inversión para Cataluña de los Presupuestos de 2021. Esquerra finalmente acabó anunciando su apoyo esta semana tras el compromiso del Ejecutivo para que haya un mínimo del 6% de contenidos en catalán, porcentaje algo inferior al que pedía.

Precisamente, este mismo jueves, cuando se han debatido otras 75 enmiendas, el Gobierno ha accedido a una de ERC, EH-Bildu y BNG para incluir en los PGE un fondo de promoción de la cinematografía en lenguas cooficiales dotado con 10,5 millones de euros.

ERC ha logrado también otras cuestiones, 50 millones en inversiones territoriales, la transferencia a Cataluña de diez millones para compra de vivienda pública a la Sareb o la equiparación en las condiciones de jubilación de los Mossos d'Esquadra con las de la Policía Nacional y la Ertzaintza, algo que a petición de EH-Bildu trasladará a la policía foral de Navarra. Pero no ha logrado que el Ejecutivo aceptara el cierre de la comisaría de policía nacional de Vía Laietana, en Barcelona. Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha aprovechado el debate para avisar a los partidos de izquierda: “No estamos logrando conquistas sino frenando retrocesos”.

El PNV ha mantenido hasta el final la incógnita de su voto, aunque ha ido apoyando las cuentas públicas a lo largo de su tramitación hasta ahora, por lo que era previsible también su ‘sí’. Los nacionalistas vascos han conseguido el compromiso del Ejecutivo para mejorar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, una ayuda que se extenderá desde los 18 hasta los 23 años. También el Ejecutivo se ha comprometido a la transferencia “íntegra” de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al gobierno vasco.

EH-Bildu ha logrado el compromiso del Gobierno de que el "escudo social" desplegado en la pandemia "sea permanente por ley" en cuestiones como la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. También habrá un nuevo canal ETB3 (un canal público en euskera con contenidos infantiles) en toda Navarra. La negociación con EH-Bildu, sin embargo, se volvió polémica después de que su coordinador general, Arnaldo Otegi, dijera ante sus militantes: "Si para sacar a los 200 presos (de ETA) hay que votar los presupuestos, pues votamos". Su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, ha destacado que la aprobación es gracias a "la decisión de las izquierdas independentistas vasca y catalana" para "mejorar la vida de todos los trabajadores del Estado".

Abstención de ERC y EH-Bildu a los apartados de Casa Real, Defensa e Interior

Tanto ERC como EH-Bildu se han abstenido, sin embargo, en la votación de las secciones relativas a la Casa Real, Defensa, Interior y el Tribunal de Cuentas porque no se ajustan a sus "principios". Se han abstenido, dicen, porque votar en contra hubiera supuesto tumbar las cuentas, pero lo han hecho "con la nariz tapada".

El BNG finalmente se ha descolgado del bloque de la investidura al no lograr el compromiso del Ejecutivo por un “tren digno” que conecte la capital lucense con las demás ciudades de Galicia: “El Gobierno continúa olvidándose de Lugo” y no acepta “las propuestas del BNG para mejorar la línea de Lugo a A Coruña, ni tampoco para unir Lugo con Compostela”.

Tampoco ha salido adelante las enmiendas de PP y Ciudadanos para tratar de parar la subida de sueldo del presidente Pedro Sánchez y los miembros del Ejecutivo de coalición que se contempla en el proyecto presupuestario para 2022. PSOE, Unidas Podemos e independentistas han salvado una subida de sueldo del 2% que, sin embargo, se rechazó para diputados y senadores porque, según Unidas Podemos, no era necesario.