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Continúan los arrestos a opositores presidenciales en Nicaragua

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El catedrático Arturo Cruz, última víctima de la persecución presidencial
El catedrático Arturo Cruz, última víctima de la persecución presidencial

Dos aspirantes a las elecciones presidenciales procedentes de la oposición han sido arrestados en Nicaragua en tan solo cuatro días. Al mismo tiempo, otros dos candidatos han quedado bajo arresto domiciliario, causando un gran rechazo internacional cuando faltan cinco meses para unas elecciones en las que el gobernante Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

La imposición de "casa por cárcel" e inhibición del proceso electoral a Cristiana Chamorro, la más seria aspirante del mandatario nicaragüense para las elecciones presidenciales de noviembre, ha puesto en alerta a la comunidad internacional de una situación que se venía produciendo con regularidad en los últimos meses tanto a políticos opositores como a medios de comunicación.

El último caso ha sido el del precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, quien ha sido detenido este sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos. Esta misma semana, los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro -primo de Cristiana- han sido informados por la Policía Nacional de que tienen “casa por cárcel hasta nuevo aviso”, sin que pesen acusaciones sobre ellos.

“En menos de una semana Ortega detiene dos precandidatos presidenciales, tras ya haber inhabilitado otras dos casillas partidarias de la oposición. No es necesario esperar ‘elecciones’ para saber que no hay democracia en Nicaragua”, ha expresado en su cuenta en Twitter el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

Los requisitos legales para aspirar a la presidencia

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua ha recordado esta semana a los partidos que participan en el proceso electoral que deben asegurarse de que sus candidatos, tanto a la presidencia como a diputados, cumplan con todos los requisitos legales para ser aceptados en la carrera por cargos de elección popular.

Según leyes y reformas de ley establecidas en los últimos meses por la Asamblea Nacional (Parlamento), en su mayoría a petición de Ortega, casi ninguno de los 11 aspirantes a la presidencia por la oposición es apto para ser gobernante. En el caso de Arturo Cruz, ex-embajador del Gobierno de Ortega entre (2007-2009), y quien cumplía con casi todos los requisitos, ha sido arrestado y podría ser desacreditado por supuestamente violar la “Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.

Dicha ley ordena entre dos y veinte años de cárcel e impide optar a cargos de elección popular a los “traidores a la Patria”. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha exigido "liberar al candidato Arturo Cruz", puesto que "es inaceptable la manipulación de fuerzas de seguridad y de la Justicia (para) encarcelar a candidatos opositores, lo cual pone a Nicaragua fuera de legalidad interamericana. Estas acciones son contrarias a unas elecciones libres y justas".

Previo a los arrestos, el CSE había despojado de sus personalidades jurídicas al Partido de Restauración Democrática (PRD), que gozaba del respaldo de la Coalición Nacional, uno de los principales grupos opositores, y al Partido Conservador (PC), tras divulgar sus dudas sobre la transparencia de las elecciones del próximo 7 de noviembre.

Un modus operantis reucrrente

El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, ha informado este sábado que ha sido citado por el Ministerio Público. “La tarde de hoy recibí una citación del Ministerio Público, para presentarme ante dicha entidad el lunes 7 de junio a las 11 de la mañana. La citatoria no especifica ninguna causa penal ni la condición en la cual estoy siendo citado, lo que reafirma la arbitrariedad e indefensión jurídica a la que está sometida la ciudadanía nicaragüense”, indicó Maradiaga, en un mensaje compartido con periodistas.

Antes de ser detenida bajo el régimen de arresto domiciliario, Cristiana Chamorro había sido citada bajo condiciones similares a Maradiaga por el Ministerio Público, que finalmente la acusó de supuesta “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos”, tras lo cual fue inhabilitada para correr por la presidencia.

Según su hermano mayor, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Cristiana se encuentra totalmente incomunicada, pero “con la frente en alto”, y su condición no ha sido informada a su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien sufre una enfermedad que afecta a su estado de conciencia, y quien derrotó a Ortega en los comicios de 1990.

De los restantes siete aspirantes a la presidencia de Nicaragua por la oposición, al menos cinco han denunciado ser víctimas de acoso por parte de la Policía Nacional, señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una de las instituciones utilizadas por Ortega para ejecutar supuestos “crímenes de lesa humanidad”.