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Nicaragua

Aspirantes opositores a la Presidencia de Nicaragua denuncian ser víctimas del sistema "casa por cárcel"

  • Lo hacen después de que la Policía Nacional les impidiera salir de su vivienda por segundo día consecutivo
  • La oposición espera que las elecciones del 7 de noviembre sirvan para sacar del poder a Ortega, a quien llaman "dictador"

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Al menos dos aspirantes a la Presidencia de Nicaragua por la oposición han denunciado este viernes ser víctimas del sistema "casa por cárcel", después de que la Policía Nacional les impidiera salir de su vivienda por segundo día consecutivo, en el marco de las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre próximo, en las que gobernante, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

Los aspirantes Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, han denunciado que fueron informados por la Policía de que no pueden salir de sus casas, a menos de tres meses de la fecha de inscripción oficial de candidatos a la Presidencia.

"Los agentes llegaron a tocar los portones de la casa donde se encuentra nuestro precandidato presidencial Félix Maradiga. Le señalaron que no puede salir de la casa y que 'ni lo intente'. El encargado del grupo policial le dijo que 'hasta nuevo aviso' tiene 'casa por cárcel'", ha informado la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Por su parte, la Alianza Cívica ha mostrado un vídeo en el que se observa cómo tres agentes policiales, con fusiles de guerra cruzados en sus pechos apuntando hacia abajo, impiden que Chamorro salga de su casa en un automóvil.

El primero de los agentes se acerca a Chamorro y le dice, en tono poco amable: "Nicaragua quiere paz, hermano".

El segundo lo dice en tono de orden: "Nicaragua quiere paz, no hay salida, ustedes comprometen a la violencia".

Antecedentes

Maradiaga y Chamorro ya habían sido retenidos dentro de sus casas por la Policía este jueves por la tarde, después de que el líder de la Unidad Nacional convocara a sus seguidores a tomar las calles para protestar contra la acusación por lavado de dinero que el Gobierno emitió contra la también aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, hija de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990.

La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro.

De la misma manera, líderes de la opositora Coalición Nacional, a la que pertenece la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunciaron estar sitiadas por policías.

"La Policía orteguista, que tengo todo el tiempo en mi casa y que me persigue a todos lados, tocó la puerta de mi casa hoy, diciéndome que tengo prohibida la salida. Tienen miedo, están realmente atemorizados ante la posibilidad de que salgamos en contra de Ortega y nos volvamos a tomar las calles", dijo la miembro del Consejo Político de la Coalición Tamara Dávila.

En 2018, decenas de miles de nicaragüenses tomaron las calles para exigir la renuncia de Ortega bajo acusaciones de abuso de poder y corrupción, en manifestaciones multitudinarias que fueron neutralizadas con ataques de policías y civiles armados que dejaron cientos de muertos, presos y desaparecidos.

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La oposición espera que las elecciones del 7 de noviembre próximo sirvan para sacar del poder a Ortega, a quien llaman "dictador".

Dichas elecciones serán claves para Nicaragua, ya que decidirán la continuidad o el fin del dominio casi absoluto que ha sostenido Ortega desde 1979 sobre la política nacional.

La ONU pide a Nicaragua modificar ley electoral para tener comicios creíbles

Por otra parte, la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) ha pedido este viernes a Nicaragua que modifique la ley electoral y garantice los derechos fundamentales en el país, como requisitos "indispensables" para que sea "creíble" el proceso de comicios previsto en noviembre próximo.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha hecho estas peticiones tras alertar que las recientes decisiones de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 7 de noviembre próximo "alejan la posibilidad de un proceso electoral con respeto de los derechos humanos".

Ha mencionado en específico la aprobación de la reforma electoral, la composición del Consejo Supremo Electoral, la disolución de dos partidos políticos, y las acusaciones en contra de una de las aspirantes a la presidencia.

La reforma electoral aprobada el pasado 4 de mayo "contiene causales excesivamente amplias para inhabilitar candidaturas, suspender y cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos, e incorpora restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política que son incompatibles con la normativa internacional en materia de derechos humanos".