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El presidente de Colombia, Iván Duque, conversa con RNE en plena visita oficial a España y mira al final de su mandato defendiendo su gestión de las protestas de primavera e insistiendo en que América Latina debe construirse desde el centro: “No podemos seguir dividiendo el mundo entre izquierdas y derechas. El reto democrático de América Latina es la genuina división entre demagogos y pedagogos (...) Desde el centro podemos construir una mejor Colombia”. Según Duque, su Gobierno no supo comunicar bien el objetivo de la reforma que quería poner en marcha y por eso la paralizó: “Hubo mucha tergiversación y sesgos (…) Tuvimos un traspiés en la forma en la que comunicamos la reforma fiscal. Cuando me di cuenta de que estaba siendo aprovechado por sectores para exacerbar odios no tuve problema en decir, la retiro”. Ahora, dice, Colombia va a poner en marcha la reforma social y fiscal más profunda de su historia. Según Duque, la violencia ha de ser respondida con “contundencia y acción de la fuerza política. A los que reivindican derechos en paz, debemos responder con eficacia (…) Es premiar la propuesta frente a la protesta”. Duque, que ha acogido durante su mandato a cerca de dos millones de venezolanos que huyen de Maduro opina también sobre el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Caracas: “Ese proceso de aproximación es bueno si conduce a un objetivo, que se adelanten las presidenciales libres, transparentes y con mucha supervisión internacional. Cualquier solución que implique que la dictadura se mantenga solo traerá desgracia para Venezuela y para toda América Latina”. Con respecto a Nicaragua, asegura que no es nadie para dar consejos a España, pero añade: “No se puede reconocer un proceso democrático que a todas luces es antidemocrático”. Duque agradece el papel de España en el proceso de donación de vacunas de coronavirus y asegura que Colombia terminará el año con el 70% de la población vacunada. Ahora mismo, ronda en 30 con pauta completa: “España y Colombia juegan un papel importante en Covax. Esperamos que de aquí a final de año se agilice la logística, la distribución y entrega de vacunas”.

El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha charlado con Las Mañanas de RNE. En febrero anunciará si se presenta a las elecciones, pero ya expone lo que sería su programa de Gobierno, sus planes durante la campaña y, sobre todo, tras la victoria electoral frente a Bolsonaro. Señala como claves recuperar la inversión pública y acabar con el desempleo y el hambre: “Tenemos millones de brasileños pasando hambre, cuando nosotros habíamos acabado con el hambre en Brasil. La ONU reconoció que habíamos salido del mapa del hambre”. Lula asegura que Brasil ha perdido su papel en el mundo, con un aumento de la pobreza, una bajada del PIB y un presidente que, dice, ha gestionado de forma pésima la pandemia de coronavirus. Lula califica de injusto su paso por la cárcel, pero niega venganza o temor ante el papel que puedan jugar las Fuerzas Armadas del país: “Necesitamos que las Fuerzas Armadas cumplan su papel y que el pueblo vea en ellas una especie de garante de su soberanía”. Lula cree que la polarización que vive Brasil no es algo preocupante, sino natural: "Donde hay democracia hay polarización, porque siempre se trata de dos personas disputando el cargo". Con respecto a las relaciones internacionales futuras se muestra dispuesto a tener una buena relación con EEUU y otras grandes potencias como China, pero siempre que sea Brasil quien marque ese camino: “Lo que no acepto es que Brasil sea subordinado a los Estados Unidos, pero sí que tengamos una relación productiva, intelectual, comercial, política, científica y tecnológica o cultural”. Es lo mismo que recomienda al ser preguntando por países de América Latina como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Perseguido por el régimen de Ortega y con su última novela, Tongelele no sabía bailar (Planeta), retenida en las aduanas de su país, el escritor Sergio Ramírez ha concedido una entrevista a El Ojo Crítico de Radio Nacional para hablar de su situación actual: "Cuando se persigue a un escritor llama la antención el porqué. La idea del destierro, de quitarle a uno su propia tierra, es espantosa", reflexiona el nicaragüense, "Esta acusación, aderezada con un rosario de crímenes, buscan castigarme como escritor. La policía siempre lee mal y eso es lo que ha desatado la persecución contra mí". Ramírez, quien tuvo parte activa en la caída de Somoza —"hice todo lo posible para derrocarlo, abandoné la escritura"—, se considera un escritor que "debe dejar oir su voz": "Muchos otros escriben muy bien, pero no se pronunciación. Yo tengo una doble condición de escritor y ciudadano, tengo esta necesidad de levantar la voz de forma crítica".

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, de 79 años, se encuentra en España, donde ha recibido el apoyo del Gobierno español y de otros escritores ante las acusaciones de la Fiscalía de su país.

La Fiscalía le acusa de conspiración, blanqueamiento de capitales y otros delitos. Las acusaciones forman parte de la campaña del régimen del presidente Daniel Ortega para acabar con los opositores antes de las elecciones de noviembre. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, le ha garantizado que puede "contar con España y con el Gobierno de España en estos momentos difíciles" ante unas acusaciones "infundadas".

300 escritores y artistas también han emitido un comunicado rechazan las acusaciones contra Ramírez, Premio Cervantes de las Letras en 2017.

El escritor ha depositado un legado en memoria de Rubén Darío en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Ramírez cree que su último libro, que ha sido prohibido en su país porque trata sobre las protestas contra Ortega, ha podido ser la causa de las acusaciones contra él. Ha asegurado que, de momento, no va a regresar a su país, pues teme por su vida, y que podría pasar una temporada en España. 

Foto: EFE/David Fernández

La Fiscalía de Nicaragua ha ordenado la detención del escritor, novelista y exvicepresidente Sergio Ramírez. Se trata de un nuevo golpe contra la oposición política por parte del régimen del presidente Daniel Ortega antes de las elecciones previstas para el 7 de noviembre.

La Fiscalía acusa a Ramírez de "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", y de lavado de dinero a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige. Por eso ha solicitado orden detención y el allanamiento y registro de su domicilio.

Ramírez, de 79 años, formó parte del Frente Sandinista y luchó junto a Ortega contra la dictadura de los Somoza. En 2017 recibió el Premio Cervantes.

Actualmente se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias.

"Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes", ha dicho el escritor en una declaración enviada a los medios.

Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano para América Latina y Catedrático de Historia de América en la UNED, ha analizado en el informativo 24 horas la situación en Nicaragua y el episodio vivido este martes tras la llamada a consultas de la embajada nicaragüense en Madrid. El investigador cree que España "hace bien" en denunciar "la falta de garantías en las próximas elecciones" del país americano, al que define como "dictatorial y autoritario": "Las posibilidades de que liberen a los presos políticos son escasas y el margen para el diálogo ha quedado descartado porque el fraude es evidente".

Miramos hoy a Nicaragua y hablamos con Sergio Ramírez, premio Cervantes y uno de los primeros dirigentes de la 'Revolución sandinista' antes de renegar de la deriva autoritaria de Daniel Ortega. Hoy asegura que el régimen persigue a todo aquel que disiente.

Seguimos pendientes de la ofensiva talibán en Afganistán y de los incendios en Argelia que han dejado más de 60 muertos.

Y tres meses después de la llegada de Guillermo Lasso a la Presidencia del Ecuador, entrevistamos a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua ha resuelto este viernes sacar del proceso de elecciones al principal partido opositor, Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuando faltan tres meses para los comicios, en los que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

A través de una resolución, los magistrados electorales han decidido cancelar la personalidad jurídica a la formación CxL, que encabezaba una alianza electoral junto a un partido indígena y una organización cívica.

En el actual proceso electoral las autoridades han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

Otros dos partidos políticos de la oposición fueron descalificados anteriormente en los últimos meses por el CSE: el Partido Conservador y el Partido para la Restauración Democrática.

El presidente Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.

Foto: Los opositores nicaragüenses Oscar Sobalvarro, candidato por el partido CxL, y su compañera Berenice Quezada REUTERS/MAYNOR VALENZUELA

Nicaragua comienza el registro de las candidaturas para las elecciones que tiene previsto celebrar en noviembre. El partido opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha decidido hacer frente al actual líder sandinista, Daniel Ortega, con el exjefe de la Resistencia Nicaragüense, Óscar Sobalvarro, y la exreina de belleza de Nicaragua 2017, Berenice Quezada, como candidatos a presidente y vicepresidenta, respectivamente.

La propuesta del partido CxL ha tenido lugar en un hotel de Managua, resguardado por la Policía Nacional, y en medio de críticas al proceso electoral por el arresto de siete aspirantes presidenciales, la cancelación de la personalidad jurídica a dos partidos políticos y el control estructural electoral por parte de los sandinistas.

El lunes la policía nicaragüense detuvo a un líder estudiantil que se atrevió a criticar al presidente en público. Lesther Alemán fue entrevistado por TVE la semana pasada, antes de que le arrestaran. "He preparado a mi familia para dos escenarios: cárcel o muerte", dijo.

Imagen de archivo del líder estudiantil nicaragüense, Lesther Alemán. EFE / Jorge Torres

Crecen las acusaciones contra Daniel Ortega por acoso a la oposición y a los críticos. Más de 20 personas han sido detenidas en un mes, entre ellas cinco precandidatos para las presidenciales. Serán el 7 de noviembre y en ellas Ortega, que lleva casi 14 años seguidos en el poder, quiere asegurarse una nueva reelección.

El corresponsal de TVE en Centroamérica, Íñigo Herráiz, ha entrevistado a varios de los críticos con el actual presidente que se han visto obligados a vivir escondidos o huir del país. Entre ellos está Lesther Alemán, el estudiante que desafió cara a cara al presidente en la oleada de protestas de 2018. También, antiguos compañeros de lucha del actual mandatario, como Sergio Ramírez, novelista y premio Cervantes, que fue vicepresidente con él o a la hija de Víctor Hugo Tinoco, su antiguo vicecanciller y ahora detenido. Contarán que para el presidente no parece haber intocables ni líneas rojas y que de la represión no se libra nadie.

Esta mañana hablamos de Nicaragua, de la espiral autoritaria en la que está inmersa con un presidente que busca su cuarto mandato y de la factura de denunciar el autoritarismo. Uno de los periodistas más influyentes del país y premio Ortega y Gasset de periodismo, nos acompaña: Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense, director de Esta Semana El Confidencial. Chamorro ha tenido que salir del país y está en paradero desconocido. "Haciendo periodismo, tuve que salir al exilio por segunda vez en un período de dos años para preservar mi libertad ante la persecución de un régimen que en Nicaragua ha impuesto un estado policial. La prensa está en el blanco de la dictadura", explica Chamorro. Sobre el exilio, el periodista cuenta que "es una decisión extremadamente dolorosa y difícil. Siempre uno tiene la esperanza de regresar pronto. Necesitamos garantías para que los exiliados puedan regresar al país". ¿Se saldrá Ortega con la suya? "Eso depende de los nicaragüenses , depende de la condena de la comunidad internacional. Ortega está atornillado al poder con la policía, el ejército, la represión... No me atrevo a hacer un pronóstico, lo único que puedo decir es que este régimen no es sostenible", denuncia el periodista. "En Nicaragua hay una resistencia cívica que la resistencia nunca ha podido quebrar. Se están cerrando las fuentes informativas y de opinión". ¿De qué manera ayudan las voces desde el exilio? Chamorro, que nunca imaginó que se encontraría en esta situación, responde que "la prensa es un símbolo de libertad, es la última llama". ¿El sistema judicial en Nicaragua está corrompido? "No hay ninguna esperanza de justicia. La Corte Suprema de Justicia es una extensión no solo del partido del gobierno, sino de la familia Ortega. Es una dictadura familiar", cuenta Carlos Chamorro. ¿Qué espera de la UE y de España? "España ha dado una muestra claro de su compromiso con la democracia en Nicaragua. España tiene un rol muy importante como puente de América Latina con la UE"

Europa es el continente con las normas más permisivas, pero también hay lugares en los que puede ser difícil abortar. En Andorra, San Marino, El Vaticano y Malta es ilegal y puede acarrear penas de prisión. Fuera de Europa y sin contar el mundo árabe, el continente más restrictivo es América Latina.

El país con medidas más drásticas es El Salvador. El aborto conlleva penas de entre dos y ocho años de cárcel, pero a partir de las 22 semanas se puede considerar homicidio agravado, y castigarse con hasta 50 años de prisión. La interrupción voluntaria del embarazo también es ilegal en Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y República Dominicana.

Aumenta la presión internacional sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua para que cese el acoso a la oposición y a las voces críticas. La ola de detenciones ha empujado al exilio a destacados dirigentes y periodistas, como el reciente Premio Ortega Gasset Carlos Fernando Chamorro.
La policía irrumpió en su casa el lunes por la tarde, cuando ya había huido. Semanas antes habían asaltado sus oficinas, como contó a TVE-

En las últimas horas, también se ha exiliado Luis Carrión, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista. En total, los encarcelados rondan ya la veintena, incluidos cinco precandidatos para las elecciones de noviembre, en las que Ortega aspira un cuarto mandato consecutivo. Human Rights Watch denuncia que está usando leyes hechas a medida para librarse de sus rivales.

La ONU también condena la deriva autoritaria de Ortega, mientras Estados Unidos prepara leyes para aislarle ún más. Y Costa Rica, Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua.

Foto: INTI OCON / AFP

Comenzamos en Nicaragua donde prosigue la oleada de arrestos de aspirantes a la presidencia y y de líderes opositores, a pocos meses de las elecciones generales en las que el sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007, buscará una nueva reelección. En esta ocasión ha detenido a la exdiputada María Flores, mujer del expresidente Arnoldo Alemán, y al periodista Miguel Mendoza.

Ya en Europa, nos situamos en Italia, donde el próximo lunes 28 las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre y la UE ultima un paquete de medidas restrictivas contra sectores económicos de Bielorrusia y una cuarta ronda de sanciones contra responsables de la represión en en el país.

En Suecia, el Gobierno rojiverde en minoría del socialdemócrata Stefan Löfven perdió este lunes una histórica cuestión de confianza en el Parlamento, votada por uno de sus aliados y la oposición de derecha.

Además, el número de secuestros y casos de violencia sexual contra menores en zonas de conflicto, se ha disparado de forma alarmante a lo largo de 2020, según advierte Naciones Unidas.