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El Gobierno aprueba la regulación básica del teletrabajo para 2,5 millones de empleados públicos

  • Será "voluntario y reversible" y la Administración tendrá que proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios
  • Se trata de un "marco común" que cada administración desarrollará para adaptarlo a su territorio, ha informado Darias

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Carolina Darias: "El teletrabajo en las adminstraciones públicas será voluntario y reversible"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto Ley que regula el teletrabajo "voluntario y reversible" para 2,5 millones de empleados públicos de todos los niveles de la administración.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que recoge la nueva norma en su artículo 47, es un "marco común" que cada administración desarrollará en los próximos seis meses para adaptarlo a su territorio.

Tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con las principales organizaciones sindicales del sector público, Darias ha destacado que se trata de una "norma pionera" que regula una nueva forma de organización y estructuración en las administraciones públicas con el fin de prestar el "mejor servicio y los intereses generales" y asegurar su funcionamiento.

La semana pasada, el gobierno aprobó también la nueva regulación del teletrabajo para empresas privadas, que implica la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia y la obligación del empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir.

Siempre que el puesto lo permita, de manera voluntaria y reversible

El teletrabajo en la Administración pública, ha explicado la ministra, será una modalidad de prestación del servicio siempre que el puesto lo permita, gracias a la tecnología. Tendrá que autorizarse expresamente y su carácter será "voluntario y reversible" salvo situaciones excepcionales, ha insistido la ministra.

La Administración tendrá que proporcionar y mantener esos medios tecnológicos necesarios para su desempeño y su aplicación podrá suponer un "incumplimiento de jornada de trabajo ni horario".

Los funcionarios que teletrabajen deberá tener las competencias digitales necesarias para ello y tendrán los mismos derechos y deberes que el resto, ha subrayado Darias. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

Finalmente, la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta. Su aplicación estará supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos.

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Ligado a la norma de cada administración

Con esta nueva norma, el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes y seguridad jurídica. No obstante, el texto señala que el teletrabajo se desempeñará según las normas de cada administración pública, "siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito".

Así, las administraciones autonómicas y locales podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación en su ámbito competencial.

No supone más gasto presupuestario, según el Gobierno

Según el Ministerio de Función Pública, la norma propuesta no supone un incremento del gasto presupuestario. En cambio, ha subrayado que favorece conciliación de la vida personal, familiar y profesional y puede comportar un ahorro para las familias en sus gastos de transporte.

Darias ha agradecido la predisposición y el trabajo de sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para la reforma del Texto Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, algo que era "absolutamente necesario" y que permite seguir avanzando hacia "una Administración pública del siglo XXI.