Manifestaciones de trabajadores públicos temporales en decenas de ciudades españolas. Formando caravanas con sus coches, han denunciado la alta tasa de temporalidad en las administraciones públicas y reclaman estabilidad laboral. Llevan meses manifestándose contra lo que consideran un fraude de ley y exigen que se aplique la Directiva Europea para acabar con la inestabilidad de los trabajadores. Algunos, dicen, acumulan hasta 20 años con contratos precarios.
España suma más de 800.000 empleados públicos en situación de abuso de temporalidad. Una cifra que supone el 27% del personal de la administración pública, el 90% en las urgencias hospitalarias o el 38% en la enseñanza. Reclaman poner fin a esta ilegalidad y exigen estabilidad en sus puestos de trabajo.
Les autoritats sanitàries continuen revisant les dades epidemiològiques amb la vista posada al pròxim dilluns, dia en què finalitzen els actuals confinaments comarcals. Si bé reconeixen que la mobilitat de setmana santa no ha implicat un important augment en els contagis, sí que els preocupa l'alta ocupació de les UCI.
Tot i que en les últimes hores alguns membres del govern sí que han obert la prota a una modificació dels tancaments perimetrals, des de Salut han evitat especular amb qualsevol canvi.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, instituciones penitenciarias y profesores ya estan en el calendario del plan de vacunación contra la COVID-19 pero, ¿qué hay del resto de los trabajadores esenciales? Los sindicatos están recibiendo muchas quejas de funcionarios que ven cómo han sido personal esencial durante toda la pandemia y ahora se quedan fuera. Por ejemplo, personal de Justicia -que fueron de los primeros en realizar la desescalada- y personal de Correos que ahora hacen posible que se lleven a cabo las elecciones en Cataluña.
Los interinos han salido a protestar contra la precariedad. En las administraciones públicas españolas hay entre 800.000 y 1.000.000 de interinos, cerca de un 20% del total de empleadas públicos. Piden no tener que hacer otro examen para alcanzar la plaza que ocupan, sino por méritos y solicitan que se sancione a las administraciones que abusen de la temporalidad. Informa Paco Alcántara.
Los precios han caído un 0,5% en 2020 debido las consecuencias de la pandemia: la destrucción de empleo y la incertidumbre han provocado un descenso del consumo. Ese descenso provoca que los pensionistas y los empleados públicos ganen poder adquisitivo, porque sus sueldos van a subir un 0,9%.
El Banco de España critica la subida del salario de los funcionarios establecida en los Presupuestos Generales del Estado. El gobernador apuesta por implementar medidas para mejorar al personal sanitario. También cree que deberia retrasarse la subida de impuestos y advierte que no se va a cumplir ni la previsión de gastos ni la de ingresos, tampoco la previsión de crecimiento para este año que dice acabará con una caída del 12,6%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desglosado en el Congreso el anteproyecto de Presupuestos que ha entrado esta tarde en el registro de la cámara. Las pensiones se llevan uno de cada tres euros, 163.000 millones de euros en total. Es la partida que más pesa junto con la subida del sueldo de los funcionarios y la de desempleo. Más de 25.000 millones para proteger a los trabajadores desempleados, especialmente mayores de 52 años y personas que se encuentren en ERTE. El Gobierno también disparará hasta máximos la emisión de deuda soberana el año que viene hasta alcanzar una emisión bruta de 299.000 billones de euros. Informa Usúa Irastorza.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido esta subida para los trabajadores de las administraciones y servicios públicos para reconocer su trabajo, "imprescindible" en estos meses por la pandemia de COVID-19. El Ejecutivo, con este anteproyecto de la Ley de Presupuestos, también querrá sacar adelante la oferta definitiva de empleo público, mayor que su última propuesta: más de 28.000 plazas, 9.000 de ellas son de promoción interna, la cifra más alta de la historia. No obstante, esto no convence a los sindicatos, que alertan de falta de interlocución y no descartan movilizaciones, como han afirmado desde CSIF. También habrá cambios en las pensiones, pero favorecerán a las empresas.
El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado incluye una subida del 0,9 por ciento para los empleados públicos. Es uno de los puntos de un acuerdo que todavía está por cerrar entre los socios de Gobierno, aunque se espera que quede aprobado mañana en el Consejo de Ministros. El sindicato CSIF considera insuficiente esta subida y rechaza la oferta de empleo público planteada por el Gobierno, más 18.000 puestos, y pide una mayor. Informa Raquel García.
Gobierno y sindicatos retoman las negociaciones sobre la Oferta Pública de Empleo, Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que exigen al ejecutivo que negocie porque los fncionarios han perdido poder adquitivo. Los médicos en concreto han perdido 53.000 euros en la última década. "Se ha trabajado 15 meses gratis". Nuestro país, apunta, tiene tres camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, Alemania ocho y el gasto sanitario es 2.200 euros frente a 4.000.
La pandemia del coronavirus ha animado a muchas personas a buscar más seguridad laboral en la administración pública. Sin embargo, miles de opositores han visto cómo sus exámenes se retrasan sin fecha a la vista. Otros ni siquiera han podido incorporarse a sus plazas, pese a haber aprobado. Solo en el ámbito de la Justicia, unas 10.000 personas esperan desde hace tres meses sus notas o la incorporación a sus puestos de trabajo. [Coronavirus: última hora en directo]
Los más de 3 millones de empleados públicos entre funcionarios y personal laboral tendrán derecho a teletrabajar más allá de la pandemia, aunque el trabajo remoto no deberá ocupar todas las horas laborables. Es el acuerdo al que han llegado Gobierno y sindicatos para regular el teletrabajo, aunque siguen negociando para el ámbito privado. El ratio de horas deberá negociarse con cada administración y tendrá en cuenta que no todos los trabajos son iguales. Se regulará como un derecho básico y se consolida como algo estable y no puntual a causa de la pandemia. El acuerdo se firmará el lunes y es probable que se lleve al Consejo de Ministros el martes. Informa Usua Irastorza.
Miguel Borra, presidente de CSIF, ha denunciado en el informativo 24 horas de Radio Nacional los "mensajes contradictorias" que se envían desde el Gobierno al respecto de la posible congelación del sueldo de los empleados públicos: "Hemos ido acumulando recortes y congelamientos en nuestras nóminas año tras año. En su inmensa mayoría, han sido los empleados públicos los que han luchado y siguen luchando contra la pandemia y es una falta de respeto". "Que digan que hemos recuperado poder adquisitivo es para quedarnos con cara de extraordinaria sorpresa", ha añadido Borra, que explica que no se puede mirar año a año porque todavía no se han recuperado del gran recorte sufrido en 2010: "Luego nos extrañamos cuando vamos a buscar gente para contratarla y nadie quiere trabajar por el sector público por sus exiguos sueldos".
La ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero no han cerrado la puerta a que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una congelación del sueldo de los funcionarios. Aseguran que, debido al bajo nivel de los precios, los empleados públicos no perderían poder adquisitivo. Sin embargo, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que esa congelación no está sobre la mesa.
Los sindiciatos CSIF y UGT y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública han llegado a un acuerdo para que los funcionarios de la Administración General del Estado al cuidado de menores de 14 y dependientes puedan teletrabajar hasta cuatro días a la semana hasta que termine la crisis sanitaria. La resolución entrará en vigor a partir del próximo día 21 de junio y será "voluntaria y reversible".
Informa Guillermo Hernández
