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La Inspección de Trabajo traslada a la Fiscalía el expediente por amianto del Metro de Madrid

  • Tras la "infracción grave" cometida por no garantizar la salud de los trabajadores
  • Un empleado del suburbano ha desarrollado un cáncer por asbestosis
  • El consejero delegado no piensa dimitir y dice que "el trabajo ha sido el adecuado"

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El consejero delegado del Metro de Madrid, Borja Carabante
El consejero delegado del Metro de Madrid, Borja Carabante.

La Inspección de Trabajo ha enviado a la Fiscalía el expediente abierto a Metro de Madrid por si la Justicia halla algún tipo de responsabilidad civil o penal en la "infracción grave" cometida al no garantizar la salud de los trabajadores expuestos a amianto.

Así lo ha explicado el consejero delegado de Metro,  Borja Carabante, quien ha manifestado que a la espera de lo que diga la Fiscalía Metro prosigue recopilando la información que preveía entregar a la Inspección de Trabajo en el que la empresa considera que "en algunos casos no está claro el contacto permanente de trabajadores con amianto".

Carabante ha sido taxativo al afirmar que no dimitirá por el caso del amianto, como ha pedido CC.OO., porque cree que "las cosas se han hecho correctamente" para ofrecer un servicio correcto y para garantizar la seguridad de trabajadores y viajeros. "El trabajo hecho ha sido el adecuado y no me planteo dimitir en ningún caso", ha dicho el consejero delegado de la empresa.

Carabante ha pedido la colaboración de los sindicatos para que supervisen un plan de "desamiantado" destinado a erradicar este material en todas las estaciones y en el material móvil de toda la red de Metro.

Desamiantado de 23 estaciones en dos años

Según Carabante, Metro de Madrid lleva meses trabajando en un plan de limpieza del amianto en el marco del cual han sido eliminado el amianto en tres estaciones de la línea 5 y en los próximos dos años se prevé el desamiantado de 23 estaciones.

Con respecto a los trabajadores afectados, Carabante ha dicho que hay uno al que se ha reconocido "enfermedad laboral" por asbestosis, un tipo de cáncer relacionado con el amianto, otra persona con respecto a la cual hay "sospechas" y una tercera que no ha desarrollado cáncer.

El consejero ha manifestado, sin embargo, que Metro ha preparado alegaciones para ser trasladadas a la Inspección de Trabajo para argumentar que los trabajadores de Metro nunca estuvieron expuestos de forma continua al amianto.

Venta al metro de Buenos Aires

Con respecto a la venta de coches de la serie 5000 al metro de Buenos Aires en 2011, que han sido sacados del servicio al conocerse en Madrid el caso del amianto, Carabante ha dicho que en el proceso de venta los compradores argentinos tuvieron tiempo de probar los equipos, que fueron vendidos "con plenas garantías".

Entre 2011 y 2012, Metro de Madrid vendió al Subterráneo de Buenos Aires 36 coches del modelo 5000 Serie Primera, fabricados por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferocarriles (CAF) y en 2014 vendió otros 73 coches, en esta ocasión del modelo CAF 6000.

Con respecto a los 5000, Carabante ha dicho que en esos coches el amianto estaba "identificado y encapsulado" y que el proceso de esa transacción está siendo revisado para comprobar que se hizo "con garantías y de manera adecuada".

"A Buenos Aires se le entregaron todas las especificaciones técnicas, los trenes fueron inspeccionados (por técnicos argentinos) durante meses e incluso desde tres años antes de la venta estuvo circulando una unidad en el metro de la capital argentina "para que pudieran certificar que estaba en buen estado".

El consejero delegado de Metro ha recordado que en 2000 la ley prohibió manipular, instalar y vender nuevos elementos con amianto, pero no obligaba a suprimir el material. "Lo que ha hecho Metro es no manipular el amianto, que está en lugares no accesibles por parte de persona alguna, de manera que no es manipulado y no hay riesgo para nadie".

El acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo -suspendida ahora por sau traslado a la Fiscalía- podría suponer una multa de 191.000 euros, 8.000 de ellos por no estar Metro de Madrid en el Registro de Empresas con Presencia Permanente de Amianto.