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El Parlamento Europeo pide al Gobierno español que tome medidas para frenar "el intolerable número de desahucios"

  • Aprueba una resolución a raíz de quejas ciudadanas sobre la ley hipotecaria
  • También insta a Bruselas a vigilar que los Estados cumplen la norma europea
  • Alerta del elevado número de víctimas de fraude financiero en España

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Interior del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo

El pleno del Parlamento Europeo reclama al Gobierno de Mariano Rajoy que tome las medidas necesarias para poner freno al "intolerable número de desahucios" que se producen en España, y pide a la Comisión Europea que vigile que los Estados miembros aplican la nueva normativa europea sobre préstamos hipotecarios para evitar abusos del sector bancario.

Esa petición se ha aprobado con 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones, en una resolución redactada a raíz de varias quejas de ciudadanos europeos, en su mayoría españoles, sobre las leyes hipotecarias en la UE y los instrumentos financieros de riesgo, como las preferentes.

En el texto, los eurodiputados apuntan que el Código de Buenas Prácticas impulsado desde el Gobierno español para aplicar en la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido "mayoritariamente ignorado" por los bancos, por lo que ha tenido un efecto "limitado" a la hora de frenar el número de desahucios o favorecer alternativas como la dación en pago.

Según los datos incluidos en la resolución, en España se han producido unos 400.000 desahucios entre el inicio de la crisis en 2008 y el primer trimestre de este año.

Alerta del elevado número de víctimas de fraudes financieros en España

La Eurocámara también alerta del elevado número de víctimas de fraude financiero en España, en referencia a la venta que juzga "desleal" de productos financieros de riesgo a 700.000 españoles, a los que sus entidades no informaron adecuadamente de los riesgos de la operación.

En este sentido, los eurodiputados piden a la Comisión Europea que supervise la correcta aplicación en España de la normativa comunitaria en materia de instrumentos financieros, y que compruebe las denuncias recibidas y evalúe los resultados del sistema de arbitraje.