Pastor defiende que Renfe seguirá siendo un operador público que dará servicio en todo el país

• A pesar de que en 2014 entren otros operadores "para mejorar competencia"
• La ministra de Fomento, Ana Pastor, en Los Desayunos de TVE
• Señala que aún no hay un calendario fijado para la privatización de AENA

Pastor defiende que Renfe seguirá siendo "un operador público" que dará servicio en toda España

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha afirmado en Los Desayunos de TVE que, aunque en 2014 entren otros operadores "para mejorar competencia", "Renfe va a seguir siendo un operador público" que va a dar servicio "a toda España". Además, ha defendido la mejora en las cuentas de la compañía y ha dicho que la clave para el futuro de Renfe es la gestión comercial porque "no hay que tener miedo a competencia".

"Hay que distinguir la obligación del servicio público del Estado  (cercanías, media distancia...), con la otra parte que no es servicio  público, que es el AVE o la larga distancia, que es lo que va  francamente bien", ha afirmado la ministra de Fomento, que ha insisitdo en que "la obligación de servicio público se debe pagar con lo que no es público". Es decir, que las aportaciones de las empresas privadas servirán para cubrir las pérdidas de los servicios públicos deficitarios.

Además, Pastor ha defendido la segregación de Renfe en cuatro sociedades, medida contra la que se han convocado varias huelgas, porque el ciudadano "no tiene por qué" financiar las mercancías, por ejemplo, "que perdían 90 millones de euros". A su entender, lo que hay que garantizar son buenas infraestructuras. 

En este sentido, la titular de Fomento ha abogado por destinar la inversión a obras e  infraestructuras que vertebren el país, "porque las infraestructuras son  claves para garantizar la igualdad de oportunidades", al mismo tiempo que se racionaliza el gasto. 

"A pesar de que se dice que hay muchas infraestructuras, hay lugares que no tienen", ha afirmado, antes de anunciar algunas de sus prioridades en inversión: el corredor del Mediterráneo; la A-8 del Cantábrico (se abrirá la conexión entre Asturias y Galicia en enero); terminar Despeñaperros; la A-7 entre Granada y Almería; o la Alta Velocidad a Salamanca.

Preguntada por la privatización de AENA, la ministra ha señalado no hay un calendario fijado, pero que el Gobierno sí que trabaja en una norma con rango de ley que delimite el papel que tiene que jugar el Estado cuando entra capital privado de dentro de una compañía pública: tiene que  garantizar, entre otras cosas, el servicio público que dan muchos aeropuertos, como el aeródromo de El Hierro.

Solución a las autopistas de peaje en quiebra

La ministra ha afirmado que el origen del problema de estas autopistas está  en el "desplome" de sus tráficos respecto a los inicialmente previstos y  el sobrecoste que registraron en el precio de las expropiaciones y ha denunciado que hasta que su equipo no llegó al  Ministerio "no se recurrieron las sentencias de los tribunales que  avalaban los precios de esas expropiaciones".

La ministra ha explicado que si alguna de las autopistas en problemas  quiebra, según lo establecido en los contratos por los que se dieron  en concesión, el Estado tendría que asumir la denominada  responsabilidad patrimonial, esto es, se quedaría con la  infraestructura y pagaría un importe por ella, justo lo que podría ir a déficit.

"Estamos buscando alternativas para que el Estado no asuma la   responsabilidad patrimonial de las vías y que vaya a décifit público",  ha dicho Pastor. "Por ello, estamos trabajando en las alternativas con que contamos  para que el Estado no tenga que asumir esta responsabilidad", ha indicado.  "Estamos trabajando con el Ministro de Hacienda y con la Intervención  General de la Administración del Estado para ver cómo encajamos este  problema", ha detallado.

Según fuentes del sector, citadas por Europa Press, la solución diseñada por Fomento pasa  por constituir una sociedad pública de autopistas que integraría a  las vías de peaje en problemas. El estado controlaría el 80% de esta  sociedad y el 20% restante se repartiría entre las concesionarias  actualmente titulares de las vías, en su mayor parte controladas por  grandes constructoras cotizadas. La banca acreedora de las vías, que suman una deuda de unos 3.500 millones de  euros, está de acuerdo con la solución, pero no una de las concesionarias en problemas.